El colegio rural que sirvi¨® como centro de operaciones de los paramilitares en Santander
La rectora del colegio Nuestra Se?ora del Rosario de Charal¨¢, Lucila Guti¨¦rrez, y su esposo colaboraron con el grupo ilegal en el reclutamiento de menores y permitieron violaciones de menores de edad
El colegio Nuestra Se?ora del Rosario, del corregimiento de Riachuelo de Charal¨¢, Santander, no era una instituci¨®n educativa normal. Un d¨ªa lluvioso de 2001 los estudiantes salieron al descanso y encontraron que el agua hab¨ªa desenterrado una mano. Informaron a la rectora para que tomara acci¨®n, sin saber que ella y su esposo eran c¨®mplices del intento de ocultar el cad¨¢ver. Se trataba del cuerpo de Libardo D¨ªaz, un recolector de caf¨¦ a quien los paramilitares hab¨ªan asesinado, se?al¨¢ndolo de ser guerrillero del ELN.
Esa historia es una de las muchas que contiene una sentencia que firm¨® el 12 de enero el juez tercero penal del Circuito de Bucaramanga. La decisi¨®n, despu¨¦s de valorar m¨¢s de 20 testimonios, revela c¨®mo entre 2001 y 2003 los paramilitares convirtieron a la escuela de Riachuelo en un centro de operaciones del Frente Comunero Cacique Guanent¨¢, que pertenec¨ªa al Bloque Central Bol¨ªvar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. La sentencia se remite a los delitos entonces cometidos por tres personas: Guti¨¦rrez, su esposo Luis Mar¨ªa Moreno y el jefe paramilitar Jos¨¦ William Parra Arroyabe, alias Shuster o Diego.
Cometieron tantos delitos que Shuster, aunque se benefici¨® de la prescripci¨®n por hechos que corresponden a los delitos de actos sexuales violentos en persona protegida y reclutamiento il¨ªcito, fue sentenciado por entrenamiento para actividades il¨ªcitas y acceso carnal violento en persona protegida. Es decir, se libr¨® de la condena por una violaci¨®n, pero fue condenado por otra. Fue sentenciado a 24 a?os y 2 meses de c¨¢rcel; adem¨¢s, deber¨¢ pagar 300 salarios m¨ªnimos a tres j¨®venes que fueron reclutados a la fuerza.
Guti¨¦rrez, por su parte, fue condenada a 20 a?os y 9 meses de c¨¢rcel por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado. Adem¨¢s, deber¨¢ pagar 400 salarios m¨ªnimos a las dos mujeres que, siendo menores de tan solo 13 y 14 a?os de edad, fueron violadas por los jefes paramilitares Carlos Alberto Almario, V¨ªctor, asesinado en 2005; y ?dgar Manuel Gonz¨¢lez Malag¨®n, Carlos, quien ya fue condenado en 2018 por ese y otros delitos.
Luis Mar¨ªa Moreno, esposo de la rectora y antiguo concejal de Charal¨¢, sali¨® inmune porque la justicia se tard¨® demasiado en procesarlo, por lo que lo benefici¨® de una prescripci¨®n, pero las pruebas se?alan que hac¨ªa parte del engranaje. Guti¨¦rrez y Moreno ya hab¨ªan sido condenados a 26 a?os de prisi¨®n por el asesinato de D¨ªaz, ya que la justicia encontr¨® que ellos participaron en el homicidio como parte de la empresa criminal de las AUC en Charal¨¢.
El sistema era claro: los paramilitares mandaban y la rectora y su esposo les facilitaban los medios y lugares para cometer los delitos. Incluso pusieron su casa a disposici¨®n del grupo armado; les daban alimentaci¨®n, les permit¨ªan realizar reuniones, fiestas y los hospedaban. En la escuela, Guti¨¦rrez cedi¨® su oficina para que paramilitares violaran a por lo menos dos ni?as, adem¨¢s de ayudar a que Shuster reclutara a menores ¡°que iban a ser entregados como s¨ªmbolo de paz ante el Gobierno Nacional como gesto de las Autodefensas Unidas de Colombia ante las negociaciones que cursaban en ese momento, siendo un falso positivo¡±.
Varios jefes paramilitares permanec¨ªan con frecuencia en el colegio. Entre ellos estaba V¨ªctor, quien comandaba el frente; Carlos, quien acept¨® haber asesinado a Libardo D¨ªaz y dijo que lo hizo por indicaci¨®n de Luis Moreno; y Shuster, quien lider¨® la creaci¨®n de la escuela de reclutamiento a la que ingres¨® a 23 adolescentes. Su presencia en las reuniones de padres de familia intimidaba a la poblaci¨®n; participaron con Guti¨¦rrez en la organizaci¨®n de bazares y reinados de belleza para observar a sus alumnas y luego violar a por lo menos dos de ellas.
Hern¨¢n Dar¨ªo Rojas Rangel, El Flaco, l¨ªder urbano del frente, explic¨® en su testimonio ante la justicia que el exconcejal y la rectora ¡°constantemente organizaban almuerzos para atender cualquier visitante que llegara de las autodefensas¡±. Relat¨® tambi¨¦n que el comandante del Bloque Roberto Duque Gaviria, Ernesto B¨¢ez, fue recibido dos veces por la pareja en las instalaciones del colegio. El juez concluye que los esposos ¡°mantuvieron una relaci¨®n estrecha con el grupo ilegal Frente Comunero Cacique Guanent¨¢, convirti¨¦ndose en un eslab¨®n entre los problemas que se presentaban en la comunidad y las normas que aplicaba el grupo armado organizado¡±.
La dominaci¨®n paramilitar, lejos de ser un misterio para los alumnos, era evidente para ellos. Pablo Enrique Mateus, una de las v¨ªctimas de reclutamiento, narra que la cancha de futbol del colegio ¡°era el puesto de los paracos¡±. Tambi¨¦n era conocido para sus padres, como testific¨® Elvira Pinz¨®n, madre de tres alumnos del colegio. ¡°Les dijeron que ven¨ªan a apoderarse [del pueblo], la citaron y les dijeron, vengan ustedes y obedezcan, nada de chismes, nada de irse a comentar, van a hacer lo que se les dice¡±, resume la sentencia. La se?ora Pinz¨®n incluso explic¨® que no recordaba cu¨¢ndo llegaron, porque ¡°viv¨ªa traumatizada a¨²n despu¨¦s de que ellos se fueron¡±.
La pareja Moreno no parec¨ªa estar ¡°presionada¡± por el grupo armado para serviles. La sentencia presenta varios testimonios, como el de Ernesto B¨¢ez, que coinciden en que Guti¨¦rrez y Moreno eran parte de la estructura paramilitar. En palabras de una de las v¨ªctimas, Pablo Enrique Mateus, ¡°la colaboraci¨®n que ellos prestaban era voluntaria, era como un lazo de amistad¡±.
La presencia del frente en la zona fue tan profunda que su comandante pol¨ªtica Luz Marina Eslava, Yoli, fue inspectora de polic¨ªa del vecino corregimiento de Cincelada entre 2002 y 2003. El dominio se acab¨® con las negociaciones entre las AUC y el Gobierno de ?lvaro Uribe. En 2003 se desmoviliz¨® parcialmente el frente, incluyendo los menores reclutados por Shuster, y en 2004 se inici¨® su desintegraci¨®n definitiva. Guti¨¦rrez fue rectora del colegio hasta 2013, cuando se pension¨®.
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