Protestas masivas en Panam¨¢ en rechazo a una concesi¨®n para explotar la mayor mina de cobre de Centroam¨¦rica

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La firma de un contrato ley que da una concesi¨®n por 20 a?os prorrogables a la filial de una empresa canadiense para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroam¨¦rica ha provocado unas in¨¦ditas protestas en Panam¨¢ que han dejado varios heridos, decenas de detenidos, choques entre polic¨ªas y manifestantes y el cierre de carreteras importantes en todo el pa¨ªs. Los gritos de repudio han llegado hasta las puertas del Hotel Marriot de la capital, donde ministros de Ambiente, miembros de ONGs y tomadores de decisiones de la regi¨®n se re¨²nen con motivo de la Semana del Clima de Am¨¦rica Latina y el Caribe.

¡°Cambio clim¨¢tico y miner¨ªa matan¡±, se le¨ªa en una de las pancartas de los manifestantes que se acercaron al evento en rechazo al contrato minero firmado entre el Estado y la empresa Minera Panam¨¢ ¨C subsidiaria de la canadiense Firts Quantum Minerals -, aprobado como ley por el Gobierno de Laurentino Cortizo el viernes pasado. ¡°El documento tiene lesiones al Estado paname?o en pr¨¢cticamente todas sus cl¨¢usulas¡±, critica Raisa Banfield, directora de la Fundaci¨®n Panam¨¢ Sostenible.

Los motivos que m¨¢s indignan a quienes se oponen al proyecto son dos: uno, que el contrato parece haberse hecho a espaldas de la comunidad. La ley fue debatida, aprobada y sancionada por el Gobierno en un tiempo r¨¦cord: solo en tres d¨ªas. Adem¨¢s, seg¨²n cuenta Banfield, no se le permiti¨® a la gente consultar bien el documento desde el principio y antes de que entrara a los debates. ¡°La plataforma no permit¨ªa descargar el documento, tampoco conocer las opiniones que las personas vert¨ªan y mucho menos saber a d¨®nde iba a parar lo que uno pudiera opinar. No es hasta que este documento entra al primer debate en la Asamblea Nacional que, a propuesta del diputado Juan Diego V¨¢squez, se logra establecer una discusi¨®n con la participaci¨®n ciudadana¡±, explica la activista.

Para el abogado y exdiplom¨¢tico Roberto Ruiz D¨ªaz, esto supone una violaci¨®n al Acuerdo de Escaz¨², del que Panam¨¢ es parte. Sobre todo, porque se necesitaba una mayor participaci¨®n ciudadana ante la continuaci¨®n de un proyecto de esta magnitud. Se trata de una mina de cobre de unas 12.000 hect¨¢reas, ubicada en el Caribe paname?o, en la provincia de Col¨®n, sobre el corredor biol¨®gico mesoamericano. Es decir, sobre un ¨¢rea protegida. Aunque la mina ya ven¨ªa operando desde 1997, lo que hizo el Gobierno fue aprobar un nuevo contrato por 20 a?os, que podr¨ªa prolongarse hasta 40.

Por esto tambi¨¦n preocupa su impacto ambiental. ¡°En materia de agua, ellos podr¨¢n desviar, retener y crear sus propios reservorios, desde las fuentes h¨ªdricas naturales, poniendo en riesgo el agua para consumo de la poblaci¨®n aleda?a y, en el futuro, de la posible ampliaci¨®n de las fuentes para el Canal de Panam¨¢¡±, dice Banfield. Adem¨¢s, medios como Bloomberg han encontrado que el proyecto, que operaba con un antiguo contrato, mantiene seis investigaciones en curso por posibles da?os al ambiente, al patrimonio hist¨®rico y a la administraci¨®n p¨²blica, adem¨¢s de haber recibido 11 denuncias. La empresa Minera Panam¨¢ no ha respondido al pedido de Am¨¦rica Futura para comentar al respecto.

Por su parte, Roberto Cuevas, presidente de la C¨¢mara Minera de Panam¨¢ (Camipa), considera que la presencia de la empresa sobre este terreno protegido ha ayudado a su protecci¨®n, pues, asegura, antes de que llegara la compa?¨ªa, el Estado nunca destin¨® recursos para su conservaci¨®n. ¡°No se trata solo de declarar ¨¢reas protegidas, hay que invertir plata para hacerlo¡±, dijo en declaraciones a Am¨¦rica Futura. Adem¨¢s, garantiz¨® que la empresa cuenta con un plan de manejo ambiental con m¨¢s de 100 puntos que deber¨¢ cumplirse a cabalidad y record¨® que hay m¨¢s de 7.500 empleos relacionados con la mina que podr¨ªan perderse si el contrato no se hubiese aprobado.

Una historia de larga data

La relaci¨®n de los paname?os con esta gran mina de cobre, la m¨¢s grande de Centroam¨¦rica a cielo abierto, no es nueva. El primer contrato para activarla se firm¨® en 1997, pero fue demandado por el Centro de Incidencia Ambiental por inconstitucional en 2008. En 2017, la Corte Suprema de Justicia la declar¨® inconstitucional, pero no fue hasta 2021 que esta decisi¨®n fue publicada en la Gaceta Oficial, la plataforma en Panam¨¢ que hace los documentos p¨²blicos y oficiales, tras apelaciones presentadas por abogados de la empresa. Fue durante este periodo, explica Ruiz D¨ªaz, que Minera Panam¨¢ empez¨® a exportar cobre, en 2019.

El nuevo contrato se empez¨® a negociar entre la empresa y el Gobierno en 2022 y no fue hasta marzo de 2023 que la gente lo conoci¨®. ¡°El anterior contrato [el de 1997] s¨ª le daba muchos beneficios a la empresa¡±, comenta Cuevas, explicando que la versi¨®n aprobada es una gran mejor¨ªa. Por ejemplo, le exige a la empresa a pagar impuestos ¨C lo que no ten¨ªa el antiguo ¨C y le impone un plan de cierre y desmantelamiento de minas. Igualmente, acuerda que la empresa le debe dar al Estado, por m¨ªnimo, 375 millones de d¨®lares anuales por explotar la mina as¨ª el precio del cobre caiga, por lo que, seg¨²n c¨¢lculos de Cuevas, en otro escenario puede dejar much¨ªsimo m¨¢s al pa¨ªs.

Pero para muchos sigue trat¨¢ndose de un contrato sobre el que se necesita mayor discusi¨®n, por lo que el nuevo documento, a la fecha, ya tiene tres demandas. ¡°Aqu¨ª no solo se trata de una mina¡±, comenta Serena Vamvas, activista ambiental, ¡°sino sobre si el pa¨ªs quiere abrirle las puertas a las otras 130 concesiones que se est¨¢n tratando de hacer. Es sobre si queremos pasar de ser una econom¨ªa del tr¨¢nsito [con el canal de Panam¨¢], a una extractivista. Y eso lo que hay que contemplar¡±.

En medio de las marchas y las protestas en su contra, el martes, el presidente Cortizo se pronunci¨® sobre el rechazo al proyecto y lo hizo para cargar contra los manifestantes: ¡°Panam¨¢ est¨¢ en pleno proceso de recuperaci¨®n econ¨®mica, pero los cierres de calles afectan la econom¨ªa, impiden llegar a los puestos de trabajo, perturban la tranquilidad de la poblaci¨®n, se pierden citas m¨¦dicas y se dificulta la atenci¨®n de pacientes en riesgo¡±, se?al¨® en un discurso dado a trav¨¦s de los canales de televisi¨®n y replicado en X (antes Twitter). El mandatario tambi¨¦n defendi¨® de nuevo al contrato ley afirmando que salvaguardar¨ªa 9.387 puestos de trabajo y que, el dinero que entrara por este, permitir¨ªa hacer mejores pagos a la poblaci¨®n jubilada y pensionada.

Mientras, las calles siguen en pie de lucha al grito de ¡°Panam¨¢ no se vende¡±. El mi¨¦rcoles, por ejemplo, se sumaron el gremio de m¨¦dicos y los educadores p¨²blicos que suspendieron las clase este jueves y viernes. Los medios locales han reportado escasez de productos en supermercados, fuertes dispositivos de seguridad y el uso de gases lacrim¨®genos para dispersar a los manifestantes.