Las elecciones judiciales en Bolivia que L¨®pez Obrador quiere para M¨¦xico: de la politizaci¨®n al conflicto entre poderes

La Constituci¨®n boliviana, redactada por una Asamblea Constituyente y aprobada en 2009, se?ala que los 26 magistrados del Consejo de la Judicatura, y de los tribunales Constitucional, Agroambiental y de Justicia, son ¡°elegidos mediante sufragio universal¡±, que en Bolivia es obligatorio. La Asamblea Legislativa Plurinacional realiza por dos tercios de sus miembros presentes ¡°la preselecci¨®n de los postulantes por cada departamento¡± y remite al ?rgano Electoral ¡°la n¨®mina de los precalificados para que este proceda a la organizaci¨®n, ¨²nica y exclusiva, del proceso electoral¡±.

Las elecciones deben realizarse cada seis a?os y los magistrados no pueden ser reelectos, aunque esto ha variado por una decisi¨®n ¨²ltima del Tribunal Constitucional; ahora pueden reelegirse pero en un puesto dentro de un tribunal en el que no hubieran estado previamente. Tambi¨¦n se ha permitido, en contra de la letra de la Constituci¨®n, que pertenezcan a organizaciones pol¨ªticas.

Las recientes elecciones mexicanas han puesto el foco en el sistema boliviano de elecciones judiciales -¨²nico en Am¨¦rica Latina- porque Morena, el partido del presidente actual, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, y de la electa, Claudia Sheinbaum, ha logrado una mayor¨ªa calificada en el Congreso, que le permitir¨ªa aprobar las reformas que tiene pendientes, incluida la del Poder Judicial, que contempla que los jueces, ministros y magistrados puedan ser electos por voto popular.

Requisitos

Est¨¢ prohibido que los postulantes o terceros en su nombre realicen campa?as electorales, bajo sanci¨®n de inhabilitaci¨®n. El ?rgano Electoral es el ¨²nico responsable de difundir los m¨¦ritos de los candidatos. Son elegidos los que obtengan mayor¨ªa simple de votos. Para optar a las magistraturas, se necesita cumplir con los requisitos generales establecidos para los servidores p¨²blicos: haber cumplido 30 a?os de edad, poseer t¨ªtulo y experiencia de ocho a?os como abogado y se valora a la postulaci¨®n de las autoridades de la justicia comunitaria ind¨ªgena. Los candidatos deben ser mujeres en un 50% y tener identidad ind¨ªgena ¨Cal menos uno en cada instituci¨®n¨C.

La forma en que se realiz¨® la preselecci¨®n en 2011 fue considerada poco acad¨¦mica, as¨ª que para las elecciones de 2017 intervinieron las facultades de Derecho y examinaron por escrito a los aspirantes. La innovaci¨®n sirvi¨® de poco, porque algunas universidades boicotearon la medida mientras que las que participaron eran tan numerosas que no lograron elaborar un cuestionario bien fundamentado. Adem¨¢s, los parlamentarios, que estaban encargados de entrevistar oralmente a los postulantes, inflaron las calificaciones de algunos en esta fase para compensar sus bajos resultados en el examen escrito.

El trabajo de inhabilitaci¨®n por incumplimiento de los requisitos y de calificaci¨®n de los postulantes est¨¢ encomendado a comisiones mixtas de senadores y diputados. Para la votaci¨®n definitiva en el pleno, las calificaciones que se hubieran obtenido solo sirven de referencia y no son vinculantes.

Conflicto de poderes y bloqueo

Bolivia es el ¨²nico pa¨ªs de Latinoam¨¦rica que cuenta con este mecanismo. Ha habido intentos de cambiar el procedimiento para evitar que fuera puramente pol¨ªtico, porque, al final, en las dos elecciones celebradas hasta ahora (2011 y 2017), el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) impuso a la mayor¨ªa de los candidatos. Ahora el conflicto entre el poder judicial y el legislativo ha paralizado la aprobaci¨®n de leyes y la convocatoria a elecciones judiciales programadas para el a?o pasado. El pasado viernes el Parlamento lleg¨® a suspender a los magistrados de las altas cortes en una sesi¨®n declarada ilegal por el Constitucional.

A eso se suma otro factor: en las pasadas elecciones los votos nulos y blancos han sido m¨¢s numerosos que los favorables a los candidatos. En la primera ocasi¨®n, ascendieron a casi el 60% y en la segunda, al 66% de las preferencias emitidas. Esto ha impedido que se cumpliera la principal raz¨®n por la que este m¨¦todo se adopt¨®, que era aumentar la legitimidad y, por tanto, la independencia de las autoridades judiciales. La elevada anulaci¨®n de votos se debi¨® al desconocimiento de los candidatos por parte del electorado y tambi¨¦n a los llamados de la oposici¨®n a boicotear los comicios y as¨ª bloquear lo que consideraban era una ¡°captura¡± pol¨ªtica de los tribunales.

Hoy estos mismos opositores est¨¢n unidos tras la consigna opuesta: exigen que las elecciones judiciales suspendidas en 2023 se realicen, porque la alternativa es la pr¨®rroga sin fecha de terminaci¨®n de los magistrados electos en 2017, que consideran afines al oficialismo de Luis Arce. El a?o pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional inhabilit¨® a Evo Morales, el principal rival del actual presidente boliviano, para participar en las presidenciales de 2025.

El sistema ¡°fracas¨®¡±

Cuando el exmandatario, exiliado en M¨¦xico, iba a designar el candidato que lo representar¨ªa en las elecciones de 2020, en las que ¨¦l no pod¨ªa participar, pens¨® primero en Eduardo Rodr¨ªguez Veltz¨¦. Al final termin¨® designando a Luis Arce. Rodr¨ªguez Veltz¨¦ ya hab¨ªa sido presidente por un breve per¨ªodo entre 2005 y 2006. Hab¨ªa llegado a esta alta posici¨®n sin hacer pol¨ªtica, por ocupar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia justo en el momento en el que Carlos Mesa, que no ten¨ªa vicepresidente, presentaba su renuncia. Estuvo un a?o en el cargo; luego ocup¨® importantes puestos diplom¨¢ticos durante los gobiernos de Morales. Hoy es uno de los m¨¢s destacados analistas jur¨ªdicos del pa¨ªs. Cree que la idea de las elecciones de los magistrados judiciales por voto popular ¡°fracas¨®¡±.

El jurista se opuso en su momento porque, afirma en una entrevista con EL PA?S, lleg¨® a ¡°la conclusi¨®n de que el volumen de los problemas estructurales de la justicia es tan grande que se necesitaba m¨¢s que solo nuevos jueces¡±. ¡°Los altos magistrados no resuelven los problemas estructurales. A su vez, la elecci¨®n popular de estos no resolv¨ªa su parcialidad, porque el hecho de que el pueblo los eligiera no los volv¨ªa m¨¢s sabios, imparciales o eficientes. En cambio, para elegirse deb¨ªan cortejar a los pol¨ªticos durante la preselecci¨®n de candidatos, que se hace por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa, y luego ten¨ªan que hacerse conocer por los votantes en un proceso electoral sin tradici¨®n alguna en el pa¨ªs. El voto popular obedece a una l¨®gica: se vota por simpat¨ªa, por identificaci¨®n, pero los votantes no est¨¢n capacitados para evaluar los m¨¦ritos de un funcionario que, sobre todo, es t¨¦cnico¡±, razona Rodr¨ªguez Veltz¨¦, quien apuesta por m¨¦todos de elecci¨®n ¡°m¨¢s sencillos y pr¨¢cticos, meritocr¨¢ticos¡±. ¡°Creo que lo fundamental es verificar la calidad del desempe?o de los jueces, lo que requiere cambios en la sociedad y en la academia¡±.

Para el expresidente, el desempe?o de los tribunales dej¨® adem¨¢s ¡°mucho que desear¡±. ¡°El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) concedi¨® una doble autorizaci¨®n a Evo Morales para su relecci¨®n en 2014 y en 2019, forzando la Constituci¨®n. El TCP, siendo el garante de los derechos fundamentales, hasta hoy no repara en que Bolivia tiene el r¨¦cord de meter gente en las c¨¢rceles. Existen 30.000 reos y, esto es lo grave, un 70% con prisi¨®n preventiva, sin sentencia. Los magistrados han sido funcionales a esta pr¨¢ctica abusiva. Eso es muy elocuente. Y no se diga hoy, cuando es muy clara la adhesi¨®n de una facci¨®n del TCP y de varios magistrados a las pol¨ªticas gubernamentales, y este ha dictado fallos que han detenido las elecciones judiciales y ha definido su prorroga despu¨¦s del cumplimiento de su tiempo de mandato, el 1 de enero de este a?o. El TCP incumpli¨® as¨ª la norma ¨¦tica y legal de no pronunciarse sobre temas que le signifiquen un conflicto de intereses¡±, concluye.

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