Una comunidad de pescadores frena la exploraci¨®n del pozo Uchuva-2, la gran apuesta gas¨ªfera de Colombia

Colombia tiene buena parte de sus expectativas gas¨ªferas puestas en un pozo bautizado Uchuva-2, a unos 31 kil¨®metros desde la costa de Santa Marta, en el Caribe. Se trata de una potencial bolsa en aguas profundas cuya cantidad calculada le permitir¨ªa al pa¨ªs retomar a mediano plazo la hoy aminorada suficiencia. Sin embargo, un juez de la capital del Magdalena orden¨® el 11 de septiembre la suspensi¨®n de los trabajos de exploraci¨®n ejecutados a cuatro manos por la petrolera de mayor¨ªa estatal Ecopetrol y la brasile?a Petrobras. La resoluci¨®n, sustentada en una acci¨®n de tutela interpuesta por un l¨ªder ind¨ªgena que alega omisiones en las consultas previas obligatorias con las comunidades pesqueras de la zona, constituye un lastre en los planes de transici¨®n energ¨¦tica del Gobierno. Y un dolor de cabeza para un pa¨ªs urgido de nuevas reservas de gas natural.

Un juez de segunda instancia deber¨¢ despejar el futuro de Uchuva-2, que en la jerga de los hidrocarburos ejerce como un ¡°pozo evaluador¡±. A saber: un yacimiento que se utiliza para confirmar la dimensi¨®n de un primer hallazgo, que en este caso recibe el nombre de Uchuva-1. El proceso de exploraci¨®n lleva 20 a?os en cocci¨®n, pero las sospechas de su riqueza empezaron a tomar fuerza hasta 2022, cuando Ecopetrol inform¨® sobre un apetitoso descubrimiento en esta zona costera denominada en su conjunto como Bloque Tayrona.

Aquellos sedimentos encontrados hace tres a?os bajo agua han permitido calcular que en el Caribe colombiano existe un manto potencial de gas natural que podr¨ªa llegar a incrementar las reservas nacionales entre 6 y 18 a?os. Para constatar su importancia, basta recordar que solo Uchuva-2 tiene una capacidad eventual de producci¨®n 2,5 veces mayor a las reservas probadas actuales de toda Colombia. Y al sumar las previsiones totales del Bloque Tayrona, se tendr¨ªa la posibilidad de abastecer el equivalente al 40% de la demanda nacional. No en vano, la brasile?a Petrobras ha invertido unos 250 millones de d¨®lares anuales en los ¨²ltimos tiempos en la que constituye la mayor apuesta de la petrolera carioca fuera del pa¨ªs vecino.

El nudo de este episodio, sin embargo, pasa por el recurrente choque entre las leyes de protecci¨®n social y ambientales y el desarrollo de este tipo de proyectos. Los pueblos ind¨ªgenas o grupos ¨¦tnicos tienen preponderancia, a trav¨¦s del derecho fundamental a la consulta previa, a la hora de decidir sobre la suerte de programas o construcciones que representan afectaciones para sus intereses o formas de vida. En este caso, la acci¨®n de tutela presentada por Ariel Daniels de Andreis, en representaci¨®n de la comunidad ind¨ªgena de Taganga, alega que su actividad pesquera se ver¨ªa afectada. El l¨ªder enlista los ¡°ruidos, equipos, tuber¨ªas y tr¨¢nsito de embarcaciones para operaci¨®n y mantenimiento¡±. As¨ª como la utilizaci¨®n de ¡°sustancias qu¨ªmicas¡± empleadas en la exploraci¨®n y explotaci¨®n de gas que ahuyentar¨ªan diversas especies de peces que subsisten en las aguas que hoy forman parte de la reserva del Parque Tayrona.

La presidenta de la Asociaci¨®n Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Luz Stella Murgas, clarifica que el proyecto ha recibido en las ¨²ltimas dos d¨¦cadas tres certificaciones del Ministerio del Interior. Todas han remachado que no hay presencia de comunidades en la zona de trabajo. ¡°Es importante precisar que en esta fase de perforaci¨®n no hay ninguna afectaci¨®n. A esa distancia, 31 kil¨®metros de la costa, con una operaci¨®n en aguas ultra profundas, a 837 metros profundidad, no hay actividad, ni presencia real, ni interrupci¨®n de ning¨²n tipo¡±.

As¨ª mismo, detalla que el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras constat¨® en un informe que tampoco hab¨ªa presencia de pesca ancestral en la zona. ¡°Petrobras, que es el operador del contrato, ha sido muy riguroso en el adelanto de los procedimientos. Siempre con fundamento en los certificados del Ministerio del Interior¡±, asegura Murgas. En la segunda fase del proyecto, remata, para la construcci¨®n del gasoducto en campo junto a las estaciones de un sistema de transportes en el municipio de Manaure (La Guajira), s¨ª se tendr¨¢ que contar con el proceso de consulta y aval de unas 116 comunidades.

Dentro del Bloque Tayrona ha surgido una tercera posibilidad con el descubrimiento de gas bautizado Buenasuerte. ¡°La comunidad alega el derecho fundamental a la consulta previa, pero los tribunales tienen que sopesar el derecho fundamental de 36 millones de colombianos que tenemos gas en nuestras casas. Un servicio p¨²blico esencial para la alimentaci¨®n de la poblaci¨®n m¨¢s vulnerable¡±, argumenta Murgas.

Alrededor del 16% de la energ¨ªa de Colombia proviene del gas natural. Andr¨¦s Duarte P¨¦rez, gerente de An¨¢lisis Financiero en la corporaci¨®n Corficolombiana, advierte que la paralizaci¨®n en los trabajos de Uchuva-2 solo entorpece los planes de transici¨®n energ¨¦tica del Gobierno. Tambi¨¦n recuerda que ya hubo un retraso de cuatro a?os en los proyectos de energ¨ªas renovables en La Guajira debido a las consultas previas y el trabajo con las comunidades: ¡°En el mejor de los casos, la disponibilidad de gas se va a demorar m¨¢s, encareciendo el costo de la energ¨ªa para todos porque se va a tener que importar m¨¢s¡±, apunta Duarte.

El pa¨ªs tiene m¨¢s de un l¨ªo para cubrir los contratos con los que blindar¨ªa los picos de consumo del pr¨®ximo a?o. Ese agujero, seg¨²n los ¨²ltimos c¨¢lculos oficiales, llegar¨ªa al 7,5%. Un cuadro justo que tiende a agudizarse. Otras proyecciones, como las de Naturgas, suben ese faltante para 2025 al 12% y en 2026 al 30%.

Un panorama que ya se empezar¨ªa a tornar vidrioso. Hasta ahora Colombia hab¨ªa gestionado con su producci¨®n el 70% de la demanda interna. Y el 30% restante lo ven¨ªa importado, en su mayor¨ªa, desde el Golfo de M¨¦xico. Pero debido a la disminuci¨®n en las reservas actuales y los hallazgos para lo que viene, la batalla por el futuro se ha recrudecido. ¡°Es una mala se?al que se suspenda un proyecto vital para cubrir la brecha que tenemos de gas, y que se ampliar¨¢ mucho en los pr¨®ximos a?os¡±, afirma el consultor Mauricio T¨¦llez. Las empresas y los gremios ya han presentado recursos ante la justicia para revertir los efectos de la decisi¨®n del distrito judicial de Santa Marta.

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