Petro regula el uso de la fuerza policial para saldar una deuda con las protestas de 2021

El Gobierno de Colombia ha reglamentado el uso de la fuerza policial a trav¨¦s de un decreto, firmado el pasado jueves por el presidente Gustavo Petro, en el que se proh¨ªbe el uso de la fuerza letal para proteger los bienes materiales y lo limita como ¨²ltimo recurso ante los manifestantes. La medida responde, m¨¢s de dos a?os despu¨¦s, a uno de los principales reclamos de los votantes de izquierda que apoyaron a Petro y que ped¨ªan una mayor regulaci¨®n en las acciones de la Polic¨ªa Nacional tras el estallido social de 2021 en el que murieron decenas de personas y un millar resultaron heridas. Voces de la oposici¨®n y expertos cuestionan si la normativa debilita la autoridad de los uniformados.

El decreto 1231 de 2024 tiene como finalidad orientar ¡°el uso diferenciado y proporcional¡± de la fuerza policial a trav¨¦s de varios principios. Uno de ellos es privilegiar el di¨¢logo y los medios preventivos y disuasorios antes de emplear la fuerza o las armas de fuego. Los uniformados tambi¨¦n deben tener en cuenta la proporcionalidad, por lo que solo usar¨¢n la fuerza cuando sea estrictamente necesario y que corresponda con el da?o potencial que podr¨ªa provocar una persona.

En este sentido, se proh¨ªbe expl¨ªcitamente el uso de armas letales cuando la vida, de los polic¨ªas o de otros ciudadanos, no est¨¦ comprometida. Por lo que para la salvaguarda de los bienes materiales o jur¨ªdicos ¡°que resultan inferiores a la vida o integridad f¨ªsica de las personas¡± no se usar¨¢ la fuerza letal. Tampoco para los bloqueos callejeros o los paros de v¨ªas.

A su vez, crea un esquema para el uso proporcionado de la fuerza, que promulga, por ejemplo, que en caso de agresi¨®n no letal (cuando una persona usa objetos que propicien lesiones leves), la ¡°respuesta razonable¡± de los uniformados sea la disuasi¨®n por medio de Armas Menos Letales (AML), evitando que impacten en zonas sensibles como la cabeza o el cuello. En casos de resistencia pasiva (no colaborar con la Polic¨ªa, sin usar la violencia), los efectivos solo pueden usar t¨¢cticas de comunicaci¨®n.

Hugo Acero, experto en seguridad ciudadana, asegura que solo en la pr¨¢ctica se podr¨¢n evaluar los alcances de la normativa. ¡°Si hay personas que est¨¢n atacando un bien material como un restaurante, lanzando objetos hacia dentro, eso puede terminar afectando la integridad de quienes est¨¦n all¨ª. ?C¨®mo, realmente, se puede hacer un uso de fuerza adecuado?¡±, cuestiona en una llamada con este diario el tambi¨¦n exsubsecretario de Seguridad de Bogot¨¢.

Para Juan Carlos Ruiz, profesor de la Universidad del Rosario, la normativa es ¡°altamente inconveniente¡±, pues seg¨²n su mirada, ¡°maniata a la fuerza p¨²blica para intervenir, cuando las divisiones antimotines [el antiguo ESMAD, rebautizado como la Unidad de Di¨¢logo y Mantenimiento del Orden] se han creado para eso¡±. Ruiz est¨¢ de acuerdo, sin embargo, con ¡°la filosof¨ªa detr¨¢s del decreto¡±, que surge como una respuesta a la grave represi¨®n policial en varias manifestaciones durante el Gobierno de Iv¨¢n Duque, en donde murieron decenas de personas y muchas m¨¢s resultaron con graves heridas, incluso con mutilaciones. ¡°La aproximaci¨®n de Petro [a las protestas sociales y los bloqueos] no es tan nociva porque siempre intenta llegar a acuerdos. Pero estamos en un momento en el que cualquier persona con una reivindicaci¨®n puede parar al pa¨ªs con una polic¨ªa antimotines cada vez m¨¢s light¡±, sostiene el acad¨¦mico por tel¨¦fono.

Figuras de la oposici¨®n no han tardado en criticar la medida. Vicky D¨¢vila, directora de la revista Semana y a quienes varios ya consideran candidata a la presidencia del 2026, denuncia que el decreto ¡°debilita a la Polic¨ªa¡±. ¡°Le quita facultades para actuar y le obliga a ¡°dialogar¡± frente a quienes alteran el orden p¨²blico. Los delincuentes deben enfrentarse con determinaci¨®n sin vacilaciones¡±, afirma en las redes sociales. Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andr¨¦s Beltr¨¢n, critica que el decreto ¡°est¨¢ cruzando la l¨ªnea de la defensa de la vida a la permisividad total¡± y se queja de que ¡°los violentos cada vez ganan m¨¢s ventaja¡±.

El ministro de Defensa, Iv¨¢n Vel¨¢squez, ha respondido a quienes reprochan la medida: ¡°No es verdad que los someta [a los polic¨ªas] a graves riesgos. El derecho a la defensa de su integridad es siempre un derecho y ning¨²n decreto limita el ejercicio de ese derecho. Solo que establece unas directrices muy precisas en cuanto al uso de las armas y al uso de la fuerza¡±, ha dicho en una ceremonia de ascenso de suboficiales de la Polic¨ªa, en Sibat¨¦, Cundinamarca.

Silvia Serrano, abogada y profesora de la Universidad de Georgetown, asegura en sus redes sociales que la normativa est¨¢ en l¨ªnea con lo dictado por la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos para la prevenci¨®n de muertes en manos de la Polic¨ªa. ¡°Un punto importante del decreto es que establece un claro l¨ªmite para la fuerza letal o potencialmente letal: que no puede usarse, salvo que sea para resguardar el mismo bien jur¨ªdico, es decir, la vida¡±, se?ala en X. El documento sostiene que los est¨¢ndares cumplen con las recomendaciones de la ONU y la Cruz Roja en materia de fuerza policial.

Hace poco m¨¢s de un mes, el Movimiento Nacional de V¨ªctimas de Cr¨ªmenes de Estado (Movice) ¡ªintegrado por una decena de redes y organizaciones sociales¡ª hab¨ªa instado en una carta al Gobierno a avanzar ¡°sustancialmente en una reforma integral a la Polic¨ªa¡±. Para Movice es fundamental que la reforma policial vaya ¡°m¨¢s all¨¢ de los cambios en el nivel reglamentario¡±, los cuales pueden ser derogados a nivel administrativo en futuros gobiernos, por lo que pidieron entonces a Vel¨¢squez ¡°esfuerzos de revisiones normativas de orden legal y hasta constitucional¡±.

La Polic¨ªa Nacional tiene un plazo de 18 meses, es decir, hasta inicios de 2026, para actualizar todos los protocolos, entre los que tambi¨¦n destaca la formaci¨®n y entrenamiento de los uniformados en materia de derechos humanos y atenci¨®n al ciudadano. Para comprobar la efectividad de la orden, la Polic¨ªa se compromete a realizar un informe anual de rendici¨®n de cuentas que presente los resultados cualitativos y cuantitativos durante su implementaci¨®n. Los impactos del decreto, positivos o negativos, se medir¨¢n con un poco m¨¢s de tiempo, hacia el final de la presidencia de Gustavo Petro.

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