Colombia temeraria

Somos testigos de un acto de irresponsabilidad legislativa de proporciones b¨ªblicas, que se propone, a lo largo de los pr¨®ximos 10 a?os, quitarle casi la mitad de los ingresos al Gobierno y pas¨¢rselos a los departamentos y municipios.

El episodio de repartir dinero que no hay entre departamentos y municipios ya lo vivimos en los a?os noventa. Fue una de las principales causas de la llamada crisis de fin de siglo. Ahora, de la mano del Congreso de la Rep¨²blica y con la anuencia t¨¢cita del presidente Petro y la expresa del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, estamos abocados a revivir un experimento social m¨¢s, con temerarias consecuencias.

Parece que no tuvi¨¦ramos suficiente con los experimentos de salud, pensiones, laboral, vivienda, infraestructura, gas, electricidad, petr¨®leo y jurisdicci¨®n ind¨ªgena a los que nos ha llevado el actual Gobierno. Ahora ensayaremos la senda de insostenibilidad fiscal a causa de duplicar las transferencias territoriales.

La serie de eventos que se desatar¨ªan ya la vivimos entre 1991 y 1999. Como los congresistas actuales son j¨®venes, no leen historia, les aburre la aritm¨¦tica y les parece poco ch¨¦vere la contabilidad presupuestal, quieren adoptar la misma filosof¨ªa inviable que inspir¨® a los constituyentes de 1991 a distribuir plata que no hab¨ªa.

En los a?os noventa esa promesa de ingresos futuros consagrada en la nueva Constituci¨®n llev¨® a los alcaldes y gobernadores a acudir a los bancos y obtener cr¨¦ditos, en una especie de multiplicaci¨®n de los panes y los peces. No s¨®lo se propon¨ªan a gastar los mayores ingresos que les enviaba el Gobierno Nacional, sino que se endeudaron contra los ingresos de los siguientes mandatarios.

Esto condujo a que un sinn¨²mero de municipios y departamentos adoptaran compromisos de gastos que terminaron en una crisis fiscal. De contera, se contribuy¨® a la crisis bancaria a final de los a?os noventa.

El Gobierno Nacional de ese entonces deb¨ªa transferir casi la mitad de los ingresos a las regiones, pero se mantuvo en cabeza suya los intereses de la deuda p¨²blica (que hoy son cerca de 4 % del PIB), el pago de hueco pensional (hoy m¨¢s de 4 % del PIB), el creciente costo del sistema de salud (que pronto puede llegar a 7 % del PIB), el costo de las Fuerzas Armadas, las vigencias futuras de infraestructura, el sistema de justicia, en fin, la suma de gastos inflexibles que consumen cerca del 95 % del presupuesto nacional.

En s¨ªntesis, ahora se busca mantener a la naci¨®n sobre-cargada de gastos, pero entregar casi la mitad del recaudo por impuestos a los departamentos y municipios. Eso no es viable. En ese entonces hubo una crisis fiscal generalizada, adem¨¢s de la crisis bancaria y de vivienda, la crisis financiera de las familias, que vieron perder los ahorros de toda la vida ligados a la vivienda, y las quiebras empresariales. El resultado fue la primera ca¨ªda del PIB colombiano en setenta a?os.

En ese entonces, ante la recesi¨®n, cay¨® tambi¨¦n el recaudo tributario, y con ¨¦l los ingresos corrientes. Siguiendo la norma constitucional, se entregaron menos recursos a los entes territoriales. S¨®lo en ese momento los alcaldes y gobernadores se dieron cuenta que quebrar al ¡°pap¨¢ naci¨®n¡± tiene consecuencia graves cuando se vive de sus ingresos.

Esa fue la raz¨®n por la cual en 2001 se adopt¨®, en conjunto con ellos, una reforma que le aseguraba un crecimiento estable los recursos de los departamentos y municipios, y se los desataba de los ingresos del gobierno central. Es lo que se conoce como el Sistema General de Participaciones (SGP).

Como la Constituci¨®n de 1991 asign¨® tantas responsabilidades al Gobierno Nacional para crear un ¡°Estado del Bienestar¡±, o ¡°Estado Social de Derecho¡± en nuestra terminolog¨ªa local, desde entonces ha sido necesario hacer una reforma tributaria tras otra para pagar por todo lo prometido.

De d¨®nde m¨¢s iban a salir los recursos para solventar los d¨¦ficit asociados a la salud universal, la educaci¨®n universal, las pensiones desfinanciadas, la ampliaci¨®n de las Fuerzas Armadas, los compromisos para carreteras, aeropuertos, acueductos, cambio clim¨¢tico, desastres naturales, entre otros.

Ahora bien, coincido en que a Colombia hay que descentralizarla. Pero eso no puede pasar por antes quebrarla. C¨¢lculos preliminares indican que, si se aprueba esta reforma constitucional, el gasto del gobierno nacional subir¨ªa en cerca de 4.5 % del PIB a lo largo de los pr¨®ximos diez a?os.

Eso no saldr¨ªa de endeudarnos m¨¢s, pues ya los compradores de bonos est¨¢n alarmados con la situaci¨®n fiscal en la que nos han embarcado los ¨²ltimos gobiernos, y tienen a la deuda p¨²blica en cerca del 60 % del PIB. Los bonos del Gobierno est¨¢n castigados y a las tasas de inter¨¦s que debe pagar la naci¨®n est¨¢n en m¨¢ximos hist¨®ricos. Las agencias internacionales de calificaci¨®n tienen el gatillo puesto en posibles bajas a Colombia.

Hay poco margen de maniobra para embarcarnos en una senda temeraria como la que amenaza esta reforma. No obstante, su tr¨¢mite en el Congreso ya super¨® cinco debates. ?A qu¨¦ juegan el ministro Juan Fernando Cristo, el presidente Gustavo Petro y el Congreso?

Dice el ministro Cristo que esto no tendr¨ªa efecto fiscal porque se pasar¨ªan tanto ingresos como gastos. De ser eso cierto, se har¨ªa una ¡°descentralizaci¨®n de ventanilla¡±, en la que meramente se cambia de pagador, pero sin aportar recursos frescos y de libre destinaci¨®n a los entes territoriales. Eso no es lo que tienen en mente los defensores de la reforma. El ministro se enga?a.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y el director del DNP, Alexander L¨®pez, se hab¨ªan manifestado en contra pero recularon, pues el presidente Petro aparentemente dijo que con tal de que esto se aplicara luego del 2027, que la reforma pod¨ªa proseguir.

Pero no es el caso de sus t¨¦cnicos. El viceministro de hacienda Diego Guevara Casta?ea, la subdirectora del DNP, Elizabeth Cristina Correa Soto, y el director de la Comisi¨®n Aut¨®noma de la Regla Juan Sebasti¨¢n Betancur, valientemente han formado sendos documentos t¨¦cnicos en los que dan muchos argumentos en contra de esta reforma.

Sin ese aval t¨¦cnico ser¨ªa posible que se cayera en la Corte Constitucional. Eso, por su puesto, si el pr¨®ximo a?o la Corte sigue aun siendo el basti¨®n de seriedad que ha sido hasta ahora. Si su composici¨®n cambia hacia el progresismo irresponsable, cualquier cosa puede pasar.

A Colombia hay que descentralizarla a trav¨¦s de crear nueva econom¨ªa donde hoy no la hay, que es justamente en sus regiones, empobrecidas por d¨¦cadas de un modelo econ¨®mico urbanista y centralista. Curiosamente, Brasil, Chile, M¨¦xico y Argentina han encontrado formas de crear bonanzas exportadoras agropecuarias que han tra¨ªdo progreso al campo; ese tipo de milagros han sido escasos en las regiones colombianas, en buena parte por la liberalidad que se ha dado a todos los malos que medran en nuestros campos ahuyentando a campesinos y empresarios.

El desarrollo minero ha sido una fuente importante de recursos para las regiones de Colombia, a trav¨¦s de las regal¨ªas, pero los departamentos y municipios, que tanto necesitan dinero fresco, dejan sin ejecutar decenas de millones de pesos que duermen en los bancos.

Si la desesperaci¨®n financiera es tal, ser¨ªa mejor cambiar el sistema de regal¨ªas, y transferir directamente esos recursos a las regiones, para su gasto corriente, en lugar de esta destrucci¨®n del Sistema General de Participaciones, y de la sanidad fiscal y econ¨®mica del pa¨ªs. Si esto prosigue su curso y se hace realidad, apague y v¨¢monos.