Dina Boluarte decreta tres d¨ªas de duelo nacional por la muerte de Fujimori

La presidenta de Per¨², Dina Boluarte, ha decretado tres d¨ªas de duelo nacional por la muerte del aut¨®crata Alberto Fujimori. Seg¨²n el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, al exmandatario se le deben otorgar ¡°las honras f¨²nebres que corresponden al presidente de la Rep¨²blica en ejercicio¡±. Por ello, la bandera peruana deber¨¢ flamear a media asta en edificios p¨²blicos, buques, bases militares y misiones diplom¨¢ticas. Para el Gobierno, ha quedado as¨ª zanjada la pregunta de si este hombre que gobern¨® con pu?o de hierro en los noventa merec¨ªa un funeral de Estado y un velatorio digno de personajes ilustres.

La Presidencia ya hab¨ªa lamentado en X la muerte del aut¨®crata, condenado por graves violaciones de derechos humanos y excarcelado el pasado diciembre por un indulto humanitario. ¡°Nuestras sentidas condolencias a la familia, a quienes acompa?amos en su profundo dolor. Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz¡±, declar¨® el Gobierno. Boluarte no tiene margen para apartarse de la normativa oficial, pese a que en 1992 el expresidente cerr¨® el Congreso, intervino el poder judicial y asumi¨® as¨ª, de facto, todos los poderes del Estado. Necesita de los congresistas del fujimorismo para mantenerse en el poder y para gobernar, aunque sea de forma precaria.

El reglamento de ceremonial del Estado solo contempla un d¨ªa de duelo oficial, al momento de ¡°la inhumaci¨®n de los restos mortales en consideraci¨®n a su alta investidura¡±. No obstante, gobiernos anteriores a Boluarte tambi¨¦n declararon tres d¨ªas por la muerte de otros exmandatarios. En 2019, la Administraci¨®n de Mart¨ªn Vizcarra decret¨® tres d¨ªas de duelo en honor al expresidente Alan Garc¨ªa, que se suicid¨® cuando iba a ser detenido por corrupci¨®n.

Alberto Fujimori, el adi¨®s de otro caudillo latinoamericano

La figura de Fujimori nunca dej¨® de sobrevolar la vida pol¨ªtica de Per¨² precisamente debido a la brutal represi¨®n que desat¨® mientras se mantuvo en el poder. La concesi¨®n del indulto dividi¨® durante a?os a la opini¨®n p¨²blica del pa¨ªs. El exmandatario pudo abandonar la c¨¢rcel gracias a una decisi¨®n del Tribunal Constitucional, que revalid¨® un indulto otorgado en el 2017 por su precaria salud. Entonces sali¨® del penal de Barbadillo el d¨ªa de Nochebuena y se intern¨® en una cl¨ªnica, donde permaneci¨® casi 100 d¨ªas. Sin embargo, debi¨® regresar a prisi¨®n tras revocarse el fallo. La decisi¨®n del Constitucional contravino una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y ha colocado al Gobierno de Dina Boluarte en una posici¨®n de desacato frente al sistema interamericano de justicia.

Los simpatizantes de Fujimori le reconocen la gesti¨®n econ¨®mica y la guerra contra Sendero Luminoso. Por el camino, sin embargo, en Per¨² se perpetraron abominables cr¨ªmenes orquestados desde el coraz¨®n del Estado y grav¨ªsimas violaciones de los derechos humanos, seg¨²n los tribunales y m¨²ltiples organismos internacionales. Su mandato estuvo marcado adem¨¢s por una trama de corrupci¨®n estructural. En septiembre del a?o 2000, su antiguo asesor Vladimiro Montesinos, que se encuentra en la c¨¢rcel, entreg¨® 15.000 d¨®lares a un congresista opositor. El soborno qued¨® grabado y difundido. Fujimori huy¨® a Jap¨®n, desde donde renunci¨® por fax a la Presidencia, y despu¨¦s se fue a Chile, pa¨ªs que finalmente lo extradit¨® en 2007.

Las honras f¨²nebres no son el ¨²nico gesto del Gobierno de Boluarte con el expresidente. El mes pasado, el Congreso aprob¨® una ley que libra de todo proceso judicial a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o cr¨ªmenes de guerra antes de julio de 2002, cuando entr¨® en vigencia en Per¨² el Estatuto de Roma. Esto benefici¨® directamente a Fujimori, a quien su hija ya hab¨ªa anunciado como posible candidato a la Presidencia en 2026. Asimismo, el Legislativo tambi¨¦n aprob¨® una pensi¨®n vitalicia para Fujimori. Seg¨²n la ley, los expresidentes constitucionales deben recibir una pensi¨®n equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad, pero este beneficio queda suspendido en caso de contar con una acusaci¨®n constitucional, a menos que el Poder Judicial declare su inocencia.