De golpe blando a ruptura institucional, ?de qu¨¦ habla Petro cuando denuncia conspiraciones para sacarlo del poder?

En el a?o y medio que lleva en el poder, Gustavo Petro ha denunciado varias supuestas conspiraciones de la oposici¨®n para desestabilizar su Gobierno e intentar sacarlo de la Casa de Nari?o. El presidente, que en mayo de 2023 alert¨® de un posible complot de los militares para derrocarlo, se?al¨® el pasado junio un ¡°golpe blando¡± para ...

En el a?o y medio que lleva en el poder, Gustavo Petro ha denunciado varias supuestas conspiraciones de la oposici¨®n para desestabilizar su Gobierno e intentar sacarlo de la Casa de Nari?o. El presidente, que en mayo de 2023 alert¨® de un posible complot de los militares para derrocarlo, se?al¨® el pasado junio un ¡°golpe blando¡± para diezmar en el Congreso al Pacto Hist¨®rico, y ahora insiste con la tesis de una ¡°ruptura institucional¡± para desalojar a la izquierda del poder. El enfrentamiento entre el Ejecutivo y dos organismos de control ¨Cla Fiscal¨ªa y la Procuradur¨ªa¨C ha escalado a un nivel hasta ahora desconocido.

Los reclamos de Petro se producen en medio de los temores ante la justicia politizada que denuncian con insistencia los gobiernos progresistas de Am¨¦rica Latina. En varios pa¨ªses hablan de persecuciones jur¨ªdicas que se ceban con los presidentes de la nueva ola rosa, una idea que se discuti¨® en el encuentro del Grupo de Puebla en Santa Marta a finales de 2022. Ese c¨®nclave de l¨ªderes progresistas de Iberoam¨¦rica incluy¨® en su agenda el concepto que en el mundo anglosaj¨®n se conoce como lawfare, en el que han agrupado los procesos judiciales dis¨ªmiles que han afectado a dirigentes como los brasile?os Luiz In¨¢cio Lula da Silva y Dilma Rousseff, el ecuatoriano Rafael Correa, el boliviano Evo, la argentina Cristina Kirchner o el guatemalteco Bernardo Ar¨¦valo.

Las guerras jur¨ªdicas apuntan a causar da?os reputacionales, pol¨ªticos y jur¨ªdicos, dice el expresidente Ernesto Samper, uno de los articuladores del Grupo de Puebla. ¡°Todas las municiones del lawfare tienen que ver con la afectaci¨®n del debido proceso¡±, sea la presunci¨®n de inocencia, el derecho a la defensa o la segunda instancia, ha explicado antes a este peri¨®dico. A las guerras jur¨ªdicas, advierte, se pueden sumar otras estrategias como sembrar desconfianza alrededor de la econom¨ªa o fomentar la sensaci¨®n de inestabilidad institucional con el objetivo de eliminar las bases de gobernabilidad.

La destituci¨®n del propio Petro cuando era alcalde de Bogot¨¢ es considerado por ese Grupo un caso emblem¨¢tico de lawfare. El entonces procurador Alejandro Ord¨®?ez, un ultraconservador famoso por su visi¨®n cat¨®lica del Estado, lo destituy¨® e inhabilit¨® por 15 a?os por fallas en la implementaci¨®n de un nuevo modelo de aseo en la capital colombiana. Petro consigui¨® medidas cautelares a su favor en el sistema interamericano de justicia, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la raz¨®n en 2020, cuando declar¨® que el Estado colombiano hab¨ªa violado sus derechos pol¨ªticos y que deb¨ªan eliminarse las facultades de la Procuradur¨ªa, encargada de sancionar disciplinariamente a los funcionarios, para destituir a los servidores electos por voto popular.

Varios congresistas del Pacto Hist¨®rico, la bancada de Gobierno, preparan ahora una denuncia ante la Comisi¨®n Interamericana para denunciar la ¡°ruptura institucional¡± a la que se ha referido Petro. Ya hab¨ªan acudido al sistema interamericano aduciendo una persecuci¨®n pol¨ªtica de los organismos de control, como lo hizo Petro en su d¨ªa, cuando desliz¨® la ambigua denuncia de un ¡°golpe blando¡±. Esa expresi¨®n ya hab¨ªa sido usada por la fallecida senadora Piedad C¨®rdoba en referencia a ¡°un clima artificioso de malestar social insostenible¡±, sin detalles. Aunque Petro despu¨¦s insinu¨® que se refer¨ªa a decisiones de la Procuradur¨ªa y no de las altas cortes, el episodio qued¨® te?ido de confusi¨®n ¡ªel Consejo de Estado ha anulado la elecci¨®n de tres senadores del Pacto Hist¨®rico por doble militancia¡ª. Tanto as¨ª que el sindicato de maestros ha citado a una marcha frente a la Corte Suprema este jueves, a lo que el presidente ha respondido con una reuni¨®n con las cabezas del tribunal este martes, en una se?al de relaciones cordiales que ha rubricado en X as¨ª: ¡°Un gobierno progresista no atacar¨¢ la justicia pero s¨ª a la impunidad. El progresismo es b¨¢sicamente justicia, ciencia y poder popular. Por eso la situaci¨®n actual no debe dirigirse como una presi¨®n a las cortes¡±.

En todo caso, en ese ambiente enrarecido, las posturas de la procuradora, Margarita Cabello, y del fiscal general, Francisco Barbosa, alimentan las suspicacias. Ambos fueron funcionarios de Iv¨¢n Duque y, en su momento, sus elecciones desataron una intensa discusi¨®n acerca del equilibrio de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y la independencia de los ¨®rganos de control. Si en la Administraci¨®n de su antecesor se tem¨ªa que fueran ¡®funcionarios de bolsillo¡¯, en la de Petro se han revelado como f¨¦rreos opositores.

El presidente considera que detr¨¢s tanto de la decisi¨®n de la Procuradur¨ªa de suspender tres meses al canciller ?lvaro Leyva por declarar desierta la licitaci¨®n de pasaportes, como de la Fiscal¨ªa de investigar un aporte de 500 millones de pesos del sindicato de los profesores a su partido en 2022, se esconde la intenci¨®n de sacarlo del poder. La renovada tensi¨®n se produce la misma semana en que la Corte Suprema de Justicia se reunir¨¢ para votar a la sucesora de Barbosa, que finaliza el pr¨®ximo lunes su mandato, sin garant¨ªas de que haya humo blanco para entonces.

Hasta ahora, uno de los principales argumentos de la bancada del Pacto Hist¨®rico para justificar la persecuci¨®n pol¨ªtica ha sido que la Procuradur¨ªa no es competente para inhabilitar servidores p¨²blicos que han sido elegidos por voto popular, pues Colombia no ha terminado de ajustar su ordenamiento a lo establecido por la Corte Interamericana. Pero la nueva denuncia ante el sistema interamericano va m¨¢s all¨¢: se refiere a la suspensi¨®n de funcionarios como el canciller Leyva, que no fue elegido por voto popular; a las investigaciones y allanamientos de la Fiscal¨ªa; a las supuestas presiones a testigos para incriminar al presidente; y a la alegada criminalizaci¨®n de apoyos pol¨ªticos como Fecode, el sindicato de profesores.

Los contrapesos

?Alguno de esos puntos de verdad hace temer una ¡°ruptura institucional¡±? El abogado constitucionalista Rodrigo Uprimny cree que no. ¡°Existen tensiones institucionales importantes entre el presidente de la rep¨²blica y el fiscal general, y entre el presidente y la procuradora, pero no hay ruptura¡±, dice en di¨¢logo con EL PA?S. Para Uprimny, esa supuesta ruptura, de la que Petro se ha quejado en todos los idiomas, implicar¨ªa ¡°un quiebre radical en el funcionamiento de las reglas que har¨ªa imposible la continuidad del r¨¦gimen constitucional tal como est¨¢ establecido¡±. Un ejemplo de ruptura real, dice, ser¨ªa una destituci¨®n arbitraria del presidente o un golpe de Estado. ¡°Nada de eso ha pasado¡±.

H¨¦ctor Riveros, abogado experto en derecho constitucional, coincide. ¡°La destituci¨®n del canciller por parte de la Procuradur¨ªa y la investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa a la campa?a presidencial no significan ruptura. Al contrario, est¨¢n siguiendo precisamente un procedimiento institucional¡±, explica por tel¨¦fono a EL PA?S. La definici¨®n t¨¦cnica del quiebre institucional, afirma, es que se incumplan las reglas para impedir el funcionamiento adecuado de uno de los poderes p¨²blicos. ¡°Una cosa es lo que entiende el presidente y otra lo que significa jur¨ªdicamente¡±. Para Petro, dice Riveros, cualquier procedimiento que pueda terminar en que salga del poder antes de terminar el mandato es un rompimiento institucional. ¡°No necesariamente es as¨ª. La Constituci¨®n prev¨¦ unos mecanismos espec¨ªficos que pueden hacer que el presidente deba dejar el cargo antes, si comete un delito¡±.

Uprimny, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, reconoce que en todo caso s¨ª hay excesos. ¡°El fiscal Barbosa ha hecho declaraciones totalmente inapropiadas sobre el presidente y ha tenido actitudes que no muestran imparcialidad¡±, dice. Y a?ade: ¡°Claro que puede investigar si ha habido o no contribuciones ilegales a campa?as presidenciales, es su deber, pero hace cuatro a?os hubo aportes que parecen semejantes a la campa?a del entonces presidente Duque y no investig¨® nada. Es claro su sesgo¡±. Para Uprimny, pasa lo mismo con la procuradora: ¡°Puede que haya razones para haber suspendido temporalmente al ministro de Relaciones Exteriores, pero no hizo nada similar con funcionarios del Gobierno anterior en casos parecidos¡±.

Aunque Riveros no cree que haya una ruptura institucional, recuerda que hay sectores de la sociedad que trabajan para que el mandatario salga anticipadamente de la Casa de Nari?o. ¡°Eso puede ocurrir. Hay unas personas, unas corrientes pol¨ªticas, que quisieran que el presidente no cumpliera sus cuatro a?os, as¨ª no digan p¨²blicamente que lo quieren tumbar¡±. El abogado pone un ejemplo: ¡°Si antes de irse, el fiscal Barbosa denuncia formalmente a Petro ante la Comisi¨®n de Acusaciones de la C¨¢mara de Representantes y las investigaciones por financiaci¨®n ilegal de la campa?a llegan a probar en forma contundente que se viol¨® la ley, el presidente puede estar en problemas¡±.

Riveros recuerda que ese escenario solo ha ocurrido una vez en los ¨²ltimos cincuenta a?os, cuando el entonces fiscal Alfonso Valdivieso denunci¨® que Samper, ahora promotor del Grupo de Puebla, hab¨ªa cometido delitos en la financiaci¨®n de su campa?a. ¡°Puede pasar exactamente lo mismo ahora¡±, dice Riveros. Si el proceso avanza, la estabilidad del presidente depender¨¢ de los apoyos pol¨ªticos que tenga en el Congreso. A diferencia de lo que ocurri¨® con Samper, que controlaba las mayor¨ªas parlamentarias, esos respaldos son inciertos. ¡°Tiene raz¨®n el presidente en tener miedo de que lo intenten tumbar, pero no necesariamente supone un rompimiento institucional¡±, concluye.

Uprimny y Riveros coinciden en que la pronta elecci¨®n de la nueva fiscal por parte de la Corte Suprema de Justicia ayudar¨ªa a calmar los ¨¢nimos. ¡°La Corte tiene en sus manos una terna con tres excelentes candidatas¡±, afirma Uprimny. No habr¨ªa ninguna raz¨®n para que dilate esa decisi¨®n.

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