Las nuevas funciones ambientales de las autoridades ind¨ªgenas encienden un debate en Colombia

Faltaba una semana para el inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP16 en Cali, cuando el presidente Gustavo Petro firm¨®, junto a su ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y al encargado de Interior, Gustavo Garc¨ªa, el decreto que permitir¨¢ a las organizaciones ind¨ªgenas ejercer como autoridades ambientales en sus territorios. Con la firma presidencial, la misi¨®n de establecer restricciones y medidas para proteger los recursos naturales y de sancionar a quienes las incumplan dejar¨¢ de ser exclusiva de las 33 Corporaciones Aut¨®nomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR), y de las secretar¨ªas de ambiente de las grandes ciudades.

Las nuevas autoridades acompa?ar¨¢n a esas entidades y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como responsables de otorgar licencias ambientales para proyectos que puedan deteriorar el ambiente o modificar el paisaje. Esas instituciones tambi¨¦n son las que otorgan concesiones para el uso y aprovechamiento de agua o permisos para talar ¨¢rboles, para cazar ciertas especies o para ocupar cauces, playas o lechos. Y son las que pueden investigar a quienes incumplen los reglamentos ambientales y sancionar con multas u ¨®rdenes para compensar o reparar posibles da?os.

Para el presidente Petro ampliar ese poder a las comunidades ind¨ªgenas, adem¨¢s de defender la visi¨®n del equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, reivindica la lucha por la libertad de los pueblos ancestrales. Desde la firma del decreto, el jefe de Estado anticip¨® que la nueva norma levantar¨ªa discusi¨®n. ¡°Hasta intentar¨¢n tumbarlo los que se creen mon¨¢rquicos, porque dir¨¢n: ¡°Uy, ?c¨®mo? ?Los ind¨ªgenas tendr¨¢n autoridad ambiental?¡¯ Y nuestras instituciones aristocr¨¢ticas que viven rob¨¢ndose la plata, ?qu¨¦?¡±, sostuvo ante la Mesa permanente de concertaci¨®n de los pueblos y organizaciones ind¨ªgenas de Colombia, una instancia de discusi¨®n y seguimiento de acuerdos entre los ind¨ªgenas y el Gobierno.

La Asociaci¨®n de Corporaciones Aut¨®nomas Regionales (Asocars) ha anunciado que demandar¨¢ el decreto. Alega que es ilegal, pues solo se pod¨ªa hacer a trav¨¦s de una ley que apruebe el Congreso de la Rep¨²blica. El presidente lo hab¨ªa previsto. ¡°Si lo tumban una vez, volver¨¢ a hacerse, y volver¨¢n quiz¨¢s, y hasta que los derrotemos. Porque nadie puede ense?arle a cualquier colombiano y a cualquier instituci¨®n colombiana o latinoamericana c¨®mo se construye el equilibrio vital entre ser humano y naturaleza [mejor] que los pueblos ind¨ªgenas de Colombia y de Am¨¦rica¡±, expres¨® ante la Mesa.

El decreto permite a las autoridades ind¨ªgenas formular y desarrollar instrumentos de regulaci¨®n y gesti¨®n ambiental en sus territorios. Eso significa que en el futuro Colombia podr¨¢ tener planes de ordenamiento ambiental ind¨ªgena que protejan o recuperen diferentes ecosistemas, con la particularidad de que responder¨¢n a su cultura.

Tambi¨¦n podr¨¢n sancionar aut¨®nomamente a miembros de sus comunidades, siguiendo sistemas de justicia propia. La dificultad inicia con otros responsables. ¡°En caso de infracciones cometidas por personas que no est¨¦n bajo la jurisdicci¨®n ind¨ªgena, la autoridad ambiental competente coordinar¨¢ con la autoridad ind¨ªgena respectiva la imposici¨®n de las sanciones y medidas compensatorias a que haya lugar, as¨ª como las obras o acciones para la restauraci¨®n del medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje¡±, se?ala la norma.

Para Asocars, las directrices para la coordinaci¨®n entre las autoridades ind¨ªgenas y las dem¨¢s entidades que trae el decreto no bastan para evitar choques. El director de la asociaci¨®n, Yesid Gonz¨¢lez, advierte que se atomizar¨¢ m¨¢s el ejercicio de la autoridad ambiental, generar¨¢ inseguridad jur¨ªdica y causar¨¢ confusi¨®n. ¡°Tiene que haber mucha claridad en los alcances. En regiones donde hay problemas por el territorio, por la tierra, por los recursos naturales, puede generar m¨¢s conflictos socioambientales¡±, afirma en conversaci¨®n con EL PA?S.

El l¨ªder gremial precisa que ya existen m¨²ltiples ejemplos de articulaci¨®n y coordinaci¨®n de diferentes CAR con organizaciones ind¨ªgenas para la protecci¨®n del medio ambiente. ¡°No es que no se venga trabajando [con las comunidades ind¨ªgenas] ni que no se pueda trabajar, sino que creemos que el decreto no se ajusta a la normatividad existente¡±, asegura.

El debate jur¨ªdico est¨¢ cruzado por los cuestionamientos por clientelismo y corrupci¨®n que han salpicado a las CAR durante a?os, y que ha recordado el presidente al presentar el decreto. ¡°No han demostrado ser instrumentos de cuidado de la naturaleza, sino lo contrario, v¨ªa corrupci¨®n se han arrodillado a la codicia, y esa codicia ha entregado nuestra hermosa naturaleza a la destrucci¨®n¡±, ha dicho sobre ellas. La asociaci¨®n se defiende: ¡°ese tipo de afirmaciones en vez de unir hace que tengamos m¨¢s desconfianza institucional y muchas veces se haga m¨¢s complejo el ejercicio de autoridad ambiental y de toda la articulaci¨®n con el Gobierno y las comunidades¡±, a?ade Gonz¨¢lez Duque.

Entre tanto, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha explicado que el Sistema Nacional Ambiental, que articula a las instituciones estatales, no perder¨¢ competencias, sino que ganar¨¢ a los ind¨ªgenas como principales aliados de la conservaci¨®n. ¡°Van a definir planes ambientales para su territorio de acuerdo a su conocimiento, van a hacer regulaciones para sus poblaciones de c¨®mo se utiliza y administra el territorio en la l¨®gica de la conservaci¨®n, todas las potestades que adquieren es para la conservaci¨®n y protecci¨®n del medio ambiente en sus territorios, pero con autoridades que ahora se sientan a hablar de t¨² a t¨²¡±, indic¨®.

Gerardo Jumi, consejero general de la Organizaci¨®n Nacional Ind¨ªgena de Colombia, la mayor organizaci¨®n de estos pueblos en el pa¨ªs, considera que definir esas competencias es un hecho hist¨®rico que reconoce sus capacidades. ¡°Somos el 4,4% de la poblaci¨®n, unas 2,3 millones de personas, y estamos protegiendo el 80% de la biodiversidad del pa¨ªs. Bosques, r¨ªos o p¨¢ramos est¨¢n en los territorios ind¨ªgenas y por eso es importante que se les d¨¦ la capacidad para autogobernarse y preservar el medio ambiente. Si son los propietarios, cuidanderos, tambi¨¦n deber¨ªan tener hace muchos a?os las herramientas jur¨ªdicas que apenas se les est¨¢ reconociendo¡±, expresa.

Juan Carlos Preciado, asesor legal de la fundaci¨®n Gaia Amazonas, una ONG colombiana que trabaja por la protecci¨®n de la Amazon¨ªa, aclara que el decreto es un aporte, pero no da v¨ªa libre a las entidades territoriales ind¨ªgenas, una figura consignada en la Constituci¨®n desde 1991 y que les otorgar¨ªa autonom¨ªa pol¨ªtica, jur¨ªdica y administrativa a trav¨¦s de gobiernos propios, como los que ejercen las alcald¨ªas en m¨¢s de 1.100 municipios y distritos o las gobernaciones en 32 departamentos del pa¨ªs. ¡°Avanza hacia la configuraci¨®n de las entidades territoriales, entendiendo que estos desarrollos sectoriales son necesarios para configurar ese marco completo que permita la coordinaci¨®n efectiva entre los autores ind¨ªgenas, sus ¨¢mbitos de gobierno y las dem¨¢s instituciones del Estado¡±, subraya.

El decreto establece que el Ministerio de Ambiente coordinar¨¢ con las entidades del Gobierno nacional y con la Mesa permanente de concertaci¨®n de los pueblos y organizaciones ind¨ªgenas, en los pr¨®ximos seis meses, los mecanismos para garantizar los recursos que abran camino a las competencias ambientales de las autoridades ind¨ªgenas.