La financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, el lado oscuro de la democracia uruguaya

A casi un a?o de las elecciones generales, los partidos pol¨ªticos uruguayos no han llegado a un acuerdo para modificar la regulaci¨®n de su financiamiento interno y de los dineros volcados en las campa?as electorales. En el Parlamento funciona una comisi¨®n especial que estudia este asunto desde 2020, pero hasta el momento no ha arrojado resultados concretos. El calendario apremia y aumenta la preocupaci¨®n entre los expertos, que advierten sobre el avance del crimen organizado en la regi¨®n y su incursi¨®n en la pol¨ªtica. Que eso suceda en Uruguay, reconocen los propios pol¨ªticos, es un ¡°peligro latente¡± que ¡°golpea cerca¡±.

En Uruguay, la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos est¨¢ regida por una ley del a?o 2009, que establece las cantidades de dinero que recibir¨¢n del Estado y regula las donaciones del ¨¢mbito privado. El subsidio p¨²blico es hist¨®rico, se remonta a 1928. Los partidos reciben determinados montos por los votos obtenidos y tambi¨¦n financiamiento permanente. ¡°Toda la discusi¨®n que tenemos hoy es sobre la financiaci¨®n privada¡±, dice a EL PA?S Daniel Chasquetti, doctor en Ciencia Pol¨ªtica, investigador de sistemas electorales y partidos pol¨ªticos.

El polit¨®logo se?ala que la ley de 2009 incorpor¨® una regulaci¨®n sobre el financiamiento privado, con determinadas normas para la recepci¨®n de donaciones. Las empresas pueden donar, pero tienen l¨ªmites y hay prohibiciones. Las fundaciones internacionales, por ejemplo, no pueden hacer donaciones. Asimismo, la ley establece el procedimiento para rendir cuentas, con plazos para la presentaci¨®n de declaraciones juradas. Y le encarga a la Corte Electoral, organismo p¨²blico aut¨®nomo, fiscalizar su cumplimiento. ¡°Es ah¨ª donde el modelo est¨¢ fallando¡±, afirma Chasquetti.

¡°A partir de investigar las elecciones de 2009, 2014 y 2019, sabemos que las declaraciones juradas de los partidos dejan mucho que desear. Hay una subdeclaraci¨®n, que est¨¢ establecida como una pr¨¢ctica permanente y genera gran desconfianza¡±, contin¨²a el polit¨®logo. Lo ejemplifica con un caso ocurrido en una de las ¨²ltimas elecciones: ¡°El Hotel Conrad de Punta del Este don¨® dinero a los tres partidos [Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio] y los tres declararon distintas sumas. Entonces el gerente de marketing del hotel hizo una conferencia de prensa para explicar que le hab¨ªan dado la misma cantidad a los tres¡±.

La Corte Electoral, encargada de la fiscalizaci¨®n, ¡°es una instituci¨®n sobrecargada de tareas¡±, dice Chasquetti, y nunca cre¨® un departamento o divisi¨®n interna para ocuparse de este asunto. A diferencia de otros pa¨ªses que tienen un Tribunal Electoral y adem¨¢s un Servicio Electoral que organiza la elecci¨®n, en Uruguay las dos funciones corren por cuenta de la misma instituci¨®n. Para controlar el cumplimiento de la ley de 2009, indica, la Corte Electoral cuenta solamente con dos contables. El Tribunal Electoral de Costa Rica, ejemplifica Chasquetti, tiene una unidad especializada con m¨¢s de setenta funcionarios, de los cuales el 75% son abogados y contables.

El crimen organizado y el narcotr¨¢fico ¡°pegan cerca¡±

¡°Las balas del crimen organizado y del narcotr¨¢fico pegan cerca¡±, dijo recientemente el alcalde de Canelones (sur del pa¨ªs), Yamand¨² Orsi, a VTV Noticias. Orsi, precandidato a presidente por el izquierdista Frente Amplio (FA), se?al¨® que los partidos pol¨ªticos ¡°tienen que cuidarse un poco m¨¢s¡±, porque un d¨ªa s¨ª y otro tambi¨¦n llegan noticias ¡°que tienen que ver con una forma de crimen organizado que golpea cerca¡±. En ese sentido, el alcalde hizo referencia, entre otros, al sonado caso protagonizado por Sebasti¨¢n Marset, narcotraficante uruguayo pr¨®fugo de la justicia, se?alado como l¨ªder del Primer Cartel Uruguayo. Y agreg¨®: ¡°El sistema pol¨ªtico se debe reglas m¨¢s claras de financiamiento, que ojal¨¢ en alg¨²n momento lo podamos concretar¡±.

En 2018, la bancada del Frente Amplio present¨® un proyecto de ley para actualizar la norma de 2009, pero no reuni¨® los votos suficientes para aprobarlo. Entre otras disposiciones, el proyecto preve¨ªa prohibir las donaciones de empresas y permitir solamente los aportes de personas f¨ªsicas. ¡°Eso dar¨ªa transparencia, se sabr¨ªa qui¨¦n aporta y cu¨¢nto aporta. En el caso de un colectivo [empresa] no sabemos nunca del todo c¨®mo est¨¢ integrado¡±, dice a EL PA?S Carlos Varela, legislador del FA. Seg¨²n Varela, actualmente es dif¨ªcil saber exactamente de d¨®nde proviene el dinero en todos los casos, porque la Corte Electoral ¡°no puede ejercer el control de forma eficiente¡±.

El proyecto que naufrag¨® en 2018 sirvi¨® como base para el trabajo de la comisi¨®n especial que discute el tema en el Parlamento desde 2020. Desconforme con el texto del FA, la coalici¨®n gobernante de centroderecha indic¨® que presentar¨ªa un proyecto alternativo, pero tres a?os despu¨¦s eso no ha ocurrido. Conrado Rodr¨ªguez, legislador del Partido Colorado integrante de la coalici¨®n, explica a este diario que tienen previsto negociar un nuevo articulado y presentar un anteproyecto en las pr¨®ximas semanas. Entre sus propuestas, afirma, figura la de establecer una ¡°colaboraci¨®n preceptiva¡± del Tribunal de Cuentas con la Corte Electoral, para llevar un control m¨¢s riguroso sobre el financiamiento de los partidos.

Rodr¨ªguez discrepa con la propuesta de no permitir a las empresas hacer donaciones. ¡°Pretenden prohibirles donar a las empresas, pero no se lo proh¨ªben a los empresarios. ?Cu¨¢l es la diferencia?¡±, pregunta. Salvando esta y otras discrepancias, el legislador cree que a¨²n est¨¢n a tiempo de lograr un consenso, aprobar la ley y aplicarla en el proceso electoral del a?o que viene. Rodr¨ªguez reconoce que los partidos pol¨ªticos ¡°tienen que estar en guardia¡± para que el narcotr¨¢fico u otras organizaciones delictivas no penetren en la pol¨ªtica y en el financiamiento de las campa?as. ¡°Creo que Uruguay es un poco distinto al resto de los pa¨ªses, por la fortaleza de sus instituciones y de sus partidos pol¨ªticos. Pero es un peligro latente y no puedo decir que no pueda ocurrir¡±, a?ade.

Para el frenteamplista Varela, existen ¡°se?ales de alerta¡± vinculadas al narcotr¨¢fico y al lavado de dinero que se deber¨ªan atender. ¡°Es imprescindible que el sistema pol¨ªtico se adelante a problemas que lo pueden alcanzar en cualquier momento¡±, afirma. Menciona el caso del narco Sebasti¨¢n Marset y tambi¨¦n a Julio Deal Barrios, narcotraficante uruguayo detenido a finales de agosto en Bolivia. Deal Barrios ha sido un ¡°ac¨¦rrimo simpatizante del Partido Nacional¡±, con manifiesto inter¨¦s de invertir en Uruguay, seg¨²n inform¨® Montevideo Portal. ¡°Esto no es una acusaci¨®n al Partido Nacional, le puede pasar al Frente Amplio. Pero es un llamado de alerta para todos¡±, dice.

¡°Hay mucho dinero en juego y el dinero es el veneno para la democracia¡±, dice Chasquetti, citando al tambi¨¦n polit¨®logo Adam Przeworski. Hay estudios que muestran que Uruguay no solamente participa del negocio del narco como un pa¨ªs de paso y salida de droga, a?ade el polit¨®logo, sino que adem¨¢s es un lugar preferido para lavar dinero. ¡°Somos conscientes del riesgo, pero por falta de previsi¨®n esta legislatura tampoco pudo lograr un cambio¡±, agrega. Para Chasquetti, la ¨²nica forma de llegar a una soluci¨®n positiva es que haya un esc¨¢ndalo, como ocurri¨® en Chile o en Costa Rica. Frente al esc¨¢ndalo y la falta de legitimidad, asegura, los partidos pol¨ªticos se comprometen y se atan las manos. ¡°Este es lado oscuro de la democracia uruguaya, que funciona bien en muchos aspectos, pero en este asunto tiene un debe enorme y preocupante¡±, concluye.