Plan de emergencia

Sin dinero no hay Estado. Esto es algo de lo que fue muy consciente el constituyente de los Estados Unidos de Am¨¦rica. ¡°El dinero ha sido considerado, con raz¨®n como el principio vital del cuerpo pol¨ªtico, como aquello que sostiene su vida y movimiento y que le permite ejecutar sus funciones m¨¢s vitales¡±. En estos t¨¦rminos se expresar¨ªa El Federalista en su n¨²mero XXX, primero de los dedicados al poder tributario de la federaci¨®n. El primer pa¨ªs del mundo que se constituy¨® democr¨¢ticamente ha tenido el ¨¦xito que ha tenido, entre otras razones, porque tuvo presente desde el primer momento que, constituy¨¦ndose como una federaci¨®n, ten¨ªa que mirar de frente al problema de la financiaci¨®n. Ning¨²n pa¨ªs pol¨ªticamente descentralizado puede operar establemente sin que ese problema est¨¦ resuelto de una manera que sea aceptada de forma mayoritaria tanto por el todo como por las partes que lo constituyen.

Sin un consenso territorial sobre la financiaci¨®n no es posible que un Estado pol¨ªticamente descentralizado pueda asentarse. Los ciudadanos del Estado y de las distintas comunidades aut¨®nomas necesitan tener la percepci¨®n de que el esfuerzo de financiaci¨®n del Estado es equitativo.

Esto es as¨ª siempre, pero mucho m¨¢s cuando el Estado tiene que enfrentarse a una situaci¨®n de emergencia, como le est¨¢ ocurriendo a Espa?a en estos momentos. La crisis econ¨®mica est¨¢ afectando ya a la ejecuci¨®n ¡°de las funciones m¨¢s vitales¡± del Estado, incluyendo en dicho concepto tambi¨¦n a las que tienen que ejecutar las comunidades aut¨®nomas. Es necesario un esfuerzo suplementario para que dichas funciones puedan seguir siendo ejecutadas o hay que reducir el contenido y alcance de las mismas.

En esas estamos en este momento. Ya nadie discute que estamos ante una situaci¨®n de emergencia. Lo ¨²nico que cabe discutir es c¨®mo hacer frente a la misma. Este deber¨ªa ser el centro del debate. Debate que exigir¨ªa la participaci¨®n conjunta de los ¨®rganos constitucionales a trav¨¦s de los cuales se expresa la voluntad del Estado como la de aquellos a trav¨¦s de los cuales se expresa la voluntad de las comunidades aut¨®nomas.

Hace ya algo m¨¢s de seis meses que Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno. Es tal vez poco tiempo para exigirle responsabilidad por su gesti¨®n de la crisis, pero no lo es para que hubiera puesto ya en marcha un procedimiento para analizar conjuntamente entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas cu¨¢l es la estrategia que se tiene que seguir y c¨®mo hay que transmitir conjuntamente a los ciudadanos c¨®mo se van a distribuir entre todos los costes necesarios para hacer frente a la emergencia.

Lo m¨¢s preocupante de la situaci¨®n es que carecemos de un plan consensuado, pol¨ªtica y territorialmente, sobre c¨®mo tenemos que enfrentarnos con el problema. Si estamos ante una situaci¨®n excepcional, por qu¨¦, adem¨¢s de hacer un debate en el Congreso de los Diputados con toda la informaci¨®n disponible en la materia, no se convoca una conferencia de presidentes de las comunidades aut¨®nomas, a fin de que dichas comunidades puedan participar en cuanto tales en la definici¨®n de la estrategia que se ha de poner en marcha.

No es momento ni de que el Estado les mande a las comunidades aut¨®nomas lo que tienen que hacer, dejando en suspenso de facto el ejercicio del derecho de autonom¨ªa, ni que cada comunidad aut¨®noma act¨²e por s¨ª sola sin coordinaci¨®n con las dem¨¢s. El Estado y las comunidades aut¨®nomas tienen que demostrar en este momento de crisis que el Estado Auton¨®mico es un Estado y que la idea del constituyente de 1978 de que a trav¨¦s del ejercicio del derecho a la autonom¨ªa es como puede hacerse m¨¢s efectiva la unidad pol¨ªtica de Espa?a sigue estando vigente, como lo ha estado en estos ¨²ltimos treinta a?os largos. Para eso es necesario que el Estado Auton¨®mico pueda expresarse como tal en su complejidad.