El presupuesto de Petro para las EPS agranda la grieta entre el Gobierno y el sector de la salud

El sector de la salud ha sumado este A?o Nuevo un nuevo cap¨ªtulo a su largo enfrentamiento con el Gobierno de Gustavo Petro. Ha ca¨ªdo como un balde de agua fr¨ªa la decisi¨®n del Ejecutivo de solo aumentar un 5,36% la Unidad de Pagos por Capitaci¨®n (UPC), el monto que le paga a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado. Es una mejora exigua en comparaci¨®n a la que reclamaban las aseguradoras, los hospitales y varios expertos para evitar el colapso de un sistema que lleva a?os en crisis ¡ªalgunos c¨¢lculos se?alaban que se requer¨ªa un incremento del 16,9%¡ª. Por ello, gremios, exfuncionarios y acad¨¦micos advierten que los pacientes se quedar¨¢n sin citas, intervenciones quir¨²rgicas y medicamentos.

El Gobierno increment¨® la UPC anual de 1.444.000 pesos (unos 329 d¨®lares) a 1.521.000 (alrededor de 346). Es una subida apenas por encima de la inflaci¨®n de 5,2% registrada a noviembre, cuando los gastos del sector se incrementan por otros factores como la devaluaci¨®n del peso, la inversi¨®n en nuevas tecnolog¨ªas y el aumento de 9,5% del salario m¨ªnimo. La forma del Gobierno de comunicar la decisi¨®n no ayud¨®. Despu¨¦s de semanas de discusiones, el Ministerio de Salud anunci¨® el incremento apenas unas horas antes de cerrar el 2024. El jefe de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, hab¨ªa salido de vacaciones, la resoluci¨®n la firm¨® su secretario general y la ciudadan¨ªa se enter¨® por un comunicado y por un video en el que una funcionaria de rango medio explicaba la decisi¨®n.

Los cr¨ªticos incluyen a la Asociaci¨®n Nacional de Empresarios (ANDI), la Asociaci¨®n Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y la Federaci¨®n Colombiana de Enfermedades Raras. Sobresale la Asociaci¨®n Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales P¨²blicos (Acesi), que est¨¢ compuesta por empresas estatales y suele apoyar al Ejecutivo en proyectos a los que las dem¨¢s se oponen, como la reforma a la salud. Tambi¨¦n se han pronunciado en contra personalidades de diversos ¨¢mbitos: exministros, secretarios de Salud, congresistas, acad¨¦micos.

La informaci¨®n poco confiable

El argumento central del Ministerio es que las EPS no entregaron informaci¨®n adecuada para sustentar un ajuste m¨¢s alto. Seg¨²n el comunicado, los reportes son de ¡°baja calidad y poca confiabilidad¡± y tienen inconsistencias: incluyen elevados gastos m¨¦dicos sin justificaci¨®n, pagos de medicamentos por encima de los precios regulados y una amplia variaci¨®n entre pagos por los mismos servicios. ¡°Incrementar la UPC m¨¢s all¨¢ de la inflaci¨®n causada con informaci¨®n incorrecta ser¨ªa una medida irresponsable y populista que pondr¨ªa en riesgo el Presupuesto General de la Naci¨®n¡±, se lee en el texto.

El Ministerio, adem¨¢s, se?ala ¡°el incumplimiento injustificado del deber legal de constituir reservas t¨¦cnicas¡±, en referencia a los recursos que las EPS deben destinar a imprevistos. El comunicado se?ala que el Estado entreg¨® a las aseguradoras unos 82,4 billones de pesos para ello durante 2024 y que estas no le han informado de su manejo. ¡°Seguimos insistiendo: ?D¨®nde est¨¢n los recursos de las reservas t¨¦cnicas?¡±, cuestiona. El viceministro de Protecci¨®n Social, Luis Alberto Mart¨ªnez, neg¨® en Caracol Radio que haya motivaciones pol¨ªticas en la decisi¨®n y asegur¨® que es ¡°un tema de metodolog¨ªa¡± para proteger el buen manejo de los fondos. ¡°Son recursos p¨²blicos, no privados; no est¨¢n a discreci¨®n de cualquiera (...). En el pasado hubo mucha laxitud¡±, dijo.

Alejandro Gaviria, ministro de Salud del Gobierno de Juan Manuel Santos, contraargument¨® en la misma emisora que el Estado hace auditor¨ªas a los recursos a lo largo del a?o y que el Ministerio podr¨ªa haber avisado antes sobre los problemas. ¡°No les creo. Me parece m¨¢s bien una forma de fijar [la UPC] a dedo, de manera caprichosa¡±, coment¨®. Algo similar consider¨® la presidenta de Acemi, Ana Mar¨ªa Vesga, que se?al¨® en W Radio que la ¨²ltima retroalimentaci¨®n fue en octubre y fue positiva con ocho EPS. Critic¨®, adem¨¢s, la falta de un desglose para saber cu¨¢les son las EPS que tuvieron irregularidades en sus reportes: ¡°Pedimos transparencia y responsabilidad¡±.

Lo que m¨¢s rechazo ha producido es que estas acusaciones de informaci¨®n poco confiable se dan en un contexto en el que ocho EPS est¨¢n intervenidas por el Ejecutivo. Fernando Ruiz, exministro de Salud del conservador Iv¨¢n Duque, enfatiz¨® en X que la Administraci¨®n de Petro debe hacerse cargo. ¡°Es la responsabilidad del propio Gobierno, que controla el 60% de los afiliados¡±, resalt¨®. El caso m¨¢s grave es el de la Nueva EPS, una empresa mixta que el Ejecutivo intervino el a?o pasado y que tiene 12 millones de afiliados. El viceministro Mart¨ªnez reconoci¨® en sus declaraciones radiales que uno de los problemas es que esta aseguradora a¨²n no ha certificado los estados financieros de 2023, pero defendi¨® que todav¨ªa no estaba intervenida cuando comenzaron los incumplimientos.

Los pacientes afectados

El argumento principal de los cr¨ªticos es que, m¨¢s all¨¢ de la metodolog¨ªa, el sistema necesita de m¨¢s recursos para evitar un colapso. ¡°Esta situaci¨®n genera un impacto cr¨ªtico en los hospitales p¨²blicos del pa¨ªs, cuya sostenibilidad financiera depende, en gran medida, de su capacidad para cubrir los costos laborales, los cuales representan hasta el 70% de sus presupuestos operativos¡±, se lee en el comunicado de Acesi. Los hospitales estatales est¨¢n en una situaci¨®n desesperante: en el Valle del Cauca, por ejemplo, denunciaron deudas impagas por parte de la Nueva EPS y Emssanar, y tuvieron que recortar servicios.

La respuesta del Gobierno es que las EPS no tienen dinero por la corrupci¨®n de sus due?os. Despu¨¦s de que el exalcalde bogotano Enrique Pe?alosa asegurara en X que el desfinanciamiento del sistema es ¡°criminal¡±, Petro le respondi¨® con una lista de casos de desv¨ªo de fondos, ocultamiento de deudas y dinero ¡°regalado¡± por otras administraciones. ¡°?Quieren seguir hinchando los bolsillos de los due?os de las EPS con dineros p¨²blicos?¡±, le dijo. La congresista petrista Martha Alfonso, por su parte, se?al¨® un v¨ªnculo que existe entre la falta de informaci¨®n adecuada y los malos manejos. ¡°No podemos seguir entregando billones de pesos sin claridades de sus usos¡±, apunt¨®.

Los cr¨ªticos del Ejecutivo responden que tambi¨¦n hay casos de corrupci¨®n en las EPS intervenidas y que es injusto que los pacientes paguen los platos rotos. Juan Senior, expresidente de la Asociaci¨®n Colombiana de Medicina Interna, enfatiz¨® en X en la necesidad de investigar y castigar la corrupci¨®n, pero dijo que ese proceso no puede ¡°dejar a los pacientes sin la atenci¨®n adecuada¡±. Algo similar consider¨® Bruce Mac Master, el presidente de la Asociaci¨®n Nacional de Empresarios: ¡°La corrupci¨®n es para atacarla, para acabarla, pero la salud no se puede dejar sin recursos. Es criminal poner en peligro la vida de los pacientes. Es otra forma de corrupci¨®n¡±.

La presunta venganza

El condimento m¨¢s pol¨ªtico lo puso el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bol¨ªvar. El exsenador responsabiliz¨® a la oposici¨®n por haber hundido la reforma tributaria que buscaba sumar recursos al presupuesto de 2025. ¡°Congresistas mandaderos de las EPS que sabotearon y negaron la Ley de Financiamiento, ahora salen a llorar (...) ?Creyeron que con la estrechez fiscal el Gobierno sal¨ªa a sacrificar a los m¨¢s pobres por llenarles los bolsillos a las EPS como hicieron otros gobiernos?¡±, dijo. Seg¨²n Bol¨ªvar, el presidente deber¨ªa volver a presentar su reforma, ahora que la oposici¨®n entendi¨® las consecuencias de rechazarla.

El exsenador petrista deja en evidencia c¨®mo la disputa ideol¨®gica se mete de lleno en la crisis del sistema. El exministro Gaviria, que dirigi¨® la cartera de Educaci¨®n en los comienzos del Gobierno Petro, le ha respondi¨® que su mensaje era un ejemplo de ¡°la venganza indolente¡± como forma de hacer pol¨ªtica. ¡°Si se profundiza la crisis de la salud, si se clausuran m¨¢s servicios, si se cierran cl¨ªnicas, si los pacientes mueren, eso no importa. Es un merecido castigo pol¨ªtico, dicen¡±, escribi¨® en X.

Bol¨ªvar, en tanto, insiste con su argumento de la crisis fiscal. ¡°No es una venganza, es una necesidad. El Gobierno tiene que ahora distribuir el presupuesto de inversi¨®n entre muchos rubros sin tener todo el dinero, y ah¨ª tiene que haber recorte. Los congresistas que negaron ley de financiamiento son los culpables de que el Gobierno no tenga la caja suficiente para ponerle los precios que ustedes necesitan a las UPC¡±, resalt¨®. ¡°La venganza es la de la clase pol¨ªtica contra Petro (...). No perdonan que una persona del pueblo, de abajo, haya llegado a la Presidencia¡±, concluy¨®.