Los claroscuros legales en el presupuesto del Gobierno dejan tambaleando un centenar de grandes proyectos

Las cuentas del Gobierno de Gustavo Petro para 2024 presentan algunos claroscuros que no dejan dormir a m¨¢s de uno en Colombia. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dado algunas explicaciones parciales ante el alud de cr¨ªticas por la falta de detalle en el decreto de liquidaci¨®n del presupuesto aprobado por el Congreso en octubre del a?o pasado. El foco del problema se concentra en la ausencia de informaci¨®n desagregada para el gasto de 13 billones de pesos (unos 3.200 millones de d¨®lares), un 13% del total del dinero para inversi¨®n, que se daba por hecho ser¨ªan canalizados hacia sectores clave como transporte o educaci¨®n.

En una movida de ¨²ltima hora, sin embargo, el Ejecutivo incluy¨® esos recursos en una partida global sin rumbo fijo. Una situaci¨®n que para muchos deja un mal precedente y podr¨ªa estallar como una bomba reputacional. Algunos expertos, como el abogado y exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, ya han indicado que no resulta descabellado pensar en una suspensi¨®n del decreto por parte del Consejo de Estado, con el obst¨¢culo temporal que esto supondr¨ªa en los planes de ejecuci¨®n del Gobierno. Debido a que la ley exige desagregar el gasto por proyecto, la decisi¨®n de Hacienda estar¨ªa violando los principios fundamentales del estatuto org¨¢nico de presupuesto.

¡°Es un ejercicio de priorizaci¨®n¡±, argument¨® el ministro Bonilla, ¡°que nos pidi¨® el presidente para ver en qu¨¦ van cada una de las obras. Esto implica renegociar las vigencias futuras [el dinero que ya se comprometi¨® en megaobras que necesitan recursos por varios a?os]¡±. Unas declaraciones que no hicieron otra cosa que agitar m¨¢s el ambiente entre gremios y analistas alarmados por las limitaciones para chequear las finanzas p¨²blicas. Juan Mart¨ªn Caicedo, presidente de la C¨¢mara Colombiana de Infraestructura (CCI), gremio que agrupa a los principales concesionarios de v¨ªas o aeropuertos, recuerda que las vigencias futuras ¡°son compromisos soberanos irrevocables del Estado que se deben pagar sin falta, a?o a a?o, para garantizar la financiaci¨®n de concesiones viales y otras obras de infraestructura de transporte¡±.

La inconsistencia del Ejecutivo lo ha dejado en medio del fuego cruzado. ¡°El hecho es tan ilegal e in¨¦dito¡±, subraya Juan Camilo Restrepo, ¡°que no veo un vadem¨¦cum para solucionar esto, porque las partidas globales est¨¢n prohibidas y adem¨¢s es grave que las vigencias futuras est¨¦n desprovistas de recursos e identificadas, como ha sucedido¡±. Del centenar de proyectos que se podr¨ªan ver afectados, el que se ha llevado la primera plana en los medios ha sido el primer tramo de la l¨ªnea 1 del mil veces prometido metro de Bogot¨¢.

El ministro Bonilla se?al¨® que los 776.139 millones proyectados para la obra de infraestructura m¨¢s grande del pa¨ªs estar¨¢n sujetos al examen oficial debido al ¡°nivel de retraso de la obra¡±. Un problema cuyo trasfondo radica en las diferencias por el dise?o del metro. Mientras el presidente Petro ha defendido desde la campa?a presidencial cambiar el contrato actual para hacer una parte del metro soterrado, las administraciones capitalinas han respaldado por contra la concesi¨®n actual, que trabaja en la construcci¨®n de un tren elevado. Por eso, m¨¢s de uno evidencia en las palabras de Bonilla una suerte de retaliaci¨®n pol¨ªtica que hereda el nuevo alcalde de Bogot¨¢, Carlos Fernando Gal¨¢n, de su predecesora, Claudia L¨®pez.

Gal¨¢n ha salido con premura para recordar que el retraso en las obras es m¨ªnimo dentro del cronograma de ¡°una obra de tal magnitud, y estamos trabajando para que se resuelva¡±. La gran pregunta gravita en torno a la reacci¨®n de grandes cofinanciadores del proyecto como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). ?Habr¨¢ demandas por incumplimiento estatal? ¡°Estamos hablando de recursos p¨²blicos y de recursos del p¨²blico¡±, alerta Juan Carlos Qui?ones, abogado de la CCI, ¡°de los ahorradores, de los fondos de pensiones. El pago de las acreencias es vital porque se trata de recursos de la ciudadan¨ªa¡±.

Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, detalla que en otras ocasiones ha habido lagunas o puntos ciegos en la desagregaci¨®n del presupuesto. ¡°A veces a uno no le queda claro, por ejemplo, cu¨¢l es el prop¨®sito de ciertos proyectos. Pero nunca como en este caso¡±. De la misma forma, asegura que el Gobierno tiene un grado importante de discrecionalidad en el uso de los recursos p¨²blicos. ¡°Eso se ve claro en el hecho de que el presupuesto de funcionamiento no es el ideal para los est¨¢ndares internacionales¡±.

?Es posible renegociar las vigencias futuras como lo sugiri¨® el ministro de Hacienda? ¡°No es posible que de manera unilateral o a motu propio el Ejecutivo¡±, argumenta Qui?ones, ¡°pague sumas menores, no las pague, o pretenda renegociar las vigencias. ?Por qu¨¦? Porque el compromiso del Estado est¨¢ incorporado a un contrato y debe honrarlo en la cuant¨ªa y dimensi¨®n que est¨¢ previsto para el 2024¡å. Otros expertos han propuesto expedir un ¡°decreto de yerros¡±, pero Juan Camilo Restrepo rechaza de tajo la f¨®rmula: ¡°Tiene que ser uno diferente porque ac¨¢ no ha habido ning¨²n yerro por corregir. Lo correcto es un decreto nuevo desglosando las partidas¡±.

El presupuesto total para 2024 asciende a 502,6 billones de pesos, unos 1.250 millones de d¨®lares. Si el Gobierno no cede en el camino escogido, subraya Pardo, los riesgos de corrupci¨®n y falta de transparencia se multiplican. ¡°Estas decisiones generan inquietud e incertidumbre. Nadie sabe en qu¨¦ se van a gastar esa plata. Si se va a utilizar en el mejoramiento de la v¨ªa entre Pereira y Armenia o si esos recursos, en realidad, se van a direccionar a otras urgencias del Gobierno¡±.

En la pr¨¢ctica, se trata de un nuevo obst¨¢culo para la gesti¨®n del gasto p¨²blico de un Gobierno atascado en materia de inversi¨®n, ejecuci¨®n y desarrollo de obras de infraestructura. Desde ciertos grupos empresariales consideran que ha sido una estrategia pol¨ªtica fallida del Estado para ganar control sobre el gasto. Una tesis que Juan Camilo Restrepo respalda sin ambages. ¡°Esto nunca se hab¨ªa presentado en Colombia. Y todo indica que ha sido una tentativa de la presidencia de la Rep¨²blica, que no va a prosperar, para saltarse las normas de oro que rigen el presupuesto y poder hacerse cargo de 13 billones de pesos con el fin de asignarlos al capricho pol¨ªtico del Ejecutivo¡±.

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