La justicia educativa y los ¡®articulotes¡¯ sobre transferencias territoriales

La C¨¢mara de Representantes de Colombia tiene en sus manos durante las pr¨®ximas semanas la votaci¨®n de la reforma a los art¨ªculos 356 y 357 de la Constituci¨®n. Nos jugamos tres cosas trascendentales en esa decisi¨®n: ?queremos un Estado nacional fuerte, o uno descentralizado? ?Podemos redimensionar el Estado con estabilidad fiscal? Y lo m¨¢s importante y menos discutido: ?al fin garantizaremos derechos b¨¢sicos como la educaci¨®n, la salud y el agua potable a territorios y grupos de la poblaci¨®n eternamente discriminados?

Hoy, en la opini¨®n p¨²blica, se discuten los asuntos que interesan al poder: los pol¨ªticos, c¨®mo se reparte el dinero entre gobiernos nacionales y regionales; los economistas ortodoxos, la regla fiscal sobre supuestos pesimistas. Las elites pol¨ªticas piensan que la justicia territorial consiste en que el dinero p¨²blico lo manejen las regiones, pero la descentralizaci¨®n solo ser¨¢ justa si lleva derechos sociales a la poblaci¨®n excluida. Y la tecnocracia centralista no reconoce, aunque lo sabe, que invertir en desarrollo humano, y en especial en educaci¨®n, al generar productividad y capacidades territoriales, hace que de la propia reforma surjan los recursos para pagarla, porque el retorno social y personal de esas inversiones es una de las mayores certezas logradas por las ciencias sociales en el ¨²ltimo siglo.

As¨ª que el inter¨¦s de los excluidos debe ser incorporado de una vez en el texto constitucional, y no dejando la distribuci¨®n de los recursos para una ley de competencias ¡°posterior¡±. En concreto, para que la educaci¨®n genere paz, equidad y prosperidad, necesitar¨ªamos que la C¨¢mara hiciera ahora cuatro cosas.

Uno, que apruebe el proyecto manteniendo el texto que sali¨® del Senado, aumentando las transferencias del 24% de los ingresos corrientes de la Naci¨®n (ICN) en 2027 al 39,5% en 2039. Tendr¨ªamos dos a?os con la f¨®rmula actual, y en la d¨¦cada siguiente la inversi¨®n fruto de la reforma generar¨ªa el retorno para pagarla.

Dos, que mantenga la participaci¨®n mayoritaria que ha tenido la educaci¨®n en esa bolsa, que hoy es del 58%. Ser¨ªa un error fatal incluir ideas novedosas en detrimento de la educaci¨®n en el crecimiento de las transferencias. Y por eso, ante los intereses que entrar¨¢n en juego proponiendo buenas intenciones (y micos) en la Ley de Competencias, es necesario blindarse ahora del riesgo de retroceder en la destinaci¨®n espec¨ªfica de las transferencias a los derechos sociales esenciales.

Tercero, que reviva un par de frases de la ley estatutaria para garantizar el derecho fundamental a la educaci¨®n que la misma C¨¢mara hab¨ªa votado favorablemente el 15 de abril pasado. Es decir, mencione de modo preciso que las transferencias pagar¨¢n el derecho fundamental a la formaci¨®n integral de calidad para todas las personas sin ninguna excepci¨®n, desde el grado de prejard¨ªn a los tres a?os, hasta la educaci¨®n media articulada con la educaci¨®n superior.

Y cuarto, que cree un Fondo dentro de la bolsa que favorezca a las zonas rurales dispersas afectadas por el conflicto armado, reforzando la idea incumplida de los territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Con un 1,5% de los ICN en un mecanismo diferencial se garantizar¨ªa una educaci¨®n razonablemente buena en los territorios donde se ve de modo m¨¢s n¨ªtido que la violencia y la pobreza vienen de la desigualdad educativa. Es algo que ha reconocido la Misi¨®n de Descentralizaci¨®n. Por supuesto, si la salud y el agua potable entran en el Fondo, habr¨ªa que ir m¨¢s all¨¢ en ese porcentaje, pero ninguna inversi¨®n ser¨ªa m¨¢s pertinente que esa.

Por otro lado, este es un momento oportuno para la reforma. Se pueden implementar sus efectos gradualmente a partir de 2027, hay un periodo de holgura transitorio en las transferencias los pr¨®ximos dos a?os, gracias al rebote econ¨®mico de la pospandemia y a la reforma tributaria de 2022; y, como van seis de ocho debates, una vez aprobada habr¨ªa tiempo para reglamentarla e implementarla. No aprobarla ser¨ªa patear hacia adelante una crisis que ya vivimos en los ¨²ltimos cinco a?os, y estar haciendo la modificaci¨®n en dos a?os, pero a las carreras y para tapar huecos.

Los y las representantes a la C¨¢mara tienen la mayor oportunidad en este cuatrienio de pasar a la historia, pero solo la aprovechar¨¢n fijando prioridades y aceptando que darles lo mismo a todos los intereses cuando hay tanta desigualdad, es eternizar la injusticia.

Y a quienes piensan que esta nueva oportunidad para la descentralizaci¨®n fracasar¨¢ y ¡°es mejor malo conocido que¡­¡±, les recuerdo que, en lo que respecta a la educaci¨®n b¨¢sica, cuando territorios m¨ªnimamente financiados la han asumido, han dado mejores resultados que cuando la Naci¨®n ha tratado de resolverlo todo desde oficinas ministeriales. En el debate en el Senado aportamos evidencia de ello, como se puede ver en el siguiente video de registro de esa sesi¨®n.