El juicio de esclavitud moderna de Ecuador contra Furukawa, visto para sentencia: ¡°Necesitamos justicia¡±

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Aunque en Ecuador la esclavitud fue abolida en 1852, centenares de trabajadores de Santo Domingo y Esmeraldas llevan m¨¢s de un lustro denunciando que ellos son el testimonio vivo de que no es as¨ª en la pr¨¢ctica; que ellos son los ¡°esclavizados modernos¡±. Este martes, compartieron sus relatos de explotaci¨®n laboral, trabajo infantil y condiciones de vida ¡°inhumanas¡± ante la Corte Constitucional, frente a los representantes de cinco instituciones del Estado y la empresa Furukawa Plantaciones C.A., una multimillonaria firma japonesa que lleva seis d¨¦cadas en el pa¨ªs cultivando y exportando fibra de abac¨¢. Tambi¨¦n es la compa?¨ªa a la que los demandantes, en su mayor¨ªa afroecuatorianos, reprochan pr¨¢cticas de servidumbre de gleba. Cristian Estrada, uno de los trabajadores de la empresa a quien amputaron una pierna por un accidente laboral no atendido, lament¨® en la audiencia la vulneraci¨®n de sus derechos y el abandono tambi¨¦n del Estado: ¡°Le pido de coraz¨®n que haga justicia, se?ora jueza. Es lo que necesitamos¡±. En aproximadamente un mes, la m¨¢xima corte emitir¨¢ un fallo hist¨®rico: ser¨¢ la primera vez que se pronuncie sobre esclavitud moderna en el pa¨ªs sin opci¨®n a m¨¢s apelaciones.

Antes de tomar el turno de palabra frente a la Corte Constitucional, Walter Klinger les muestra las manos y las piernas a los magistrados. Las cicatrices y las lesiones de cuarenta a?os trabajando para la empresa a¨²n duelen. ¡°Toda mi familia trabaj¨® en Furukawa y todos murieron ah¨ª. Pap¨¢, mam¨¢, hermanos, hijos¡­ Todos¡±, le explica sin titubear. Algunos fallecieron por contaminaci¨®n del agua y otros, seg¨²n explica, por el humo del candil usado en la finca, donde la firma cultiva 2.300 hect¨¢reas de abac¨¢, una planta similar al pl¨¢tano con el que se fabrica papel moneda.

Klinger, que tambi¨¦n perdi¨® gran parte de la visi¨®n como consecuencia de un accidente laboral, exige lo mismo que los otros 338 demandantes, que se unieron en una acci¨®n de protecci¨®n en 2022. Durante la audiencia, la empresa dej¨® claro que la reparaci¨®n, de ser necesaria, deber¨ªa de correr a cuenta del Estado o de los arredatarios (un sistema de terciarizaci¨®n que, seg¨²n ellos, les exime ahora de responsabilidad). Para los diferentes ¨®rganos del Estado presentes, sin embargo, las inspecciones de trabajo fueron ¡°constantes¡± y el acceso a los derechos de la educaci¨®n, vivienda y salud estuvieron garantizados. Datos que la acusaci¨®n pone en entredicho con el censo de los trabajadores sobre la mesa: m¨¢s del 95% de ellos sufr¨ªan pobreza extrema y menos de un 20% sab¨ªa leer y escribir. Las im¨¢genes de las m¨²ltiples investigaciones y los testimonios de decenas de mujeres que dieron a luz a todos sus hijos en la hacienda dan parte tambi¨¦n de la insalubridad de las viviendas y de la vulneraci¨®n a sus derechos de salud.

Furukawa estuvo en la mira desde hace m¨¢s de seis a?os. A partir de una denuncia de extrabajadores en 2018, la Defensor¨ªa del Pueblo inici¨® una investigaci¨®n que determin¨® que en las fincas de la empresa se dieron condiciones de ¡°esclavitud moderna¡± durante casi seis d¨¦cadas. El organismo detall¨® condiciones ¡°infrahumanas¡± de vivienda, trabajo infantil y adolescente y ausencia absoluta de derechos laborales de un censo propio de 1.244 personas. M¨¢s adelante, se iniciaron otras investigaciones, incluyendo una minuciosa investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa, que abri¨® un proceso penal a¨²n en cauce. Paralelamente, se presentaron dos acciones de protecci¨®n, unificando un primer grupo (de 123 personas) representado por la Comisi¨®n Ecum¨¦nica de Derechos Humanos (Cedhu) y un segundo grupo (de 216 personas) representados por la Defensor¨ªa. Ocho de los denunciantes murieron en el proceso sin reparaci¨®n.

La Corte tiene ahora en sus manos la posibilidad de dictar una sentencia hist¨®rica y pionera en materia de esclavitud. ¡°Podr¨¢ servir de precedente para que no vuelva a repetirse nada igual¡±, dice Alejandra Zambrano, abogada de Cedhu, quien expuso la ¡°estrategia¡± de la empresa durante generaciones hasta contar con un patrimonio de m¨¢s de 18 millones de d¨®lares. La abogada apunt¨® en su comparecencia que la forma de operar constaba de cuatro puntos fundamentales: selecci¨®n deliberada de trabajadores vulnerables e iletrados; unas condiciones de vida insalubres y distantes geogr¨¢ficamente de los cascos urbanos; una vida dedicada exclusivamente a la producci¨®n cuyo pago estaba basado en deudas impagables y jornadas de m¨¢s de 10 horas diarias; y un sistema de intermediaci¨®n intencionado para evitar responsabilidades en el futuro. ¡°Esta ha sido siempre la estrategia de la compa?¨ªa, pero pasa por alto que son trabajadores arrendatarios ten¨ªan la misma vulnerabilidad que los dem¨¢s¡±, zanja minutos despu¨¦s de la audiencia.

Esa terciarizaci¨®n o sistema de arrendamiento fue uno de los puntos ¨¢lgidos durante las ocho horas de audiencia, convocada por la jueza Daniela Salazar Mar¨ªn. La defensa de la compa?¨ªa japonesa trat¨® de equiparar la decena de testimonios que comparecieron este martes con ¡°cualquier realidad en la ruralidad ecuatoriana¡±, seg¨²n palabras de Juan Francisco Guerrero del Pozo, abogado de la empresa. ¡°Furukawa lleg¨® a tener conocimiento de los inconvenientes entre sus arrendatarios y los trabajadores de estos, quiz¨¢ fue un conocimiento tard¨ªo y efectivamente entend¨ªa que hab¨ªa un problema relacionado con la condici¨®n de las viviendas y el r¨¦gimen laboral, pero eran empleados de los arrendatarios, no nuestros¡±, dijo. ¡°La compa?¨ªa reconoce que hab¨ªa una falta de control (...) pero hay una distancia enorme para que Furukawa reconozca que su modo de producci¨®n se trate de esclavitud moderna como lo han etiquetado¡±.

¡°?Realmente pod¨ªan elegir?¡±

As¨ª, la defensa trat¨® de sustituir esclavitud por precariedad. ¡°Despu¨¦s de lo que sucedi¨® en 2019 [las primeras denuncias e inspecciones], todos los que producen fibra de abac¨¢ se encuentran bajo la n¨®mina y afiliados a la empresa Furukawa. Y el esquema de arrendamiento, desde el a?o 2019, no ha seguido siendo utilizado¡±.

Preguntado por la libertad de los abacaleros, el gerente general, Adri¨¢n Herrera, fue conciso: ¡°Hay muchas personas que decidieron cambiar de rubro. En mi opini¨®n, han sido libres de escoger su futuro sin problema¡±. Una cita a la que uno de los jueces contest¨®: ¡°Con las condiciones de pobreza y falta de educaci¨®n que ten¨ªan, ?realmente ten¨ªan posibilidad de cambiar de trabajo?¡±.

Por parte de las cinco instituciones del Estado presentes [que inclu¨ªan desde Sanidad hasta Educaci¨®n o Ministerio P¨²blico], la narrativa fue tambi¨¦n la de echar balones fuera. Cada uno de ellos, en sus 25 minutos de intervenci¨®n, sac¨® pecho de pol¨ªticas de control y presencia en la comunidad, siempre posterior a las denuncias. Constantes inspecciones de trabajo, brigadas sanitarias, la educaci¨®n primaria garantizada... Aunque todos ¡°se solidarizan con los afectados¡±, pareciera que de las haciendas de Furukawa, situadas en una de las poblaciones m¨¢s pobres del pa¨ªs, nunca se ausent¨® el Estado. Por lo menos despu¨¦s de 2019. Uno de los reclamos que m¨¢s le achac¨® la abogada particular Sara Castillo: ¡°Lo ¨²nico que le falta es que le tiren flores a la empresa Furukawa. ?D¨®nde estaban antes de las denuncias?¡±. Por ello, la acusaci¨®n pide medidas de reparaci¨®n econ¨®mica, entrega de tierras y pol¨ªticas de no repetici¨®n.

¡°?Por qu¨¦ no negociamos de una vez?¡±

La estrategia de negarlo todo no es nueva. Acercarse a los denunciantes para mediar, tampoco. El pasado 4 de abril, seg¨²n cuentan varios trabajadores de Furukawa y corroboraron este martes en la audiencia, llegaron al campamento del kil¨®metro 33 sobre la 13.00, unos 12 veh¨ªculos con funcionarios del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud acompa?ados por el gerente general Herrera, escoltado por varios miembros de las fuerzas p¨²blicas. De acuerdo a Mar¨ªa Alexandra Guerrero, de 39 a?os, una de las demandantes que estaba presente en el momento, pidieron llegar a un ¡°acuerdo amistoso¡± antes del juicio. ¡°No es la primera vez, a mi marido y a mi cu?ado ya nos intentaron sobornar con 10.000 d¨®lares para no ir a los tribunales¡±, cuenta por tel¨¦fono.

Otro de los abacaleros inform¨® que el gerente general les dijo: ¡°?Por qu¨¦ no conversamos y negociamos de una vez? En esa audiencia no va a pasar nada, est¨¢n pasando tiempo por gusto¡±. Para Zambrano, este es un acto de deslealtad procesal: ¡°Siempre han intentado invitarlos a supuestos acuerdos donde por a?os de vida de trabajo les quieren entregar 100, 200 o 1.000 d¨®lares. Quieren proponer arreglos y enga?os cuando lo ¨²nico viable es hablar de reparaciones. Estas solo se hablar¨¢n en los juzgados¡±. Acusaciones que desmintieron los implicados.

Fuera de la Corte Constitucional, unas 100 personas se acumularon con rosas blancas, tambores, velas y el grito de: ¡®?Justicia, justicia, afuera Furukawa!¡¯. ¡°Ecuador no pone atenci¨®n a los derechos del otro, y si me matan por decir esto que me maten, porque me da verg¨¹enza vivir en ese pa¨ªs. ?Furukawa nunca m¨¢s, carajo!¡±, dijo una de las mujeres presentes. A Susana Qui?onez, de 63 a?os, una de las voces de resistencia m¨¢s fuertes del movimiento, tambi¨¦n se le desgarraba la voz pidiendo justicia: ¡°Hemos sido abacaleros olvidados porque no hemos tenido reparaci¨®n. En las fincas no ha habido una escuela, un hospital, una c¨¦dula¡­ Nos robaron la ni?ez, nos robaron todo. Le pedimos al Estado que no se olvide del campesinado. S¨ª, no sabemos leer, pero por eso no van a vulnerar nuestros derechos¡±.