La JEP abre su macrocaso 11: investigar¨¢ la violencia basada en g¨¦nero cometida en el marco del conflicto colombiano

¡°Esto le pasa por ser mujer¡±, les dijeron muchos agresores a sus v¨ªctimas, u otras expresiones similares, antes de cometer violencia sexual en su contra. As¨ª lo relata la magistrada de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre, luego de estudiar los m¨²ltiples testimonios que ha recogido esta instancia, que tambi¨¦n ha documentado agresiones contra personas lesbianas, gays, transg¨¦nero, queer y no binarias por motivo de su orientaci¨®n sexual.

Basada en lo que llama ¡°el an¨¢lisis de este universo provisional de hechos¡±, este mi¨¦rcoles la Sala de Reconocimiento anunci¨® que abre un nuevo cap¨ªtulo judicial. Se trata del macrocaso 11, que se denomina ¡®Violencia basada en g¨¦nero, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros cr¨ªmenes cometidos por prejuicio basados en la orientaci¨®n sexual, la expresi¨®n y/o identidad de g¨¦nero diversa en el marco del conflicto armado colombiano¡¯.

La Sala tiene registro de 35.178 v¨ªctimas de este tipo de cr¨ªmenes cometidos por todos los actores armados, en hechos ocurridos entre 1957 y 2016. Para los magistrados, no son solo situaciones aisladas, sino conductas que se dieron de forma transversal en el conflicto, que es el marco de investigaci¨®n de la JEP, y que ¡°parecen tener como motivaci¨®n principal la discriminaci¨®n, el prejuicio, el odio y el desprecio, basados en el sexo, el g¨¦nero, la orientaci¨®n sexual, la identidad o expresi¨®n de g¨¦nero de la v¨ªctima¡±.

Para la JEP, la violencia sexual fue usada como un arma de guerra. En ese sentido, la investigaci¨®n est¨¢ ¡°centrada en los motivos y las l¨®gicas de las organizaciones armadas, los cuales se sustentan en relaciones dominantes de g¨¦nero que se reproducen en el conflicto armado a trav¨¦s del uso de las armas y el ejercicio del poder¡±, se?ala el comunicado que fue le¨ªdo por la magistrada Lily Andrea Rueda en una conferencia de prensa convocada en la sede de la instituci¨®n.

Dentro de las 35.178 v¨ªctimas identificadas, ¡°el 89,2% son mujeres, y el 35% sufrieron las violencias cuando eran ni?as, ni?os y adolescentes¡±. Aunque en el 78% de los registros no se cuenta con datos sobre la pertenencia ¨¦tnica de las v¨ªctimas, existe ¡°informaci¨®n sobre hechos cometidos contra personas negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, ind¨ªgenas y del pueblo Rrom (o gitano)¡±.

¡°El mayor n¨²mero de hechos se atribuye a grupos paramilitares (33 por ciento), seguido por las extintas FARC-EP (5,82 por ciento) y agentes del Estado (3,14 por ciento). En el 30 por ciento de los registros no se identifica el presunto actor armado responsable¡±, especifica este organismo, que no defini¨® la autor¨ªa del 28% de los delitos restantes.

Como el mecanismo de justicia transicional creado a partir del Acuerdo de Paz, la JEP tiene la tarea de investigar, esclarecer y sancionar los cr¨ªmenes m¨¢s graves cometidos en Colombia durante casi seis d¨¦cadas de guerra, hasta el 1 de diciembre de 2016. Cualquier crimen cometido de ah¨ª en adelante, es juzgado por la justicia ordinaria. En medio de una avalancha de hechos, el tribunal especial ha dividido su trabajo en macrocasos, que reflejen los grandes fen¨®menos criminales que atravesaron el conflicto.

La JEP hab¨ªa abierto el ¨²ltimo macrocaso el 15 de julio de 2022, para investigar espec¨ªficamente los graves cr¨ªmenes cometidos por las extintas FARC, luego de tres a?os en los que no hab¨ªa vuelto a abrir procesos. Despu¨¦s de las observaciones presentadas por v¨ªctimas, organismos gubernamentales y distintas organizaciones en torno a la necesidad de investigar espec¨ªficamente la violencia basada en g¨¦nero, la JEP consider¨® que estos hechos pod¨ªan configurar patrones distintos a los que estaban siendo abordados en otros macrocaso y que, por tanto, ameritaban una investigaci¨®n propia. De esta forma, la violencia de g¨¦nero se suma a las otras grandes investigaciones como lo son los casos de secuestro, los asesinatos de civiles conocidos como ¡°falsos positivos¡±, la victimizaci¨®n de la Uni¨®n Patri¨®tica, el reclutamiento de ni?as y ni?os y los cr¨ªmenes contra pueblos ¨¦tnicos, entre otros.

La investigaci¨®n se dividir¨¢ en tres subcasos. El primero estudiar¨¢ la violencia basada en g¨¦nero contra personas civiles cometidas por miembros de las antiguas FARC; el segundo se centrar¨¢ en cr¨ªmenes contra personas civiles cometidos por miembros de la Fuerza P¨²blica, y el tercero ser¨¢ sobre violencia de g¨¦nero y por prejuicio cometida al interior de la Fuerza P¨²blica y de la antigua guerrilla. La evidencia se?ala aspectos diferenciales en el accionar de cada grupo, pero tambi¨¦n revela ¡°factores comunes en los hechos atribuibles a distintas organizaciones armadas, como su enraizamiento en una cultura patriarcal¡±.

De oficios dom¨¦sticos y esclavitud sexual

El crimen cometido por las FARC con mayor ocurrencia contra las personas con identidad de g¨¦nero diversa es el desplazamiento forzado, seguido de la violencia sexual, aunque la JEP tambi¨¦n hall¨® casos de asesinatos, desapariciones y trabajos forzados. ¡°La Sala identific¨® preliminarmente dos modalidades de estos cr¨ªmenes: por una parte, los que se perpetraron para castigar o ¡®corregir¡¯ y por otra, los dirigidos a eliminar o expulsar del territorio¡±, explica el comunicado.

Con respecto a los cr¨ªmenes contra ni?as, adolescentes y mujeres adultas de la poblaci¨®n civil, la Sala encontr¨® que se castigaba especialmente a las mujeres solas, cuando no estaban en presencia de hombres de su familia o de su comunidad. Otras tuvieron que prestar servicios dom¨¦sticos. ¡°Asimismo, se encontraron hechos en los que la violencia sexual fue usada como castigo contra mujeres que se rebelaron a las ¨®rdenes de las FARC-EP, contra mujeres buscadoras de personas desaparecidas o como represalia contra sus padres, compa?eros o jefes, considerados enemigos¡±.

En el marco de la violencia cometida por miembros de la Fuerza P¨²blica, identific¨® el ¡°sometimiento de las v¨ªctimas por la idea de la disponibilidad sexual de personas con Orientaci¨®n Sexual e Identidad de G¨¦nero Diversa (OSIGD)¡±. Hubo violencia sexual en el marco de requisas, retenciones arbitrarias o traslados a zonas apartadas. ¡°Tras la retenci¨®n, las v¨ªctimas eran golpeadas, obligadas a desnudarse o a vestir de determinada forma, torturadas o violadas¡±, narra el documento.

Por otra parte, ¡°los efectivos de la Fuerza P¨²blica, motivados por la idea de castigar a las mujeres y ni?as de la poblaci¨®n civil que percibieron como ¡®propiedad del enemigo¡¯, las atacaron, persiguieron y estigmatizaron, en zonas de disputa o confrontaci¨®n leg¨ªtima con actores armados ilegales¡±. La JEP indica que ¡°en estos casos, agentes del Estado allanaron, legal o ilegalmente, las viviendas o retuvieron a sus v¨ªctimas, someti¨¦ndolas a actos de tortura sexual, buscando confesiones viciadas. En otros casos las obligaron a trabajar para ellos y posteriormente abusaron sexualmente de ellas¡±.

Sobre los delitos cometidos al interior de la Fuerza P¨²blica, la mayor¨ªa de las v¨ªctimas eran hombres j¨®venes, entre los 18 y 23 a?os de edad, muchos de los cuales se encontraban prestando el servicio militar. Los hechos van desde acoso sexual hasta violaciones, y se atribuyen en su mayor¨ªa al Ej¨¦rcito y a la Polic¨ªa. Dice la JEP que en estas instituciones se mantuvo la creencia de que ¡°la masculinidad es un estatus que se posee en las filas y que debe ser mantenido a trav¨¦s de demostraciones de violencia sobre todo contra lo que se considera femenino y subordinado¡±.

En el caso de las FARC, la mayor¨ªa de las v¨ªctimas dentro de la guerrilla eran mujeres j¨®venes, entre los 18 y 29 a?os. La JEP investiga hechos como el aborto y la anticoncepci¨®n forzada, el acoso sexual, la imposici¨®n de sanciones por negarse a requerimientos sexuales, las violaciones, la esclavitud sexual y la ¡°obligaci¨®n de entregar a los hijos e hijas a terceras personas con la consecuente imposibilidad de ejercer su maternidad¡±.

La Sala tom¨® en cuenta informes que reportan violencia dentro de las FARC ¡°contra integrantes de sus filas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de g¨¦nero diversas, que incluyen violencia sexual correctiva, la obligaci¨®n de mantener en silencio su orientaci¨®n o identidad sexual y castigos que pod¨ªan ir hasta el fusilamiento¡±.

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