Petro redobla su apuesta por lo p¨²blico
El presidente colombiano propone un mayor alcance de las decisiones estatales en varios frentes, desde el mercado el¨¦ctrico hasta el simb¨®lico hospital San Juan de Dios de Bogot¨¢, pasando por el destino del dinero ahorrado en los bancos
Si de algo se trata el paso de un Gobierno conservador a uno de izquierdas es de la fuerza y la presencia del Estado. En varios frentes: proveer directamente servicios, regular mejor los mercados, enfrentarse a los grandes conglomerados, dirigir en general la econom¨ªa. Gustavo Petro ha buscado trazar esa l¨ªnea para Colombia en los dos a?os largos que lleva en su cargo, pero hab¨ªa bajado el tono con el receso legislativo y su llamado a un acuerdo pol¨ªtico nacional para conciliar sus nuevas reformas. Sin embargo, en los d¨ªas m¨¢s recientes lo ha retomado. En menos de una semana ha dado peleas que lo muestran como defensor de los hospitales p¨²blicos, como impulsor de un Estado que defina todas las tarifas del mercado el¨¦ctrico, como defensor de irrigar con dinero a las peque?as empresas y a las familias.
El renovado discurso es claro. El domingo, Petro dedic¨® una alocuci¨®n a fijar su postura frente a las altas tarifas de energ¨ªa, un asunto que se ha cruzado una y otra vez como presidente. ¡°Colombia es el ¨²nico pa¨ªs de Am¨¦rica Latina donde el costo de la energ¨ªa no est¨¢ regulado por el Estado. Oigan: el ¨²nico pa¨ªs en Am¨¦rica Latina. Las empresas pueden fijar el precio de la energ¨ªa seg¨²n el mercado, lo que les permite especular¡±, dijo frente a las c¨¢maras, se?alando la necesidad de que el Estado intervenga. Explic¨® que la finalidad no es solo ayudar a las familias y las empresas, sino atacar lo que ve como un oligopolio. ¡°Cinco empresas controlan el 70% de la generaci¨®n de energ¨ªa en nuestro pa¨ªs. Es un negocio manejado por unos pocos, que tienen el poder de alterar los precios a su favor. Adem¨¢s, algunas de estas empresas tienen due?os compartidos. Son los mismos al frente de las mismas empresas¡±.
Desatar ese nudo no es sencillo. El precio de la energ¨ªa para la mayor¨ªa de consumidores finales, como las familias o los peque?os negocios, est¨¢ definido por una f¨®rmula determinada por el Estado, no lo que pagan los grandes consumidores, que pueden negociar, ni lo que se cobran entre s¨ª las diferentes empresas del sector, que van desde las generadoras de electricidad hasta las comercializadoras que la venden a los usuarios. Quien fija c¨®mo se calcula lo que pagan los hogares es un ¨®rgano semi-aut¨®nomo llamado Comisi¨®n de Regulaci¨®n de Energ¨ªa y Gas (CREG). Petro ha buscado asumir esas funciones para modificar la tarifa, pero el Consejo de Estado rechaz¨® el intento, al encontrar que no pod¨ªa pasar por encima de una ley. En todo caso, la f¨®rmula actual parte de los costos de cada comercializador por la energ¨ªa, como lo que pag¨® al comprarla o lo que le cost¨® transmitirla. Y como esos costos se definen por oferta y demanda, al final el Estado no determina todo el valor. Petro opina que deber¨ªa hacerlo, aunque no ha aclarado la manera para lograrlo.
Algo similar ocurre con su propuesta de que el Estado defina parcialmente a qu¨¦ sectores le pueden prestar dinero los bancos. La propuesta la desarroll¨® especialmente en su intervenci¨®n en el foro de reactivaci¨®n econ¨®mica adelantado dos semanas atr¨¢s en Manizales, en la que explic¨® qu¨¦ es una inversi¨®n forzosa. ¡°Es sacar del ahorro p¨²blico en los bancos, un porcentaje para destinarlo como cr¨¦dito barato, con costo financiero peque?o a las actividades de la producci¨®n, como se est¨¢ haciendo desde hace d¨¦cadas con la agricultura¡±. Sin una propuesta escrita m¨¢s detallada, a¨²n no son claros los montos, sectores o mecanismos involucrados.
Pese a esa indefinici¨®n, la idea ha sido objeto de cr¨ªticas de banqueros y empresarios. Seg¨²n ha contado La Silla Vac¨ªa, entre el Gobierno y los banqueros se cocina una propuesta de reemplazarla por un programa voluntario de los financieros de canalizar hasta 50 billones de pesos (12.500 millones de d¨®lares) hacia ciertas empresas y sectores. Pero incluso si esa contrapropuesta logra que el dinero vaya a las peque?as y medianas empresas o a lo que el Gobierno ha llamado la econom¨ªa popular, no refleja la idea de Petro, que es precisamente que el Estado decida, as¨ª sea en peque?os montos. ¡°Ahora hablar¨¢n que no es bueno que el Estado se meta en la asignaci¨®n de los recursos del ahorro del p¨²blico, porque es mejor que la banca lo haga, tesis neoliberal¡±, dijo en su discurso de Manizales, previendo las cr¨ªticas al concepto de las inversiones forzosas y, sobre todo al de la intervenci¨®n del Estado.
Una tercera acci¨®n del presidente para refrendar su defensa de lo p¨²blico se dirige menos a ampliar el alcance del Estado en la econom¨ªa y m¨¢s a reiterar esa postura, a recordar que tiene puesta esa camiseta. Se trata del choque con el alcalde bogotano, Carlos Fernando Gal¨¢n, por el futuro de los edificios del que fuera el hospital San Juan de Dios, por d¨¦cadas el principal de la ciudad y abandonado desde inicios de siglo. El conflicto es tan complejo como extra?o, pues ha llevado a los dos pol¨ªticos elegidos con m¨¢s votos del pa¨ªs a enfrentarse por un asunto aparentemente local y t¨¦cnico, con facetas de urbanismo y patrimonio cultural. En s¨ªntesis, los edificios son del Distrito de Bogot¨¢ y los administra la subred centro-oriente de salud de Bogot¨¢, una entidad distrital que fue intervenida en mayo por la Superintendencia de Salud, que depende del Ejecutivo. En 2020, la subred contrat¨® a la empresa espa?ola Copasa para crear all¨ª un nuevo hospital y preservar algunos edificios construidos a inicios del siglo XX, pero el presidente ha se?alado que deb¨ªa protegerlos todos, incluyendo otros m¨¢s recientes. El interventor que hoy maneja la subred, designado por la Superintendencia, anul¨® la semana pasada el contrato, y el presidente argument¨® que as¨ª no se protege el patrimonio contenido en un edificio construido a mediados del siglo XX.
Aunque no solamente. Petro tambi¨¦n ha dicho que se trata de una decisi¨®n para proteger los servicios p¨²blicos de salud, pues Copasa no solo har¨ªa la obra, sino que dotar¨ªa y operar¨ªa durante cinco a?os el hospital. Este lunes el presidente aprovech¨® una publicaci¨®n m¨¦dica para reforzar su punto. ¡°Seg¨²n estudio de la prestigiosa revista cient¨ªfica The Lancet, la privatizaci¨®n de hospitales p¨²blicos, modelo que se sigui¨® en Bogot¨¢ copiando a Madrid, ha hecho caer la calidad de atenci¨®n a los pacientes en todo el mundo. Eso quer¨ªan hacer con el San Juan de Dios¡±, dijo en su popular cuenta de X. En este caso, a diferencia de las inversiones forzosas o las tarifas de electricidad, el Gobierno ya tom¨® una decisi¨®n. Su impacto es m¨¢s local, pero simb¨®lico: como alcalde de Bogot¨¢, una de las obsesiones del hoy presidente fue revivir el centenario hospital; como presidente, el sistema de salud ha sido una de sus grandes fijaciones. Por su fallida reforma a la salud, rompi¨® su primera y amplia coalici¨®n legislativa con sectores de centro y liberales, hizo una crisis de gabinete para sacar a sus m¨¢s visibles ministros moderados, sacrific¨® su iniciativa legislativa durante un a?o. Por meses fue el principal debate p¨²blico en un pa¨ªs que enfrenta el narcotr¨¢fico, la inseguridad, la deforestaci¨®n o una profunda desigualdad.
Justamente, el tama?o de su apuesta por lo p¨²blico se definir¨¢ en buena medida con el nuevo texto de esa reforma, que el Gobierno prev¨¦ presentar esta semana. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, representante de esa estirpe de ministros moderados, ha buscado ambientar el tr¨¢mite de ese y otros proyectos con reuniones con todas las bancadas que aterrizar¨ªan la idea del acuerdo pol¨ªtico nacional en el frente legislativo. Varias de esas bancadas rechazaron la reforma en su versi¨®n anterior, en la que el Estado ampliaba sus funciones en la administraci¨®n de los recursos y el aseguramiento de los colombianos en salud, y de ellas dependen las mayor¨ªas en el Congreso. Con la propuesta quedar¨¢ claro hasta d¨®nde lograr¨¢ Petro equilibrar la bandera de lo p¨²blico con la de los acuerdos pol¨ªticos.
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