El ciberataque contra Air-e planta un nuevo obst¨¢culo para el rescate de la energ¨¦tica responsable de media regi¨®n Caribe

La suerte de Air-e, la mayor comercializadora de energ¨ªa en el Caribe colombiano, hoy es incierta. Los responsables de la empresa informaron el pasado 6 de septiembre que su sistema inform¨¢tico fue v¨ªctima de un ataque cibern¨¦tico cuatro d¨ªas antes. Un hecho desafortunado en medio de la crisis financiera de la compa?¨ªa a cargo del servicio en los departamentos de Atl¨¢ntico, Magdalena y La Guajira. El proceso de restablecer los datos, m¨¢s de un mes despu¨¦s, ha sido parcial. Y se desconoce si ha habido filtraciones con informaci¨®n de 2,35 millones de usuarios. No hay duda de que el proceso de interventor¨ªa estatal, iniciado casi en paralelo, tendr¨¢ que arregl¨¢rselas sin piezas clave para reorganizar la contabilidad y clarificar el estado de las finanzas de la compa?¨ªa del magnate Alberto R¨ªos Velilla.

El plan de ayuda empresarial, operado a petici¨®n de la misma Air-e como grito de rescate, se ha visto entorpecido por la informaci¨®n comprometida en el sistema de control de la red, el de facturaci¨®n comercial y la base de recaudo de peticiones de quejas y reclamos, entre otros. Cerrar la filtraci¨®n y recuperar los archivos de respaldo, al parecer, no ha sido f¨¢cil. Tampoco lo ha sido avanzar con la auditor¨ªa forense. Un asunto que solo ahonda el sentimiento de indefensi¨®n de muchos ciudadanos en los tres departamentos del norte de Colombia que, mes a mes, deben asumir unas facturas estratosf¨¦ricas con respecto al resto del pa¨ªs.

Air-e responde que la informaci¨®n contable se encuentra a salvo del ataque digital en el sistema SAP, uno de los software de contabilidad m¨¢s conocidos en el mundo. De la misma forma, ha recalcado que los funcionarios de la Superintendencia de Servicios P¨²blicos Domiciliarios firmaron las actas donde queda claro que recibieron toda la informaci¨®n financiera requerida. ¡°Si no han podido avanzar en su auditor¨ªa o si han podido avanzar se debe netamente a la gesti¨®n de la actual administraci¨®n¡±, se lee en la respuesta escrita enviada a EL PA?S.

Para empezar a comprender mejor el escenario, la senadora liberal Karina Espinosa ha recopilado pruebas de lo que en el sector se llaman ¡°p¨¦rdidas no t¨¦cnicas¡±. Se refiere a los puntos ciegos dentro de los recursos cobrados por el servicio de la luz. Su conclusi¨®n es que alrededor del 33% de las p¨¦rdidas se deben a la pirater¨ªa. Un quebradero de cabeza para Air-e, que trata de equilibrar estas fugas con recargas en los recibos. Mientras tanto, las conexiones ilegales se multiplican en asentamientos informales y urbanizaciones de clase alta, y la pr¨¢ctica arraigada de modificar los contadores campea en los barrios de las ciudades caribe?as.

Pero tambi¨¦n se trata, apunta Espinosa, de un asunto ligado a las mediciones de los operadores. ¡°Las empresas dicen: ¡®es que en la Costa se roban mucho la luz, entonces vamos a subir hasta un 26% por las p¨¦rdidas no t¨¦cnicas¡¯. Yo he comprobado que eso no es cierto¡±. Por el camino se ha topado con lugares donde se ha elevado desde ¡°un 30 hasta un 300%¡±. ¡°Yo vi en Cove?as, en Sincelejo, facturas que llegan a los 13 millones de pesos cobrados por Afinia [la comercializadora encargada del resto de la regi¨®n, incluyendo el departamento de la senadora, Sucre]¡±. Eso no es todo. En medio de la crisis energ¨¦tica que atraviesa el pa¨ªs, azuzada por la prolongaci¨®n del verano y su impacto sobre los embalses, el Gobierno ces¨® al superintendente de servicios p¨²blicos domiciliarios, la entidad antimonopolio encargada de vigilar los abusos de las empresas.

El exfuncionario es Dagoberto Quiroga y confes¨® el pasado 16 de octubre en el diario El Heraldo de Barranquilla (Atl¨¢ntico): ¡°A Air-e la recibimos [en la intervenci¨®n, que inici¨® a principios de septiembre] sin informaci¨®n, sin recursos y con deudas¡±. Air-e refuta las declaraciones de Quiroga y recuerda que, siendo superintendente, fue denunciado disciplinariamente por la energ¨¦tica en m¨²ltiples instancias por, supuestamente, adelantar una campa?a de desprestigio en su contra. De acuerdo con los voceros de la empresa, la motivaci¨®n del abogado qued¨® en evidencia en una grabaci¨®n que public¨® el diario El Tiempo en la que ¡°se evidenciaba c¨®mo buscaba gestionar pagos a privados¡±. Quiroga, exmilitante del M-19 y cercano al presidente Gustavo Petro, se habr¨ªa extralimitado en sus funciones de vigilancia y control, se?ala la empresa

Esas acusaciones cruzadas refuerzan el c¨ªrculo vicioso que marcan la desconfianza de las empresas con los consumidores y el hast¨ªo de los ciudadanos con la ineficiencia de las prestadoras del servicio. En Santa Marta, sin ir m¨¢s all¨¢, se han reportado casos de contadores de luz instalados, al parecer por operarios de Air-e, en lugares poco visibles.

Un m¨¦todo irregular y que ha dado paso, seg¨²n fuentes que prefieren mantenerse bajo anonimato, a incrementos de hasta el 50% en la tarifa. Estos ¡°macro medidores¡±, que son la ¨²nica base s¨®lida de registro al nivel de consumo, cuentan al parecer con f¨®rmulas de cobro paralelas: ¡°Esa no puede ser la distribuci¨®n real de una factura. Necesitamos un proceso de vigilancia y control de la superintendencia al barrio, porque ac¨¢ hay algo muy extra?o en el cobro¡±, se queja Espinosa. A todo este cuadro de complicaciones se ha sumado, por cuenta del ciberataque, un retraso en la entrega de las facturas de septiembre por parte de Air-e.

Como suele suceder en el sector el¨¦ctrico, las cifras se pronuncian con facilidad, pero su justificaci¨®n casi nunca resulta tan simple. Y en el fondo se halla una historia de batallas soterradas entre actores de la cadena, monta?as de deudas acumuladas de los usuarios desde la pandemia y todo tipo de l¨ªos administrativos. Hoy, sin embargo, los expertos se declaran impedidos para explicar c¨®mo se ha llegado a cobrar en la Costa hasta 800 kilovatios/hora en algunos hogares. De acuerdo con los expertos, un hogar que utiliza con frecuencia el aire acondicionado no deber¨ªa consumir m¨¢s de 300 kilovatios/hora al mes.

Air-e ha justificado los recobros adicionales como ¨²nico m¨¦todo para compensar las deudas generadas por las pr¨®rrogas y los auxilios oficiales decretados durante la crisis de la pandemia. Tambi¨¦n ha esgrimido que la subida incluye, en el caso de las capitales Santa Marta y Barranquilla, una cuota para cubrir el servicio de seguridad y aseo. Pero los analistas del sector descreen e indican que existe una brecha notable entre el 25% adicional anunciado por la compa?¨ªa, y los espasmos de hasta el 1.100% que se ha alcanzado en algunas zonas.

Para desenredar la historia sobre los fallidos mecanismos en la gesti¨®n de Air-e a¨²n faltan m¨¢s elementos, como los 1.6 billones de pesos que le adeudan entidades oficiales a la empresa, seg¨²n el acta de entrega de la direcci¨®n administrativa de la compa?¨ªa a su interventor. Por su parte, a principios de septiembre se conoci¨® que las deudas de la energ¨¦tica ascender¨ªan a los 1,8 billones de pesos. Una cifra que m¨¢s de uno considera incompleta y que de momento queda sin corroborar debido a los obst¨¢culos que enfrenta la auditor¨ªa del Gobierno. A partir de ah¨ª, han emergido otras discrepancias con la fallida propuesta de nombrar al sindicalista William Palma como nuevo superintendente (finalmente ser¨¢ el economista Yanod M¨¢rquez).

Lejos de la vista del p¨²blico, la batalla tambi¨¦n ha sido intensa. Por un lado se halla R¨ªos Velilla, el due?o de Air-e, cercano a la pol¨ªtica a trav¨¦s del derechista Cambio Radical, donde ha militado su hijo Felipe. Un empresario agobiado por un negocio que naufraga, con algunas pr¨¢cticas empresariales criticadas, y en un pa¨ªs asolado por la falta de energ¨ªa.

Por el otro, un pu?ado de organismos de control a veces desbordados, otras maniatados por intereses partidistas. Y, por ¨²ltimo, el presidente Gustavo Petro, firme opositor del engranaje actual del mercado y un f¨¦rreo creyente de que las empresas privadas que prestan servicios p¨²blicos solo tienen en mente ganar dinero y no benefician a los ciudadanos que hoy deben desembolsar millones de pesos mensuales para mantener la luz de sus casas encendida.

Ahora la fecha a tener en cuenta es el 11 de noviembre. Ese d¨ªa, el Gobierno decidir¨¢ si sigue adelante con la intervenci¨®n para reanimar a la compa?¨ªa, o, si por el contrario, considera que lo m¨¢s sensato es liquidarla.

Nota del editor: La respuesta de la empresa se incorpor¨® a esta nota en la tarde del 24 de octubre, tan pronto fue recibida por EL PA?S.