La ONU da la raz¨®n a las peruanas v¨ªctimas de esterilizaciones forzadas de la ¨¦poca de Fujimori

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¡°La pol¨ªtica de esterilizaci¨®n forzada, implementada en Per¨² durante los a?os 1990s constituy¨® una forma de violencia basada en el sexo y discriminaci¨®n interseccional, particularmente contra mujeres ind¨ªgenas, rurales y mujeres econ¨®micamente desfavorecidas¡±. Con esta rotundidad se pronunci¨® este mi¨¦rcoles el Comit¨¦ de las Naciones Unidas para la Eliminaci¨®n de la Discriminaci¨®n contra la Mujer (Cedaw) en un fallo hist¨®rico que exige al Estado peruano que acelere las investigaciones al respecto, que ¡°proporcione compensaci¨®n financiera y apoyo psicol¨®gico y ponga en marcha un programa integral de reparaciones para las v¨ªctimas¡±. Para algunas de las afectadas, como Mar¨ªa Elena Carbajal, una de las cinco demandantes en este caso, hoy es un d¨ªa ¡°muy gratificante¡±. ¡°Esto es una respuesta para quienes nos tildaron de mentirosas y dijeron que denunci¨¢bamos por dinero. Hoy siento que volv¨ª a vivir¡±.

Este fallo se produce tras revisar una denuncia conjunta presentada por otras cuatro mujeres, adem¨¢s de Carbajal -Gloria Basilio Huam¨¢n, Florentina Loayza C¨¢rdenas, Rosa Loarte Sobrado y Elena Rojas Caballero- que fueron esterilizadas sin consentimiento o a la fuerza entre 1996 y 1997 como parte de una pol¨ªtica de control de natalidad dirigida por el Estado en Per¨², bajo el mandato del aut¨®crata recientemente fallecido Alberto Fujimori. Despu¨¦s de cuatro a?os de investigaci¨®n y tres d¨¦cadas desde las primeras esterilizaciones, el Comit¨¦ tambi¨¦n concluy¨® que Per¨² no cumpli¨® con su obligaci¨®n de investigar debidamente estas violaciones ni de compensar adecuadamente a las m¨¢s de 325.000 v¨ªctimas, en su gran mayor¨ªa mujeres quechuahablantes y de entornos empobrecidos. Muchas, incluso, analfabetas.

Actualmente, hay otros cinco procesos judiciales en curso. Uno frente a la Fiscal¨ªa peruana -con m¨¢s de 1.300 casos y otros 2.000 pendientes de ser incluidos-, tres ante el Comit¨¦ para la Eliminaci¨®n de la Discriminaci¨®n Racial, otro ante la Cedaw y uno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡°Es una sentencia hist¨®rica, porque es el ¨²nico que se ha emitido en esta materia hasta el momento¡±, cuenta al tel¨¦fono Leticia Bonifaz, experta independiente de la Cedaw. Aunque los dem¨¢s tribunales no tienen porqu¨¦ fallar en sinton¨ªa, este es un precedente s¨®lido y contundente. Bonifaz insiste en que las exigencias del Comit¨¦ son de obligatorio cumplimiento.

Algo que el Estado ha puesto en entredicho. Por una parte, la defensa aleg¨® que el protocolo facultativo que firm¨® Per¨² con el Comit¨¦ (que hace vinculante el fallo) se firm¨® a?os despu¨¦s de ser cometidos los hechos. Sin embargo, Bonifaz explica que parte de lo que est¨¢ afirmando el Comit¨¦ es que no se repar¨® el da?o, un hecho posterior a la firma del protocolo. Otro de los argumentos del Estado para tratar de desacreditar el caso ha sido la improcedencia de que un organismo que vela por los derechos de las mujeres se pronuncie en un caso que tambi¨¦n afect¨® a hombres. Bonifaz se?ala que el n¨²mero desproporcionado de mujeres afectadas y la naturaleza de la intervenci¨®n y los riesgos quir¨²rgicos asociados lo convierten en un tema de violencia basada en g¨¦nero. ¡°Es una violaci¨®n sistem¨¢tica de los derechos humanos a una poblaci¨®n espec¨ªfica. Fue una limpieza racial, porque alegaron querer combatir la pobreza impidiendo que se reproduzca un grupo espec¨ªfico de mujeres. No puede caer en el olvido lo que hizo Fujimori¡±, concluye.

Mar¨ªa Elena Carbajal tampoco est¨¢ dispuesta a olvidar. Ella fue v¨ªctima a los 26 a?os, el 18 de septiembre de 1996. Tras dar a luz a su cuarto hijo en un hospital lime?o, las enfermeras escondieron al reci¨¦n nacido y le dieron una sola opci¨®n: ¡°O te ligas las trompas o no lo vuelves a ver¡±, recuerda a¨²n aterrada. Despu¨¦s de la operaci¨®n y de contarle a su marido lo sucedido, ¨¦ste la despreci¨® dici¨¦ndole que seguro que hab¨ªa sido una decisi¨®n de ella ¡°para estar con otros hombres¡± y la dej¨®. ¡°Sent¨ª mucha verg¨¹enza. Tard¨¦ casi 20 a?os hasta descubrir que ni era mi culpa ni hab¨ªa sido yo sola¡±, narra por llamada una de las voces m¨¢s cr¨ªticas de la Asociaci¨®n de V¨ªctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima y Callao. ¡°Fue terrorismo. Los m¨¦dicos afilaban cuchillos como si fueran a matar un ternero. Arrasaron con las mujeres, con todas las que pudieron. Siempre se ha dicho que s¨®lo esterilizaron a mujeres de la sierra o selva, pero soy un caso de muchos otros que sucedieron en Lima¡±. Actualmente, Carbajal padece varias patolog¨ªas asociadas con este episodio. ¡°Nos tienen que reparar, nos lo deben¡±.

Son tantos los testimonios como los de Carbajal, que para Mar¨ªa Esther Mogoll¨®n, asesora de la Asociaci¨®n de Mujeres peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef), la rotundidad de la Cedaw es como si la justicia las viera por primera vez. ¡°Llevamos 25 a?os buscando verdad, justicia y reparaci¨®n. Este fallo nos acerca un poco m¨¢s a ello. Hemos esperado demasiado; el Estado peruano tiene una deuda con las mujeres¡±, narra por tel¨¦fono. Si bien para la peruana la muerte de Alberto Fujimori antes de la reparaci¨®n efectiva fue un varapalo, no las hizo desistir. ¡°A¨²n quedan [Eduardo] Yong Motta, [Marino Costa] Bauer y [Alejandro] Aguinaga [los tres exministros de la cartera de Salud]. Y queda mucho que el Gobierno actual puede hacer para que el acceso a las mujeres a la salud sea efectivo¡±, zanja. ¡°Las secuelas f¨ªsicas y psicol¨®gicas son horribles y ninguno de los Gobiernos que vinieron despu¨¦s de Fujimori, de derechas y de izquierdas, han hecho nada¡±. La sociedad peruana, a?ade, ¡°todav¨ªa se desenvuelve en el manto de racismo y discriminaci¨®n y las instituciones abonan estos prejuicios¡±. Sin embargo, dice, el fallo les da esperanza.

El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificaci¨®n familiar, impulsado por Fujimori entre 1996 y 2001, esteriliz¨® a al menos 300.000 mujeres y 25.000 varones. Aunque es dif¨ªcil conocer exactamente el n¨²mero de las intervenciones que no fueron informadas correctamente o fueron simplemente impuestas, la estimaci¨®n de las acad¨¦micas ronda el 90%. Este porcentaje de mujeres accedi¨® al quir¨®fano, seg¨²n la Fiscal¨ªa, ¡°bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos, sin que fueran debidamente informadas¡±. Mogoll¨®n, una de las asesoras que recibi¨® los primeros 248 testimonios del caso ante la Fiscal¨ªa, recuerda relatos ¡°espantosos¡±: ¡°A quienes se negaban, las ataban a una cama. Muchas nos han contado que ve¨ªan a otras mujeres reci¨¦n operadas sangrando en el piso¡±. De acuerdo a las estimaciones de Ampaef, al menos unas 60 mujeres han fallecido en estos 25 a?os por causas vinculadas a la esterilizaci¨®n.

¡°Hechos generalizados y sistem¨¢ticos¡±

En el fallo, el Comit¨¦ hizo constar que estos hechos ¡°generalizados y sistem¨¢ticos¡±, constituyen un crimen de lesa humanidad seg¨²n el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero el 9 de agosto de 2024, el Estado peruano promulg¨® una ley que impide la persecuci¨®n de estos cr¨ªmenes cometidos antes del 1 de junio de 2002. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha instado al Estado a anular dicha ley, ya que contraviene el derecho internacional, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tambi¨¦n emiti¨® una declaraci¨®n se?alando que la norma ¡°contraviene las obligaciones del pa¨ªs en virtud del derecho internacional¡±.

¡°El Estado tiene que cumplir sus obligaciones y reconocer las medidas terroristas durante el fujimorismo¡±, espeta Mogoll¨®n. ¡°La justicia que tarda no es justicia. Y llevamos mucho esperando¡±, concluye por su parte Carvajal.