La ¡®autodenuncia¡¯ de Petro agita el debate sobre la implementaci¨®n de la paz

La declaraci¨®n de Gustavo Petro sorprendi¨® a propios y extra?os. Para sus cr¨ªticos, se comport¨® una vez m¨¢s como un jefe de oposici¨®n, en lugar de un jefe de Estado que se acerca al ecuador de su cuatrienio. El presidente de Colombia anticip¨® esta semana desde la Casa de Nari?o que se propone denunciar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo de paz que firm¨® a finales...

La declaraci¨®n de Gustavo Petro sorprendi¨® a propios y extra?os. Para sus cr¨ªticos, se comport¨® una vez m¨¢s como un jefe de oposici¨®n, en lugar de un jefe de Estado que se acerca al ecuador de su cuatrienio. El presidente de Colombia anticip¨® esta semana desde la Casa de Nari?o que se propone denunciar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo de paz que firm¨® a finales de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC. ¡°No puedo decir mentiras¡±, se?al¨® sobre los incumplimientos. Se mostr¨® frustrado, en particular, ante una reforma agraria que sigue sin hacerse realidad y un sistema de justicia transicional que a su juicio no es el tribunal de cierre que desear¨ªa.

Sus palabras, como un bumer¨¢n, provocaron una avalancha de reacciones, muchas de las cuales recordaban la recurrente cr¨ªtica a la falta de ejecuci¨®n de un Gobierno que se posesion¨® el 7 de agosto de 2022. ¡°Es como una autodenuncia, que produce un estado de desconcierto. La comunidad internacional dice: ¡®?C¨®mo as¨ª que el jefe de Estado, que es el responsable, viene a denunciarse a s¨ª mismo?¡¯¡±, le dijo a Caracol Radio el magistrado Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), el tribunal que critica Petro, que surgi¨® de los propios acuerdos y est¨¢ muy pr¨®ximo a sus primeras decisiones de fondo.

Cumplido el se?ptimo an?o de implementacio?n, el 49% de los compromisos se encuentra en nivel mi?nimo y no iniciado, sobre los cuales no se cuenta con evidencia que demuestre su viabilidad para ser completados antes de que venza el plazo de 15 a?os establecido para ello. As¨ª lo ha advertido el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), encargado de hacerle seguimiento a lo pactado. En los ¨²ltimos dos a?os se ha presentado el menor avance.

Algunos de los arquitectos de la paz con las FARC no tardaron en responder tambi¨¦n al presidente. El senador Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos, calific¨® de ¡°sorprendentes¡± las declaraciones. ¡°Al Gobierno lo que le toca es cumplir. La reforma rural est¨¢ dotada de las normas, falta la ejecuci¨®n¡±, se?al¨® a manera de ejemplo en un comunicado en el que apunt¨® que lo que ha faltado es voluntad. ¡°Es cierto que el cumplimiento del acuerdo ha sido insuficiente. La responsabilidad, sin embargo, recae exclusivamente en el Ejecutivo¡±. Las cr¨ªticas a la JEP, en particular, deben ser explicadas por el Gobierno, remarc¨®.

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo, otro de los negociadores en La Habana, se?al¨® que si Petro va a la ONU, espera que sea para comprometerse a acelerar la implementaci¨®n. ¡°Es cierto que va muy lento. Contin¨²an los asesinatos de l¨ªderes sociales y de excombatientes de las FARC en los territorios. No hay inversi¨®n en los 170 municipios PDET [Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, los m¨¢s afectados por el conflicto], pr¨¢cticamente est¨¢ paralizada. Y no hay nada tampoco en materia de sustituci¨®n social de cultivos il¨ªcitos. Pero eso es responsabilidad del Gobierno nacional¡±, coincidi¨®. Ojal¨¢ esas declaraciones, ahond¨®, ¡°signifiquen una autocr¨ªtica para lo que no se ha hecho en estos dos a?os¡±.

El acuerdo de paz con las FARC ha sido un parteaguas de la pol¨ªtica colombiana. Desde que Santos lo firm¨®, estuvo claro que la implementaci¨®n iba a tardar en asentarse y requer¨ªa el compromiso de varios gobiernos. La implementaci¨®n, prevista para 15 a?os, est¨¢ justo a mitad de camino. Su sucesor, Iv¨¢n Duque (2018-2022), un ahijado pol¨ªtico del expresidente ?lvaro Uribe, fue elegido con el apoyo de los sectores que se opusieron a los di¨¢logos y se ausent¨® de casi todas las grandes citas relacionadas con los acuerdos de paz.

En un n¨ªtido contraste, Petro se posicion¨® en campa?a como un entusiasta defensor de ese hist¨®rico pacto y asisti¨® como presidente electo a la presentaci¨®n del informe final de la Comisi¨®n de la Verdad, tambi¨¦n surgida de los acuerdos, a la que Duque no se present¨®. Sin embargo, desde que lleg¨® al poder ha tenido m¨¢s de un roce con los arquitectos de ese proceso, que a su vez han criticado los di¨¢logos en curso con la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC.

Las m¨²ltiples negociaciones de la paz total de Petro no deben opacar la implementaci¨®n, subray¨® el propio Santos en el s¨¦ptimo aniversario de la firma del acuerdo del Teatro Col¨®n, el pasado noviembre, una ceremonia en la que el actual presidente lo dej¨® plantado por segunda ocasi¨®n. La implementaci¨®n es una condici¨®n fundamental para que cualquier otra negociaci¨®n pueda prosperar en Colombia, remarc¨® Santos al lamentar la lentitud del Gobierno.

Adem¨¢s de los m¨²ltiples acercamientos con un archipi¨¦lago de grupos armados, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz le corresponde esa otra tarea sobre la que se acumulan las cr¨ªticas. La de fortalecer la implementaci¨®n del acuerdo sellado a finales de 2016 con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ¨Cque incluye, entre otras, un cap¨ªtulo dedicado a las medidas para garantizar la seguridad de los excombatientes¨C. Haciendo la ret¨®rica a un lado, el Gobierno ha demostrado una debilidad en la capacidad de ejecutar lo ya pactado, que incluye la protecci¨®n de los firmantes de paz.

La Unidad de implementaci¨®n del acuerdo final de paz, en cabeza de Gloria Cuartas, naci¨® con el Gobierno de Petro para reemplazar a la extinta Consejer¨ªa presidencial para la estabilizaci¨®n y consolidaci¨®n, que funcion¨® durante el periodo de Iv¨¢n Duque. Desde varios sectores le han pedido con insistencia al presidente Petro recuperar la figura de una Alta Consejer¨ªa para darle m¨¢s dientes al responsable de la implementaci¨®n, que tenga autonom¨ªa, poder y presupuesto. Esa idea la puso a andar en p¨²blico el propio Petro hace m¨¢s de un a?o, pero nunca la cristaliz¨®.

Adem¨¢s de la propia implementaci¨®n, el encaje de las disidencias de las extintas FARC en la paz total, la ambiciosa pol¨ªtica bandera de Petro, ha desatado un espinoso debate. Con el autodenominado Estado Mayor Central ya hay una mesa en marcha ¨Cal menos con una facci¨®n¨C y con la diezmada Segunda Marquetalia de Iv¨¢n M¨¢rquez ¨Cque reapareci¨® con vida recientemente¨C se ha anunciado una postergada instalaci¨®n. Para los m¨¢s esc¨¦pticos, conceder al EMC vocer¨ªa a nombre de una guerrilla que ya no existe es cuando menos inconveniente, y desconoce el acuerdo de 2016. Sergio Jaramillo, el comisionado de paz de Santos, ha dicho que reconocer al EMC como un actor armado con estatus pol¨ªtico es ¡°el peor error estrat¨¦gico que se ha cometido en Colombia en los ¨²ltimos 25 a?os y el da?o m¨¢s grande que se le ha hecho al proceso de paz¡±. En muchas regiones todav¨ªa arde la guerra que el acuerdo con las FARC buscaban extinguir y la violencia se ha recrudecido. Es hora de que el discurso d¨¦ paso a la ejecuci¨®n.

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