La JEP imputa al excomandante del Ej¨¦rcito Jaime Lasprilla por 200 ¡®falsos positivos¡¯ en el Huila
La justicia transicional se?ala a 34 militares m¨¢s, entre ellos cuatro generales, por asesinatos de civiles, desapariciones forzadas y tentativas de homicidio ocurridos entre 2005 y 2008
La Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) ha imputado este mi¨¦rcoles al comandante del Ej¨¦rcito entre 2014 y 2015, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, Jaime Lasprilla Villamizar, por 200 asesinatos de civiles ocurridos en el Huila para mostrarlos como bajas en combate, un tipo de delitos conocido como falsos positivos. El sistema de justicia transicional ha imputado en total a 35 militares, entre ellos 4 generales adem¨¢s de Lasprilla, por cr¨ªmenes de guerra y lesa humanidad. A los 200 casos de falsos positivos se les suman 32 desapariciones forzadas y 8 tentativas de homicidio, ocurridos entre 2005 y 2008.
Se trata de imputaciones en el macrocaso 03, el que abri¨® esa jurisdicci¨®n para investigar los casos m¨¢s graves de falsos positivos ¡ªt¨¦cnicamente, asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas por agentes del Estado¡ª cometidos en el marco del conflicto. La imputaci¨®n se enfoca en los cr¨ªmenes ocurridos en el Huila por militares que hicieron parte del Batall¨®n de Infanter¨ªa No. 26 ¡®Cacique Pigoanza¡¯, con sede en el municipio de Garz¨®n; el No. 27 ¡®Magdalena¡¯, asentado en Pitalito; de la Agrupaci¨®n de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 y de la IX Brigada.
La JEP enfatiz¨®, durante una rueda de prensa, que solo 10 de los 35 incriminados ya hab¨ªan sido condenados por la justicia ordinaria, y que otros tres tienen alg¨²n tipo de investigaci¨®n en su contra. ¡°Del total, 22 jam¨¢s hab¨ªan sido investigados¡±, se?al¨® el magistrado Alejandro Ramelli. ¡°Hemos llegado m¨¢s lejos que la justicia ordinaria¡±, agreg¨®.
Hasta este mi¨¦rcoles, los cinco generales gozaban de completa impunidad. Tres de ellos ¨DLasprilla, Henry P¨¦rez Guarnizo y William P¨¦rez Laiseca, todos excomandantes de la IX Brigada¨D fueron imputados como m¨¢ximos responsables. Justamente, la JEP destac¨® que las actuaciones de estos tres altos oficiales transmitieron la percepci¨®n de que la IX Brigada permit¨ªa hacer operaciones irregulares para perpetrar homicidios de civiles y simular combates. Adem¨¢s, subray¨® que era posible acudir a recompensas irregulares para financiarlas. Los otros dos generales en retiro, ?dgar Rodr¨ªguez y Marcos Evangelista Pinto, fueron imputados como coautores.
Entre 2005 y 2008, las unidades bajo el mando de los imputados reportaron 264 muertos en guerra. Sin embargo, la justicia transicional determin¨® que 192 de ellas fueron asesinatos de civiles. Por ello, la Sala de Reconocimiento dict¨® que los generales incumplieron sus obligaciones constitucionales. ¡°Desde el mando que ocuparon fueron permisivos, laxos en los controles y no ejercieron sus competencias de prevenci¨®n, investigaci¨®n y sanci¨®n. Esto facilit¨® la difusi¨®n, permanencia y encubrimiento de los cr¨ªmenes,¡± explica en un comunicado.
Agrega que, m¨¢s all¨¢ de la responsabilidad penal individual que se les atribuye a los imputados en el subcaso Huila, ¡°la Sala de JEP observa una falla sist¨¦mica de las instituciones, militares y civiles, encargadas de la protecci¨®n de la poblaci¨®n en el Huila¡±. Seg¨²n la jurisdicci¨®n, ¡°los mecanismos de control disponibles fallaron o fueron insuficientes para proteger los bienes jur¨ªdicos de las personas m¨¢s vulnerables. Y solo se adoptaron medidas cuando las atrocidades fueron conocidas por la opini¨®n p¨²blica¡±.
El segundo comandante imputado por la JEP
La JEP explic¨® que las imputaciones se hacen con base en cuatro informes de entidades estatales, tres de v¨ªctimas, 129 versiones de integrantes de la fuerza p¨²blica ante la JEP y m¨¢s de 100.000 folios de expedientes digitales que esa jurisdicci¨®n obtuvo mediante inspecciones judiciales a las unidades militares priorizadas, as¨ª como 65 procesos de las justicias Penal Ordinaria y Penal Militar, entre otros documentos.
Lasprilla, que ha negado su culpabilidad, es el segundo excomandante del Ej¨¦rcito imputado por la JEP. El primero fue Mario Montoya, a quien esta jurisdicci¨®n se?al¨® en agosto por 130 ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron entre 2002 y 2003, cuando era comandante de la IV Brigada de Medell¨ªn. En los dos casos, se trata de cr¨ªmenes que ocurrieron cuando dirig¨ªan brigadas militares, y antes de ser nombrados comandantes de todo el Ej¨¦rcito.
El militar lleg¨® a la comandancia en 2014, tras hacer la mayor parte de su carrera en el sur del pa¨ªs. Fue jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) y del Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. En enero de 2014, en una audiencia p¨²blica en Pitalito, Huila, organizaciones de Derechos Humanos lo acusaron de haber sido el responsable de 54 extradiciones judiciales ¨Dfalsos positivos¨D realizadas por dos batallones de la IX Brigada en Caquet¨¢ y Huila en 2007. El general dirigi¨® el Ej¨¦rcito mientras el Gobierno y la entonces guerrilla m¨¢s poderosa, las extintas FARC, negociaban en La Habana. Era visto como alguien cercano a las tropas, que ayud¨® a cohesionarlas en apoyo de las negociaciones, y con mano dura frente a la corrupci¨®n.
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