Human Rights Watch pide a Noboa poner fin al control militar en las prisiones por violaciones a los derechos humanos

Human Rights Watch (HRW) ha dibujado un panorama tenebroso en el interior de las c¨¢rceles ecuatorianas, ahora mismo en manos de los militares. En una carta dirigida al presidente Daniel Noboa, la organizaci¨®n ha denunciado que se han producido varias detenciones arbitrarias, una aparente ejecuci¨®n extrajudicial y muchos casos de malos tratos que pueden equivaler a tortura. La ONG asegura que las fuerzas de seguridad han cometido violaciones a los derechos humanos tras el decreto del mandatario que el pasado 9 de enero declar¨® un conflicto armado interno, una medida que facilit¨® que el Ej¨¦rcito tomara el control de los presidios. La carta est¨¢ firmada por Juanita Goebertus Estrada, directora para las Am¨¦ricas de HRW, quien hab¨ªa alertado que autorizar el uso de la fuerza letal como primera opci¨®n abre la puerta a graves abusos cometidos con impunidad. Ahora, Goebertus pide que los militares dejen de ocuparse de los presidios.

¡°Al parecer, un gran n¨²mero de personas arrestadas nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez¡±, detalla Goebertus. Esto ha ocurrido a pesar de que la Polic¨ªa y el Ej¨¦rcito est¨¢n obligados a informar a los fiscales sobre las detenciones que llevan a cabo. ¡°Muchas personas parecen haber sido detenidas durante breves per¨ªodos de tiempo fuera del proceso legal y sometidas a reprimendas, palizas u otros tratos degradantes por parte de soldados y polic¨ªas¡±, se?ala el documento. La ONG tambi¨¦n observa que son limitados los avances para llevar ante la justicia a los responsables de abusos. ¡°De los 9.000 detenidos reportados a finales de febrero, la Fiscal¨ªa dijo que solo recibi¨® 494 informes¡±. De estos, el Ministerio P¨²blico abri¨® un expediente de investigaci¨®n previa sobre 339 casos y los jueces dictaron solo cuatro sentencias condenatorias, todas en casos de presunta flagrancia.

La ONG tambi¨¦n describe la situaci¨®n al interior de las c¨¢rceles que est¨¢n bajo el control de las Fuerzas Armadas: ¡°Los soldados parecen ser responsables de m¨²ltiples casos de malos tratos y algunos casos de tortura en prisi¨®n¡±. Este peri¨®dico public¨® testimonios de los presos de la penitenciar¨ªa de Guayaquil, la prisi¨®n m¨¢s peligrosa del pa¨ªs, en los que relatan las vejaciones a las que son sometidos desde que los uniformados est¨¢n al interior de las prisiones. ¡°Los militares nos pegan ni bien entramos. Usan l¨¢tigo, cable, palo o tubo de ca?er¨ªa de agua¡±, describi¨® Luis cuando sali¨® de prisi¨®n. En algunas ocasiones, cont¨® el joven de 25 a?os, seleccionan a algunos presos, los sacan de las celdas para llevarlos a una caseta y continuar con los golpes. ¡°Nos hac¨ªan submarino (waterboarding)¡±, dice el hombre, una forma de tortura. ¡°Te tiran al piso, te ponen un trapo en la cara y te echan agua¡±, a?adi¨®.

La organizaci¨®n de derechos humanos le pide al Gobierno tomar varias medidas para prevenir nuevas violaciones de ese tipo. ¡°Poner fin al control militar sobre las prisiones y comprometerse con una reforma del sistema penitenciario que aborde problemas de larga data¡±. Le se?ala algunas: el hacinamiento, los retrasos en la tramitaci¨®n de las prestaciones penitenciarias, el acceso limitado a los servicios b¨¢sicos, la falta de programas reales de rehabilitaci¨®n social y el peque?o n¨²mero y mala formaci¨®n de los guardias penitenciarios.

HRW condena adem¨¢s que el Ej¨¦rcito haya mantenido a los detenidos incomunicados desde la vigencia del conflicto armado interno. Eso ha sido un obst¨¢culo para que los presos tengan acceso a asistencia m¨¦dica y en ocasiones a su derecho a consultar con abogados. En este periodo de aislamiento, el Gobierno de Noboa incluso ha tomado muestras de ADN a los presos -en secreto- para elaborar un censo penitenciario que no fue comunicado. La idea era crear un banco de perfiles gen¨¦ticos que ayudasen a su identificaci¨®n en caso de muerte violenta. Los polic¨ªas y militares a cargo del proceso ten¨ªan la instrucci¨®n de convencer a los detenidos de que no consulten con su abogado y que creyesen que el procedimiento formaba parte de la rutina carcelaria. Tras la publicaci¨®n de EL PA?S, la toma de muestras se suspendi¨®.

Pero las evidencias de abusos contin¨²an sum¨¢ndose con el paso de los d¨ªas. Tras las ¨²ltimas protestas de familiares que exigen al Estado que se les entregue alimentos a los detenidos y tener informaci¨®n sobre lo que pasa en las c¨¢rceles, los militares permitieron el ingreso de los abogados para hablar con sus defendidos. Pero ellos impusieron el l¨ªmite de tiempo. A la abogada Paulina Reyes, quien logr¨® ingresar a la c¨¢rcel de Cotopaxi, la obligaron a salir despu¨¦s de cinco minutos con su cliente. Tras protestar, la mujer fue detenida por los militares y procesada frente a un juez, quien la dej¨® en libertad por no encontrar pruebas del supuesto delito de agresi¨®n a la autoridad que denunciaban los militares.

A la ONG le preocupa que el presidente Noboa, en lugar de tomar medidas para evitar detenciones abusivas, haya respaldado p¨²blicamente a las fuerzas de seguridad y haya acusado de ¡°antipatri¨®tico¡± a un juez que encontr¨® violaciones de derechos humanos en las c¨¢rceles. Una cr¨ªtica similar la extiende al Legislativo. sus miembros anunciaron que estaban dispuestos a aprobar una amnist¨ªa o un indulto ¡°cuando sea necesario para garantizar el trabajo¡± de la Polic¨ªa y el Ej¨¦rcito. ¡°Dicha legislaci¨®n podr¨ªa violar la obligaci¨®n que tiene Ecuador bajo el derecho internacional de derechos humanos de investigar, procesar y castigar violaciones de derechos humanos¡±, le recuerda HRW a los legisladores. ¡°La propuesta es un mensaje preocupante que invita a las fuerzas de seguridad a cometer violaciones con impunidad.

Adem¨¢s, HRW concluye que el Gobierno de Noboa no ha presentado pruebas suficientes para que se considere que existe un conflicto armado interno no internacional. Algo que la Corte Constitucional de Ecuador tambi¨¦n ha llamado la atenci¨®n del Ejecutivo por no proporcionar informaci¨®n suficiente para justificar la existencia de una guerra interna. El Gobierno ecuatoriano a¨²n no se pronuncia al respecto.

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