Una experta de la ONU se?ala a la Fiscal¨ªa de obstaculizar a la JEP en el caso Santrich

Son seis los obst¨¢culos para la puesta en marcha del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC en 2016. As¨ª lo determina un informe elaborado por la abogada y exministra chilena Antonia Urrejola, delegada en julio pasado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para ¡°detectar y verificar los obst¨¢culos para la implementaci¨®n del acuerdo¡±. En su condici¨®n de experta internacional, quien fuera miembro de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre 2018 y 2021 visit¨® el pa¨ªs en dos ocasiones y llev¨® a cabo 80 entrevistas individuales y grupales con funcionarios estatales y actores de la sociedad civil. Cuatro meses antes de iniciar su labor, la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional que surgi¨® en virtud del Acuerdo, hab¨ªa denunciado penalmente a miembros de la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n, afirmando que no le suministraron la informaci¨®n suficiente sobre los posibles delitos cometidos por el fallecido guerrillero Seuxis Paucias Hern¨¢ndez, alias Jes¨²s Santrich, lo que gener¨® en su momento un choque de poderes y min¨® la credibilidad del tribunal.

El documento de Urrejola, de entrada, destaca el compromiso del 80% de los firmantes, quienes permanecen ¡°comprometidos con el proceso de reincorporaci¨®n a pesar de los riesgos para su vida¡±, y los esfuerzos de la Administraci¨®n de Gustavo Petro para llevar a cabo una reforma rural. Pero luego identifica, uno por uno, seis impedimentos para la materializaci¨®n del Acuerdo.

El primero es que encuentra la ausencia de una pol¨ªtica de Estado alrededor de la implementaci¨®n, refiri¨¦ndose a que el compromiso de concretar lo pactado var¨ªa dependiendo del mandatario de turno. Sin mencionarlo abiertamente, deja constancia en uno de sus p¨¢rrafos que durante el cuatrienio del uribista Iv¨¢n Duque en la Casa de Nari?o se adopt¨® ¡°un enfoque basado en una interpretaci¨®n restrictiva del acuerdo¡±, lo que coincidi¨® con esfuerzos por ¡°suprimir ciertas instituciones¡±, seg¨²n indica el documento.

Duque lleg¨® al poder en 2018 tras ser uno de los principales cr¨ªticos del Acuerdo y de Juan Manuel Santos, el presidente que firm¨® la paz. La f¨¦rrea oposici¨®n del partido de Duque, el derechista Centro Democr¨¢tico, lo llevaron a la Presidencia. Dos a?os antes, con la misma f¨®rmula, hab¨ªan logrado el triunfo del ¡®No¡¯ en el plebiscito convocado para refrendar una versi¨®n previa de ese mismo Acuerdo. Una de las primeras acciones de Duque tan pronto asumi¨® el despacho presidencial fue presentar al Congreso seis objeciones a la ley estatutaria que reglamenta la JEP. Sin tribunal transicional, buena parte de lo acordado perd¨ªa sentido. Duque no tuvo ¨¦xito, pero su iniciativa dividi¨® todav¨ªa m¨¢s a la opini¨®n p¨²blica.

Urrejola, en conversaci¨®n por videollamada con EL PA?S, reconoce que la continuidad de programas y planes es complicada en toda Am¨¦rica Latina, no solo en Colombia, especialmente cuando involucran asuntos controversiales. No obstante, hace una reflexi¨®n sobre la importancia de que un Estado honre su palabra. ¡°Hay una obligaci¨®n y una buena fe que no obliga al Estado ¨²nicamente con los firmantes, sino tambi¨¦n con la comunidad internacional. No es f¨¢cil. Cada mandatario va a querer darle matices o prioridades, eso es v¨¢lido. Es clave, sin embargo, que se entienda que es un compromiso que implica a todas las entidades, incluyendo las regionales y las locales¡±.

El segundo obst¨¢culo resaltado por Urrejola est¨¢ ligado al primero, pues es el contexto pol¨ªtico desfavorable que se gest¨® luego de la firma del Acuerdo. La exministra chilena es enf¨¢tica en que no se refiere ¡°al disenso natural de las democracias¡±, sino a los ataques a las instituciones encargadas de poner en marcha lo negociado con las FARC. Lo sucedido con Santrich es el m¨¢s claro ejemplo.

Seuxis Paucias Hern¨¢ndez firm¨® el Acuerdo, pero result¨® detenido en abril de 2018 por orden de la Fiscal¨ªa, liderada en ese entonces por N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez. Un tribunal de Estados Unidos le responsabilizaba de cometer el delito de narcotr¨¢fico y lo requer¨ªa en extradici¨®n. La captura abri¨® un debate sobre la fecha en la que ocurrieron los hechos ¡ªsi era antes de la firma del Acuerdo, no proced¨ªa la extradici¨®n¡ª y qui¨¦n, entre la JEP y la Fiscal¨ªa, era competente para determinarlo. La Corte Constitucional se decant¨® por el tribunal transicional y le orden¨® al fiscal Mart¨ªnez remitirle el expediente. Pese a m¨²ltiples solicitudes, para mayo de 2019, la JEP no lo hab¨ªa recibido, por lo que decidi¨® aplicar la garant¨ªa de no extradici¨®n y dejarlo en libertad. A las pocas horas, en un episodio inesperado, la Fiscal¨ªa public¨® un video en el que aparec¨ªa Santrich, aparentemente coordinando un env¨ªo de droga. Fue un cataclismo. Renunciaron el fiscal general y la ministra de Justicia; Santrich fue aprehendido y luego recuper¨® la libertad. Pronto volvi¨® a la clandestinidad y en agosto siguiente anunci¨® que retomaba las armas. Fue dado de baja en mayo de 2021.

Los choques entre entidades redujeron la confianza de la ciudadan¨ªa en el Acuerdo. El informe lo dictamina sin titubeos. ¡°La falta de colaboraci¨®n de la Fiscal¨ªa con la JEP, la demora en responder y los dem¨¢s hechos expuestos indican que existi¨® una obstaculizaci¨®n del procedimiento de la JEP sobre la garant¨ªa de no extradici¨®n¡±. Para Urrejola, la Fiscal¨ªa utiliz¨® a los medios de comunicaci¨®n para ¡°afectar al sistema¡±. ¡°Si uno revisa la prensa de la ¨¦poca, hay ataques m¨¢s que hostiles, ataques directos a la JEP, a sus magistrados y su idoneidad personal¡±, recuerda la experta. Resalta que el entonces embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, declar¨® al noticiero televisivo CM& que los hechos por los cuales Santrich estaba siendo acusado ocurrieron posteriormente a la firma el Acuerdo. ¡°Dijo que la JEP no estaba cumpliendo con el Acuerdo. Es un embajador de otro pa¨ªs, no corresponde¡±, a?ade Urrejola.

La falta de una alta instancia estatal encargada de liderar la implementaci¨®n es el tercer impedimento. Volviendo al caso Santrich, Urrejola considera que una comunicaci¨®n eficaz liderada por un ente de ese tipo habr¨ªa ahorrado al pa¨ªs la crispaci¨®n judicial y pol¨ªtica. Insiste en que la entidad que se imagina no est¨¢ para resolver problemas de fondo, ¡°ni mucho menos para decirle a los operadores judiciales c¨®mo fallar¡±, sino para solucionar los ¡°cuellos de botella¡±. ¡°Lo de Santrich demuestra, m¨¢s all¨¢ de si hubo o no obstaculizaci¨®n, que no hab¨ªa di¨¢logo. La JEP enviaba una nota pidiendo informaci¨®n, pasaba mucho tiempo, y la Fiscal¨ªa contestaba lo que quer¨ªa porque interpretaba los oficios de manera diferente. Mientras tanto, no se resolv¨ªa la situaci¨®n judicial de una persona por casi un a?o¡±, afirma.

El cuarto punto detallado por la excomisionada de la CIDH es la continuaci¨®n de la violencia. ¡°Los territorios que dejaron las extintas FARC fueron ocupados por otros grupos armados no estatales que se disputan el control territorial y de las econom¨ªas ilegales y se siguen expandiendo, generando m¨¢s violencia¡±, indica el documento que elabor¨®. Seg¨²n un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado en enero, en 2023 se registraron 98 masacres, que dejaron 320 v¨ªctimas mortales. Urrejola hace un llamado para saldar una deuda hist¨®rica. ¡°Para abordar las causas de la violencia, es urgente reforzar la presencia integral del Estado en los territorios m¨¢s afectados¡±.

El quinto y sexto obst¨¢culo son las demoras en la implementaci¨®n de los cap¨ªtulos espec¨ªficos del Acuerdo que tratan de los enfoques ¨¦tnico y de g¨¦nero ¡ªel Instituto Kroc, a corte de septiembre pasado, comunic¨® que el 52% de las disposiciones de g¨¦nero se encontraban en ¡°estado m¨ªnimo¡±¡ª y la falta de garant¨ªas de seguridad para los firmantes. ¡°La Defensor¨ªa ha emitido 117 alertas tempranas desde 2017, identificando riesgos para las personas firmantes, pero el Estado no ha podido prevenir el riesgo y se han materializado m¨¢s de 400 homicidios desde la firma del Acuerdo¡±, estipula el informe.

Urrejola subraya que su investigaci¨®n no es de car¨¢cter penal ni para responsabilizar individuos o instituciones. En d¨ªas previos, cuenta, convers¨® informalmente con la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo. Entre los temas tratados estuvo la denuncia penal interpuesta por la JEP, en marzo de 2023, en contra de funcionarios de la Fiscal¨ªa por su accionar en el caso Santrich. Este es uno de los casos medi¨¢ticos que esperan a Camargo en la direcci¨®n de la instituci¨®n y que se?alar¨¢n bajo su liderazgo la Fiscal¨ªa estar¨¢ m¨¢s alineada con la JEP.

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