Elecci¨®n popular de jueces en Bolivia: un sistema que facilita la politizaci¨®n y no garantiza la calidad de la justicia

El 1 de diciembre, con un a?o de retraso, los bolivianos ir¨¢n a las urnas para elegir por tercera vez a 26 altos cargos del poder judicial, los que dirigen el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental. La novedad es que esta vez las elecciones cuentan con el respaldo de la oposici¨®n al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, responsable de la reforma constitucional que introdujo el voto popular para seleccionar a los encargados del ?rgano Judicial, como se llama en Bolivia al poder judicial. Anteriormente, los opositores hab¨ªan pedido anular el voto para expresar su rechazo al sistema. La oposici¨®n ahora destaca que al menos se cumplir¨¢ la fecha electoral, un avance frente a lo que describen como un intento del Gobierno de Luis Arce de escamotear el derecho de los ciudadanos a elegir.

Seg¨²n la oposici¨®n, una coalici¨®n entre parlamentarios oficialistas y el Tribunal Constitucional impidi¨® con maniobras parlamentarias y jur¨ªdicas que las elecciones judiciales se realizaran en 2023, como estaba establecido. Esta deriva se hizo inevitable en el momento en que el MAS se dividi¨® en dos partes, cada una leal a uno de sus dos l¨ªderes, Evo Morales y Luis Arce, y la mayor¨ªa parlamentaria se disolvi¨®. La Constituci¨®n establece que la lista de candidatos al ?rgano Judicial, en total 139, reciba el voto a favor de dos tercios de la Asamblea Legislativa.

Por la postergaci¨®n de las elecciones, los magistrados de la anterior gesti¨®n alargaron un a?o m¨¢s su mandato, por medio de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. La legitimidad de las decisiones que tomaron en este tiempo est¨¢ siendo cuestionada y no se sabe si en el futuro estos fallos ser¨¢n impugnados por quienes los consideren contrarios a sus derechos.

Despu¨¦s de conflictos de todo tipo, se produjo un acuerdo entre las fuerzas parlamentarias y los tribunales dejaron de aceptar los recursos en contra de las elecciones, por lo que pudo salir la convocatoria a las urnas del 1 de diciembre. Se pensaba que, junto con las elecciones judiciales, habr¨ªa un referendo convocado por el presidente Arce, pero como las autoridades no han cumplido los procedimientos en el tiempo requerido, el mismo ha quedado postergado.

La elecci¨®n de jueces mediante el voto ha enfrentado todo tipo de problemas en Bolivia. En las dos que ha habido hasta ahora en el pa¨ªs (2011 y 2017), los votos nulos y blancos han sido m¨¢s numerosos que los efectivamente entregados a los candidatos. En la primera ocasi¨®n, ascendieron a casi el 60% y en la segunda, al 66% de los votos emitidos. Esto ha impedido que se cumpliera la principal raz¨®n por la que este m¨¦todo se adopt¨® en la Constituci¨®n boliviana de 2009, que era aumentar la legitimidad y, por tanto, la independencia de las autoridades judiciales.

La elevada anulaci¨®n de votos se debi¨® al desconocimiento de los candidatos por parte del electorado, que tienen prohibido hacer campa?a, y tambi¨¦n a los llamados de la oposici¨®n a boicotear los comicios y as¨ª bloquear lo que consideraban una ¡°captura¡± pol¨ªtica de los tribunales. Un comunicado publicado en 2017 por la alianza de los principales partidos opositores se?alaba: ¡°Un camino con un resultado predeterminado, la instalaci¨®n de una mayor¨ªa de ciudadanos afines o militantes del MAS en la c¨²pula de nuestro sistema judicial¡±.

Bolivia no elige por voto a todos los jueces, solo a los 26 principales cargos judiciales, los que dirigen el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental. Los candidatos deben ser mujeres en un 50% y tener identidad ind¨ªgena ¡ªal menos un ind¨ªgena en cada instituci¨®n¡ª.

Los candidatos son seleccionados por la Asamblea Legislativa mediante un procedimiento que cambi¨® entre 2011 y 2017, para evitar que fuera puramente pol¨ªtico. La segunda vez intervinieron las facultades de Derecho y examinaron por escrito a los aspirantes. La innovaci¨®n sirvi¨® de poco, porque algunas universidades boicotearon la medida, mientras que las que participaron eran tan numerosas que no lograron elaborar un cuestionario bien fundamentado. Adem¨¢s, los parlamentarios, que estaban encargados de entrevistar oralmente a los postulantes, inflaron las calificaciones de algunos en esta fase para compensar sus bajos resultados en el examen escrito. Al final, en las dos ocasiones, el MAS impuso a la mayor¨ªa de los candidatos.

La mayor recriminaci¨®n contra el m¨¦todo de elecci¨®n de los magistrados por voto popular es no haber logrado un cambio en la administraci¨®n de la justicia, que sigue siendo cuestionada por organismos nacionales e internacionales especializados a causa de su politizaci¨®n y su alta corrupci¨®n.

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