La Corte Interamericana condena al Estado argentino por ¡°una falta grave a su deber de investigar¡± el atentado a la AMIA

¡°Ha sido la propia actuaci¨®n estatal la que ha impedido a las v¨ªctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos.¡± La Corte Interamericana de Derechos Humanos conden¨® al Estado argentino por violar los derechos de las v¨ªctimas del atentado contra la Asociaci¨®n Mutual Israelita Argentina (AMIA), el ataque terrorista con un coche bomba que, el 18 de julio de 1994, dej¨® 85 muertos y m¨¢s de 300 heridos en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. El tribunal internacional consider¨® que, adem¨¢s de participar en el encubrimiento de los responsables directos, el Estado incumpli¨® sus deberes de prevenir y luego investigar el ataque. Sobre esos fundamentos, le orden¨® ¡°remover todos los obst¨¢culos que mantienen la impunidad total en este caso¡±. A d¨ªas del 30? aniversario del hecho, a¨²n se desconoce qui¨¦nes, c¨®mo y por qu¨¦ perpetraron el atentado m¨¢s grave de la historia del pa¨ªs.

El fallo fue informado en la ma?ana de este viernes por la presidenta del tribunal, Nancy Hern¨¢ndez L¨®pez, en una audiencia virtual. Del otro lado de las pantallas, la escuchaban funcionarios del organismo, el secretario de Derechos Humanos argentino, Alberto Ba?os, y representantes de Memoria Activa, la agrupaci¨®n de v¨ªctimas del atentado y familiares que inici¨® la demanda en 1999.

¡°Por fin una sentencia reparatoria¡±, valor¨® Memoria Activa en un comunicado. ¡°Un fallo que muestra que la justicia escasea, pero existe y que treinta a?os de lucha desigual han valido para tener aunque sea un poquito menos de impunidad¡±, a?adi¨® la agrupaci¨®n tras conocerse la decisi¨®n del tribunal.

¡°La Corte destac¨® que hubo acciones deliberadas del Estado para impedir que haya justicia. En particular, la intervenci¨®n de los servicios de inteligencia junto con la acci¨®n de jueces y fiscales¡±, explica Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la organizaci¨®n que patrocin¨® a Memoria Activa en el caso. ¡°Uno de los aspectos m¨¢s importantes del fallo es que dice que las investigaciones judiciales no pueden funcionar bajo secreto. Que hay un derecho colectivo a la verdad y que es necesario abrir los archivos de inteligencia¡±, agrega.

Sin prevenir, sin investigar

Con el voto un¨¢nime de los jueces de la Corte, el fallo comienza se?alando la falta de prevenci¨®n estatal del ataque. ¡°La ausencia de investigaci¨®n y sanci¨®n a los responsables del atentado a la Embajada de Israel en 1992 creaba una situaci¨®n de impunidad que propici¨® que se mantuviera latente una situaci¨®n de inseguridad¡±, indica. ¡°El Estado conoc¨ªa de una situaci¨®n de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad jud¨ªa¡± y ¡°no adopt¨® las medidas razonables para evitar dicho riesgo¡±, por lo que ¡°viol¨® su obligaci¨®n de prevenci¨®n¡± y ¡°es responsable de la violaci¨®n a los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio de las v¨ªctimas del atentado¡±.

Luego, la sentencia detalla que en la primera etapa de la pesquisa, a cargo del destituido juez Juan Jos¨¦ Galeano, ¡°el Estado utiliz¨® su propia capacidad e institucionalidad para desviar la investigaci¨®n a trav¨¦s de una serie de irregularidades¡± y ¡°el abandono deliberado de algunas l¨ªneas de investigaci¨®n¡±. Enumera que no se protegi¨® la escena del hecho ni se recolectaron de manera adecuada las pruebas; que se realizaron ¡°diligencias investigativas al margen del expediente judicial¡±; que hubo ¡°evidentes omisiones y la falta a una debida custodia de pruebas¡± relativas a la llamada pista siria. Tambi¨¦n recuerda que se pag¨® un soborno con fondos de la entonces Secretar¨ªa de Inteligencia (SIDE) para que el traficante de autos Carlos Telleld¨ªn, quien vendi¨® el veh¨ªculo despu¨¦s utilizado como bomba, involucrara falsamente a un grupo de polic¨ªas.

En una segunda etapa de la pesquisa, a cargo de la Unidad Fiscal AMIA ¡ªque en 2006 elabor¨® un dictamen apuntando a la responsabilidad del Gobierno de Ir¨¢n en el atentado y pidi¨® la captura de ocho ciudadanos de ese pa¨ªs¡ª, los jueces observan ¡°falta de impulso en la investigaci¨®n y errores graves en el manejo de la prueba¡±.

La conclusi¨®n de la Corte es que el Estado ¡ªtal como reconoci¨® ante el tribunal el Gobierno argentino en 2022¡ª incurri¨® en ¡°una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la regi¨®n¡±. No solo eso, sino que tambi¨¦n ¡°se comprobaron una serie de maniobras realizadas por agentes estatales con el fin de obstaculizar la investigaci¨®n y encubrir a los verdaderos autores, los cuales, a la fecha, no han podido ser identificados, juzgados y eventualmente sancionados¡±. Posteriormente, el Estado no cumpli¨® su obligaci¨®n ¡°de investigar y sancionar a los responsables de este encubrimiento, deber que tampoco ha sido ejecutado de manera diligente ni en un plazo razonable¡±. La Corte Interamericana destaca tambi¨¦n que el c¨²mulo de irregularidades, junto a las dificultades que han tenido los familiares de las v¨ªctimas para acceder a la informaci¨®n sobre el caso, ¡°vulneraron el derecho a la verdad¡±.

La reparaci¨®n

El fallo del tribunal interamericano determina una serie de medidas reparatorias que deber¨¢ cumplir la Argentina. Primero, le ordena al Estado remover de forma inmediata ¡°todos los obst¨¢culos¡± y ¡°reabrir las investigaciones que sean necesarias para individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, su encubrimiento y, as¨ª, poder establecer la verdad de lo ocurrido, todo ello en un plazo razonable¡±. Segundo, le indica difundir el fallo, realizar ¡°un acto p¨²blico de reconocimiento¡± y ¡°un documental audiovisual¡±, as¨ª como crear un archivo hist¨®rico accesible a todo el p¨²blico sobre el atentado, la investigaci¨®n, su encubrimiento y el rol de las asociaciones de v¨ªctimas.

La sentencia le encomienda al Estado, en tercer lugar, regular la incorporaci¨®n como evidencia judicial de informaci¨®n de inteligencia y desarrollar un programa de capacitaci¨®n sobre su uso. Tambi¨¦n ordena ¡°dar pleno acceso a las v¨ªctimas y a los querellantes a todas las investigaciones e informaci¨®n vinculada con el atentado y su encubrimiento¡±. Por ¨²ltimo, la Corte resolvi¨® que el Estado debe indemnizar con 50.000 d¨®lares a cada grupo de v¨ªctimas y familiares identificado en la causa ¡°a fin de reparar en forma unificada o conjunta los da?os materiales y los inmateriales, como compensaci¨®n de estos y considerando las distintas violaciones a derechos humanos sufridas¡±.

?Hay posibilidades, 30 a?os despu¨¦s del atentado, de desentra?ar qui¨¦nes y por qu¨¦ estuvieron detr¨¢s del atentado a la AMIA? Litvachky, la directora del CELS, no pierde la esperanza: ¡°Con una fiscal¨ªa fuerte, con m¨¢s recursos, con determinaci¨®n pol¨ªtica se puede avanzar hacia la construcci¨®n de una verdad s¨®lida¡±.

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