El reparto de dinero entre la naci¨®n y las regiones calienta la pol¨ªtica colombiana

Este lunes, la plenaria del Senado puede tomar una decisi¨®n que rebalancear¨ªa el poder en Colombia y que, seg¨²n los expertos, pondr¨ªa en riesgo su econom¨ªa. En el tercer punto del orden del d¨ªa de la reuni¨®n est¨¢ la discusi¨®n de una reforma constitucional que busca m¨¢s que duplicar los recursos que gira la Naci¨®n a las gobernaciones y las alcald¨ªas, en un paso fundamental para profundizar la descentralizaci¨®n. El problema, seg¨²n los cr¨ªticos, es que obligar¨ªa al Estado central a girar el dinero sin ceder m¨¢s funciones a los gobiernos locales, lo que dejar¨ªa a las entidades nacionales pr¨¢cticamente sin recursos para cumplir todos sus fines, o disparar¨ªa el ya alto d¨¦ficit fiscal a cifras insostenibles.

El proyecto propone aumentar el dinero destinado al llamado Sistema General de Participaciones (SGP), una gran bolsa de recursos que la Naci¨®n gira a?o a a?o para que los gobiernos locales destinen para algunos fines concretos: la educaci¨®n obligatoria (que va del grado primero al noveno), salud, recolecci¨®n de basuras, acueductos y alcantarillados. Hoy en d¨ªa a ello se destinan alrededor del 20% de los ingresos corrientes de la naci¨®n. La reforma propone llegar al 46,5% en 10 a?os, aunque un acuerdo entre el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, convertido en el gran impulsor de la idea, y varios congresistas plantea llevar la cifra a 39,5% en 12 a?os. Eso como forma de reducir los temores por el impacto econ¨®mico del ajuste constitucional: el centro de pensamiento econ¨®mico ANIF ha dicho que con el cambio inicialmente propuesto, el 85% del presupuesto de la Naci¨®n se ir¨ªa al SGP y a pagar la deuda p¨²blica y las pensiones. Quedar¨ªa tan solo el 15% para pagarle a la Rama Judicial, los 450.000 militares y polic¨ªas, invertir en infraestructura, apoyar a las universidades p¨²blicas y hacer otro sinn¨²mero de actividades.

En el Senado, y entre los observadores, hay consenso en la necesidad de fortalecer a los departamentos, municipios y distritos. Sin dinero propio, esos gobiernos locales quedan a merced de las autoridades centrales y el pa¨ªs, que durante el siglo siguiente a la Constituci¨®n de 1886 vivi¨® bajo un poderoso centralismo, a¨²n lucha por cambiar esa estructura. La descentralizaci¨®n, que tom¨® fuerza en los a?os ochenta con la elecci¨®n popular de los alcaldes y tuvo un gran empuj¨®n con la Constituci¨®n de 1991, se fren¨® m¨¢s adelante. Municipios endeudados y quebrados, una fuerte crisis econ¨®mica entre 1998 y 1999, e incluso la pandemia de 2020-2021, revirtieron la tendencia y recentralizaron al Estado. Eso es lo que el proyecto busca cambiar, y lo que suscita un amplio apoyo. Aumentar los recursos del SGP no tiene opositores.

El problema, como tantas veces, est¨¢ en los detalles. En este caso, en el origen y el destino del dinero, as¨ª como la necesidad de rebalancear toda la relaci¨®n: darle m¨¢s atribuciones a alcaldes y gobernadores, fortalecer los ingresos propios de los distritos, municipios y departamentos. El proyecto, que present¨® a inicios de este a?o una docena de congresistas de bancadas independientes de En Marcha y la ASI, y de la oposici¨®n uribista, lo tiene en cuenta. Impone al Gobierno la obligaci¨®n de presentar un proyecto ley que reorganice el SGP una vez se cambie la Constituci¨®n. Pero eso ha resultado insuficiente, y en el acuerdo se ha acordado que hasta que no haya ley, no habr¨¢ aumento de los recursos, y que el nuevo SGP debe financiar m¨¢s a?os de educaci¨®n, por lo menos dos de preescolar y dos de educaci¨®n superior.

Con esos ajustes, que debe presentar formalmente el coordinador ponente Ariel ?vila en la sesi¨®n del Senado de esta tarde, el proyecto parece ganar m¨¢s tracci¨®n pol¨ªtica.

Alarmas encendidas

Las reformas constitucionales se aprueban en dos vueltas, es decir, pasando dos veces por el Senado y la C¨¢mara de Representante. Este proyecto pas¨® sin mayores discusiones en su primera vuelta, a lo largo del primer semestre del a?o, como ocurre con muchos ajustes. El debate real se deja para la segunda vuelta, donde muchas veces naufragan. En este caso, sin embargo, hubo un reajuste pol¨ªtico significativo: Juan Fernando Cristo pas¨® de ser presidente del partido En Marcha a ministro del Interior. En ese cargo ha sido gran impulsor de la idea de un acuerdo nacional que rompa las divisiones entre Gobierno y oposici¨®n, y el reajuste del SGP encaja en ese prop¨®sito. Permite, por lo menos en teor¨ªa, unificar a mandatarios de diferentes orillas pol¨ªticas, que buscan un mayor presupuesto, y sus aliados legislativos.

Hist¨®ricamente el centralismo fue una bandera de la derecha conservadora, mientras el federalismo y luego la descentralizaci¨®n lo fueron m¨¢s del liberalismo. Eso ha cambiado. La izquierda hoy tiene el poder central, pero creci¨® primero en el local; hoy la oposici¨®n de derecha tiene, por el contrario, m¨¢s fuerza en lo local. La descentralizaci¨®n interesa a todos.

Ese cambio en los equilibrios se nota en los conceptos fiscales que ha dado el Gobierno al proyecto. En mayo, el ministerio de Hacienda no lo aval¨®, justamente por el impacto potencial sobre las finanzas. ¡°En s¨ªntesis, la propuesta de establecer un nivel m¨ªnimo de los Ingresos Corrientes de la Naci¨®n destinado al SGP de la magnitud propuesta, incluso con la transici¨®n presentada en el par¨¢grafo transitorio 2 de este art¨ªculo, ser¨ªa inviable¡±, se lee en el documento firmado por el entonces viceministro t¨¦cnico encargado, Diego Guevara. En contraste, el jueves pasado el ministerio dijo que ve una salida: ¡°Acto Legislativo que modifica el SGP ir¨¢ de la mano con proyecto de ley de competencias que permita transferir funciones y que garantice la sostenibilidad fiscal¡±, afirm¨® en un comunicado de prensa.

Antes del acuerdo de este lunes y de la reducci¨®n de lo que eventualmente repartir¨¢ el SGP a las administraciones locales, las alarmas eran muchas. El Departamento Nacional de Planeaci¨®n, que una entidad t¨¦cnica del Ejecutivo con rango de ministerio, fue una de las m¨¢s fuertes. ¡°Se pondr¨ªa en riesgo la viabilidad del Estado como un todo¡±, dijo a inicios de octubre, al emitir un concepto no favorable. Fedesarrollo, un prestigioso tanque de pensamiento econ¨®mico, ha se?alado algo similar. ¡°La deuda del Gobierno superar¨ªa el l¨ªmite del 71% del PIB impuesto por la regla fiscal, lo que desencadenar¨ªa una crisis fiscal. Esta situaci¨®n aumentar¨ªa el costo del endeudamiento, afectar¨ªa el crecimiento econ¨®mico y generar¨ªa alzas en el desempleo y la pobreza¡±, se?al¨® el lunes pasado. Incluso la propuesta de trazar una senda m¨¢s larga para el aumento y llevarlo al 37%, cifra planteada por la misi¨®n de descentralizaci¨®n de los gobiernos de Iv¨¢n Duque y Gustavo Petro, aumentar¨ªa la presi¨®n fiscal. Esa puja entre descentralizar y pensionar las ya alica¨ªdas cuentas estatales dependen ahora de la decisi¨®n del Senado en el debate actual, y de la C¨¢mara en las dos discusiones que faltar¨ªan para que la reforma sea una realidad.