La Corte Constitucional de Ecuador confirma que hubo esclavitud moderna en las haciendas de Furukawa

¡°Por m¨¢s de cinco d¨¦cadas, Furukawa mantuvo en sus haciendas una pr¨¢ctica an¨¢loga a la esclavitud conocida como servidumbre de la gleba. Este sistema consist¨ªa en aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas y cosechen abac¨¢ en beneficio de Furukawa¡±. Estas son las primeras l¨ªneas de una sentencia hist¨®rica en Ecuador que reconoce por primera vez que la millonaria firma a cargo de la producci¨®n de esa fibra viol¨® los derechos laborales y humanos de sus trabajadores, tal y como llevan seis a?os denunciando. Tambi¨¦n se?ala a las entidades p¨²blicas por omitir la adopci¨®n de medidas de prevenci¨®n y protecci¨®n, y exige reparaciones integrales que engloban disculpas p¨²blicas del Estado y de la empresa, reparaciones econ¨®micas o cesiones de tierras y reformas legales para ¡°evitar la impunidad corporativa¡± u otras pr¨¢cticas de esclavitud.

El fallo, emitido este jueves, confirma adem¨¢s que la esclavitud fue motivada por el ¡°origen afrodescendiente¡± de los trabajadores y el ¡°racismo estructural¡± que existe en Ecuador. ¡°Las personas que cultivaban el abac¨¢ eran percibidas, debido a su origen afrodescendiente, como objetos de producci¨®n, y no como personas en igualdad de condiciones de dignidad humana¡±, se lee. Alejandra Zambrano, abogada de la Comisi¨®n Ecum¨¦nica de Derechos Humanos (Cedhu), expresa la satisfacci¨®n con cautela, mientras termina de escrutar las 146 p¨¢ginas del fallo. Y celebra las palabras tan vocales de los jueces al aludir al racismo. ¡°Es sumamente importante, no hay un antecedente como este. Y para revertir este racismo estructural, el primer paso es reconocer que existe¡±, zanja por tel¨¦fono.

La servidumbre de la gleba, seg¨²n expone la Corte, consist¨ªa en mantener a los abacaleros en campamentos dentro de las haciendas insalubres, sin acceso a servicios b¨¢sicos como electricidad, agua potable, ni salud o educaci¨®n. Estos trabajadores eran obligados a cultivar abac¨¢ para la empresa, con la imposibilidad de modificar su situaci¨®n generacionalmente. Si bien esta obligaci¨®n no fue manifestada a la fuerza, se materializaba precisamente gracias a la extrema vulnerabilidad de las v¨ªctimas, en su mayor¨ªa afrodescendientes y analfabetas.

La Corte ha exigido una importante bater¨ªa de reparaciones simb¨®licas como la creaci¨®n de un documental sobre la servidumbre de la gleba, con la participaci¨®n de los abacaleros, y la declaraci¨®n de un d¨ªa de conmemoraci¨®n de las v¨ªctimas de Furukawa. El acto de disculpa p¨²blica se realizar¨¢ en menos de dos meses en la Plaza Grande de Quito, un lugar emblem¨¢tico de las luchas sociales del pa¨ªs y donde llegaron por primera vez los abacaleros a reivindicar sus derechos. El acto tendr¨¢ que ser liderado por el presidente o, en su defecto, alguno de los ministros.

La firma japonesa, instalada en Ecuador a mediados de los 60, emiti¨® este s¨¢bado un comunicado en el que acusa a la Corte de poner ¡°en riesgo la sostenibilidad de la compa?¨ªa y amenaza los derechos de cientos de trabajadores actuales, cuyo sustento depende de su continuidad¡±. Asimismo, aseguraron que la reparaci¨®n econ¨®mica es ¡°imposible¡± de cumplir y acusaron de estar provocando que la justicia ¡°constituya fuente de enriquecimiento¡± de las v¨ªctimas. D¨ªas antes, intuyendo la contundencia del fallo, ya mostraron su disconformidad.

¡°En caso de que se disponga de una eventual reparaci¨®n dentro del actual proceso de selecci¨®n y revisi¨®n, la invasi¨®n de las haciendas de Furukawa debe ser considerada, pues aquello ha implicado que no se tenga control sobre las mismas¡±, acusaron en una carta dirigida a la jueza ponente, Daniela Salazar Mar¨ªn. Esa invasi¨®n que aseguran fue ¡°a la fuerza¡± es un asentamiento de resistencia de los abacaleros, hoy ya reconocidos por la justicia ecuatoriana como v¨ªctimas de la esclavitud moderna. ¡°Las personas que se encuentran ah¨ª (...) han estado explotando por m¨¢s de cinco a?os esas 117 hect¨¢reas, lo cual les ha dejado buena plata¡±, argumentaba Walter S¨¢nchez, comodatario de la empresa.

Furukawa es propietaria de m¨¢s de 2.000 hect¨¢reas de tierra productiva. En estas tierras existen 26 haciendas ubicadas en las provincias de Santo Domingo de los Ts¨¢chilas, Los R¨ªos y Esmeraldas, que se dedican a¨²n hoy al cultivo e industrializaci¨®n del abac¨¢. Zambrano ahonda en lo simb¨®lico del gesto ¡°en un pa¨ªs donde reina la agroindustria¡±. ¡°Es tambi¨¦n un aviso a otras empresas con pr¨¢cticas similares¡±, dice.

Esta es la primera vez que la Corte Constitucional emite una sentencia sobre servidumbre de gleba y racismo estructural en el pa¨ªs. Si bien en 2021 el juez constitucional de primera instancia, Carlos Vera Cede?o, reconoci¨® que hab¨ªa pr¨¢cticas an¨¢logas con la esclavitud moderna, este fallo tiene la competencia de sentar un precedente jur¨ªdico y es de obligado cumplimiento. El siguiente paso ser¨¢ la fase de ejecuci¨®n de sentencia, que iniciar¨¢ esta misma Corte.

Esta sentencia puede influir en el proceso penal contra la firma y cuatro ex gerentes y administradores: Marcelo Almeida, vinculado a Furukawa por dos d¨¦cadas, Iv¨¢n Segarra, antiguo administrador de campo, Adri¨¢n Herrera, gerente desde 2019, Hugo Chalen, quien mantiene funciones comerciales desde 2001 y Pa¨²l Bola?os, jefe administrativo de 2005 a 2006 y jefe de recursos humanos desde 2018 hasta la actualidad y la propia persona jur¨ªdica. ¡°Aunque no es vinculante, la Corte es un ¨®rgano con mayor autoridad que se pronuncia por primera vez ante el ¨²nico proceso judicial de servidumbre de gleba del pa¨ªs¡±, cuenta Zambrano. ¡°Este fallo se?ala como responsables al Estado y a la firma¡±. Esta ¨²ltima tambi¨¦n est¨¢ en el banquillo del proceso penal.

Sin embargo, este otro proceso ha estado plagado de irregularidades que ponen de manifiesto la enorme influencia de la firma. La m¨¢s reciente es la vinculaci¨®n de la jueza ponente del caso, Miriam Cecilia Y¨¢?ez Vallejo, con el abogado de Pa¨²l Bola?os. Seg¨²n documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S, la jueza present¨® una acci¨®n de protecci¨®n asesorada por los abogados de Bola?os contra el Consejo de la Judicatura en un proceso que arranc¨® en 2023 (despu¨¦s de presentarse la demanda contra Furukawa) y al menos hasta febrero de 2024 (cuando se dict¨® sentencia de apelaci¨®n). As¨ª, cuando en noviembre de 2023 la referida jueza se declar¨® competente para juzgar a Bola?os como coautor del delito de trata de personas con fines de explotaci¨®n laboral, al mismo tiempo estaba siendo defendida y patrocinada por su mismo abogado.

Si bien los jueces est¨¢n obligados a recusar los juicios en los que puedan tener conflicto de intereses, no fue el caso y acept¨® el proceso con normalidad. ¡°Es una omisi¨®n dolosa, sin duda. Es imposible que no supiera qui¨¦n es si lo ha saludado de beso y lo ha llamado por su nombre en los tribunales¡±, cuentan fuentes cercanas al caso. Estas vinculaciones entre ambos han hecho que tanto la Fiscal¨ªa como la acusaci¨®n presentaran dos demandas de recusaci¨®n para que sea reemplazada ¡°inmediatamente¡±.

El v¨ªnculo profesional existente, dice la demanda Cedhu, ¡°hace indudable la existencia de un inter¨¦s econ¨®mico¡±. De no haber existido cobros en dinero, se?alan, ¡°estamos ante un escenario a¨²n m¨¢s dudoso respecto a la imparcialidad de la juzgadora, como estar en deuda con dichos abogados (...) o por amistad ¨ªntima¡±. Esta es la ¨²ltima de una larga cadena de irregularidades que obligaron a derivar el caso a otra provincia, despu¨¦s de que todos los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Ts¨¢chilas se excusaran. Los abogados del caso saben que a¨²n queda mucho trabajo por delante, pero hoy est¨¢n un paso m¨¢s cerca de la reparaci¨®n.