Ocho activistas hondure?os han sido asesinados en 2023: ?Qui¨¦n los protege?

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Un mapa con 23 puntos rojos y varias iniciales en may¨²sculas. Este pedazo de tela blanca es lo ¨²nico que viste la pared de la caseta comunitaria de Simpinula, una aldea en el sur de Honduras de defensores del territorio acostumbrados a la resistencia. En el municipio de La Paz, donde la mayor¨ªa de la poblaci¨®n es lenca, cada punto es una amenaza para quienes se atreven a proteger sus recursos: R por represa hidroel¨¦ctrica; M, por miner¨ªa; B, por bosque vendido... ¡°Cuando lo dibujamos, hace cuatro a?os, el bosque de Marcala a¨²n no estaba cortado¡±, explica V¨ªctor V¨¢squez, l¨ªder ind¨ªgena. A los pies del plano, un tubo y un caj¨®n con peque?os explosivos sirven de alerta. V¨¢squez, detenido por su propio escolta en una manifestaci¨®n en defensa de la tierra, encarna la falta de confianza en las fuerzas p¨²blicas de todo un pueblo: ¡°Si no nos cuidamos nosotros, no nos cuida nadie¡±.

En las palabras de este l¨ªder ind¨ªgena no se lee ni un atisbo de heroicidad. Es m¨¢s una voz infatigable y conocedora de las mil y una amenazas a las que se enfrentan los ambientalistas en Honduras, el quinto pa¨ªs m¨¢s letal del mundo para los activistas. El 16 de diciembre de 2020, una jueza orden¨® una medida de detenci¨®n preventiva de V¨¢squez bajo el delito de ¡°desplazamiento forzado¡± ¨Dun crimen originalmente utilizado para perseguir la extorsi¨®n de las pandillas¨D, tras haber acompa?ado d¨ªas antes una protesta en la comunidad campesina de Nueva Esperanza. Lo acusaban de usurpar territorio ajeno. V¨¢squez llam¨® a su enlace de seguridad otorgado por el Estado de Honduras cuando vio c¨®mo los terratenientes contra los que se manifestaban se armaron. Pero fue este quien lo denunci¨® y quien, tras la orden de la magistrada, lo detuvo. ¡°Estuve diez meses en bartolinas (c¨¢rcel preventiva) y a¨²n me toca ir a firmar quincenal. Como si yo fuera un criminal¡­¡±.

Esta es la ¨²ltima de muchas irregularidades denunciadas por V¨¢squez. Antes de la detenci¨®n, vino el disparo en la rodilla por parte de un polic¨ªa mientras asist¨ªa a un campesino herido en un desalojo forzado en 2017. Y, dos a?os antes, la irrupci¨®n en la comunidad de un hombre en un tractor que destroz¨® tuber¨ªas y lo amenaz¨® con un machete. ¡°Yo no s¨¦ leer ni escribir, pero me las he pasado firmando en Fiscal¨ªas, contestando demandas y poniendo denuncias¡­¡±, cuenta. ¡°Para defender lo que es nuestro no ocupamos ser profesionales¡±.

Simpinula empez¨® a organizarse hace algo m¨¢s de una d¨¦cada. Lo hicieron cuando descubrieron que la comunidad hab¨ªa sido beneficiaria a?os atr¨¢s de un t¨ªtulo comunitario concedido por el Instituto Nacional Agrario que les otorgaba derechos sobre el territorio. Todos supieron entonces que esos derechos tambi¨¦n supondr¨ªan convertirse en el blanco de ataques y amenazas. Joel V¨¢squez es coordinador de la comisi¨®n de juventud y quien documenta qui¨¦n entra y sale de la comunidad, Francisca Castillo se encarga de que las decisiones se tomen con perspectiva de g¨¦nero y todos los hombres de la aldea se turnan a patrullar en parejas cada noche por si toca hacer sonar la alarma.

Aunque al hermano de Joel ¡°casi lo asesinan¡± porque lo confundieron con ¨¦l d¨ªas despu¨¦s de haber testificado a favor de V¨ªctor, nunca obtuvo medidas de protecci¨®n, porque su denuncia nunca trascendi¨®. ¡°Tampoco las quiero. La polic¨ªa son aliados de las personas de los que nos defendemos¡±, narra sentado delante del destartalado ordenador comunitario. El joven de 26 a?os se?ala en la pantalla una de las muchas amenazas que recibieron: ¡°Renco ijo de puta. Te ando siguiendo los pasos, para eso estoy pagado (sic)¡±. Acumula m¨¢s de una decena.

?Qu¨¦ falla con las medidas de protecci¨®n?

Las medidas de protecci¨®n siempre han estado en tela de juicio, sobre todo desde que hace siete a?os le fallaron a Berta C¨¢ceres, la ambientalista asesinada m¨¢s reconocida del pa¨ªs. En lo que va de a?o, ocho l¨ªderes sociales han sido asesinados; el mismo n¨²mero de homicidios a activistas hondure?os registrados en todo 2021. De ellos, cuatro ten¨ªan medidas de protecci¨®n gubernamentales, y dos de ellos las rechazaron porque no confiaban en la polic¨ªa. ¡°Quienes defendemos los bienes naturales le tenemos m¨¢s temor al sistema; polic¨ªas, fiscales, jueces... porque en la ¨²ltima d¨¦cada se han convertido en el brazo opresor a favor de los empresarios extractivistas para doblegar la resistencia de las comunidades¡±, expresa Donald Hern¨¢ndez, director ejecutivo del Centro Hondure?o de Promoci¨®n para el Desarrollo Comunitario (Cehprodec).

Pero, ?por qu¨¦ no funcionan? La pregunta que se repiten una y otra vez los defensores la responden ellos mismos: ¡°No hay presupuesto¡±. Para Leana Corea, oficial de Industrias Extractivas para Oxfam, la respuesta va un poco m¨¢s all¨¢: ¡°Las deficiencias que tiene el mecanismo son las mismas que tienen la mayor¨ªa de organizaciones que trabajan en derechos humanos en Honduras. Y es que se crean por decreto, sin presupuesto, con una alta burocracia y sin puestos realmente que sean de terreno o ejecutores¡±. El mecanismo de protecci¨®n surgi¨® junto a la Ley de Protecci¨®n, aprobada en 2015 y que tambi¨¦n opera para periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Que abarque tan amplio abanico de profesiones es la primera cr¨ªtica que recibe. ¡°Los presupuestos se gastan en veh¨ªculos blindados para abogados en Tegucigalpa. A las comunidades no llega nada¡±, critica Hern¨¢ndez.

La segunda traba es la que vivi¨® Joel y es que se te otorguen las medidas, ya que es necesario haber presentado varias denuncias formales, que el Estado estudie cada caso y que sean concedidas. Y aunque depende del contexto de cada activista, las m¨¢s comunes consisten en una patrulla semanal de media hora y, en raras ocasiones, alg¨²n acompa?amiento. ¡°En este ¨²ltimo caso, es el l¨ªder quien tiene que pagar la alimentaci¨®n del escolta¡±, cuenta Corea. Adem¨¢s, aunque los familiares suelen ser los principales blancos de los ataques, estos no suelen ser beneficiarios directos. Es por ello que la financiaci¨®n de particulares y organizaciones como Oxfam se vuelven el ¨²nico recurso para quienes se ven en peligro. Tras conocer el tema de este reportaje, el Mecanismo de Protecci¨®n de Honduras declin¨® la entrevista con Am¨¦rica Futura. La Secretar¨ªa de Justicia y Derechos Humanos de Honduras tampoco ha respondido la petici¨®n de entrevista.

¡°Hasta ahora, [las medidas de protecci¨®n] no han servido de nada¡±, lamenta Hern¨¢ndez. ¡°Para de verdad protegerlos, nos toca sacar a los activistas amenazados y a sus familias del pa¨ªs con el presupuesto de las organizaciones¡±. El abogado considera que es imprescindible ¡°humanizar el mecanismo¡± y hacerlo m¨¢s cercano a los territorios. Actualmente, ni los l¨ªderes ni las organizaciones tienen constancia de cu¨¢ntos ambientalistas est¨¢n en peligro.

Miner¨ªa en el 70% del pa¨ªs

En Honduras hay 200 municipios con concesiones mineras o hidroel¨¦ctricas; es decir, est¨¢n presentes en un equivalente al 70% del pa¨ªs. De ellas, 82 est¨¢n en territorio ind¨ªgena. ¡°No se realiz¨® ni una sola consulta independiente a las comunidades ind¨ªgenas, aunque est¨¢n obligados a ello¡±, lamenta Corea. Si bien no existe una ley de consulta ind¨ªgena nacional, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Ind¨ªgenas otorga el derecho de participar en las medidas o leyes ¡°susceptibles de afectarles directamente¡±.

Los hondure?os Jairo Bonilla y Aly Dom¨ªnguez fueron los primeros l¨ªderes asesinados en el mundo en 2023. Le siguieron Ricardo Arna¨²l Montero, defensor de la etnia gar¨ªfuna e integrante del Comit¨¦ de Defensa de la Tierra, en la comunidad de Triunfo de la Cruz y Omar Cruz Tom¨¦, presidente de la Cooperativa Los Laureles, y su suegro Andy Mart¨ªnez, a finales de enero. Despu¨¦s sigui¨® el asesinato de Hip¨®lito Rivas, fundador de la Empresa Campesina Gregorio Ch¨¢vez, y su hijo Javier. El ¨²ltimo fue Emerson Mart¨ªnez, de 22 a?os, quien recibi¨® 14 disparos el s¨¢bado 25 de marzo en Tocoa, Col¨®n. El joven era hijastro de Abraham Le¨®n, vocero y representante de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, la misma entidad a la que pertenec¨ªa Cruz Tom¨¦. Todos los asesinatos, a excepci¨®n del de Arn¨¢ul, sucedieron en la zona del Agu¨¢n, un punto caliente desde que en la d¨¦cada de los 70 se puso en marcha la Reforma Agraria y cientos de campesinos empezaron a reclamar su territorio.

Para V¨ªctor Fern¨¢ndez, miembro del Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad, es evidente que detr¨¢s de estos asesinatos est¨¢n involucrados los ¡°grupos econ¨®micos y pol¨ªticos¡±: ¡°A estas alturas, la agroindustria ya ha logrado un nivel de relaci¨®n con la institucionalidad que adem¨¢s de permitirles la violencia, les garantiza impunidad¡±. En ninguno de los asesinatos a ambientalistas de 2022 hay a¨²n procesados. ¡°Hay tres bandas de sicarios denunciadas e identificadas plenamente por la Plataforma Agraria, que trabajan para agroindustriales y otros grupos econ¨®micos violentos. Si hubiera voluntad estatal gubernamental ya hubieran sido desarticuladas¡±, dice Fern¨¢ndez.

Ante esta oleada de violencia en el Agu¨¢n, la Coalici¨®n contra la Impunidad de Honduras asent¨® una Misi¨®n de Observaci¨®n y Solidaridad a finales de marzo. ¡°Nuestra misi¨®n es acompa?ar y apoyar la defensa de su derecho a la tierra, a vivir sin violencia. [...] Estas comunidades est¨¢n siendo agredidas, criminalizadas y asesinadas¡±, dijo la representante de la Coalici¨®n, Gilda Rivera en su inauguraci¨®n. Fern¨¢ndez insiste en que el hueso del problema es la falta de voluntad pol¨ªtica: ¡°El Gobierno sigue con un buen discurso proactivista, pero vive en una contradicci¨®n al condenar las agresiones y los cr¨ªmenes contra ellos mismos. Hace falta que el tema de derechos humanos sea prioridad en el actual Gobierno¡±, a?ade Rivera.