300.000 a la calle

Primer d¨ªa de vuelta a clase. Sal¨®n de actos o aula de cualquier instituto preparado para los ex¨¢menes de septiembre. A primera hora de la ma?ana los profesores han recibido una circular que les comunica que deben hacerse cargo de los ex¨¢menes y evaluaci¨®n de los estudiantes correspondientes a los miles de interinos despedidos. Todos se preguntan c¨®mo evaluar a alumnos cuyas tareas y planes de recuperaci¨®n desconocen. A pesar de esta circular, en cientos de centros, gran parte de los interinos han acudido a los ex¨¢menes de septiembre. Llevan sus carpetas, sus ex¨¢menes y anotaciones. Saben perfectamente que no cobrar¨¢n ni un euro del mes de septiembre. A pesar de eso, si les preguntas, se encogen de hombros y te contestan: ¡°Lo sabemos, pero no pod¨ªamos dejar colgados a los chavales¡±. Muchos se han quedado en el centro para corregir los ex¨¢menes y han dejado a sus compa?eros unos folios con las notas de sus alumnos y con aclaraciones en caso de duda. Sus calificaciones parecen un peque?o testamento de bondad y de profesionalidad. Son 4.526 docentes solo en Andaluc¨ªa. La Administraci¨®n no sabe lo que tiene ni lo que pierde.

Esta ¨²ltima oleada de paro no se escribe con el ladrillo, ni con las m¨¢quinas industriales, sino con la tinta azul de la Administraci¨®n p¨²blica. O sea, se escribe con la tinta de los derechos sociales y la calidad de sus servicios p¨²blicos. Es toda una opci¨®n pol¨ªtica e ideol¨®gica. Lo ten¨ªan escrito de antemano bajo las consignas de adelgazar el Estado; con su propaganda de desprestigio de la funci¨®n p¨²blica; con sus aireadas consignas sobre duplicidades y gastos innecesarios; con la mentira repetida de que en Espa?a ¡ªaunque los datos reales son radicalmente contradictorios¡ª el sector p¨²blico est¨¢ sobredimensionado.

Pero no son puestos innecesarios los que se suprimen, sino los esenciales, los b¨¢sicos. El pa¨ªs se puebla de profesores en paro, de personal sanitario despedido, de trabajadores de los servicios p¨²blicos arrojados a la calle en el mejor momento de su vida laboral. Se ha dise?ado un sacrificio in¨²til, una mutilaci¨®n descarada de los servicios p¨²blicos que no aparec¨ªa en ning¨²n programa electoral, pero s¨ª en los think tank del pensamiento conservador. Se ha puesto excesivamente el acento en el recorte econ¨®mico de los sueldos de los funcionarios p¨²blicos, pero se ha hablado muy poco de esta mal¨¦vola jugada del aumento de jornada laboral cuyo ¨²nico objetivo es poner de patitas en la calle a 100.000 trabajadores.

La propia izquierda, que no se atreve a enarbolar la bandera del reparto del empleo, apenas ha hecho unas cuantas notas a pie de p¨¢gina de este siniestro plan que va a empobrecer grav¨ªsimamente la calidad de nuestras escuelas, de nuestros hospitales y de nuestros servicios sociales.

Desde que gobierna el PP se han perdido unos 150.000 empleos en la Administraci¨®n. Las comunidades gobernadas por la derecha han sido la avanzadilla de este terrible ERE masivo del Estado. La marea verde de Madrid y de Valencia no ha conseguido parar los planes de recortes p¨²blicos. Tras ese experimento, las nuevas medidas de aumento de jornada y de congelaci¨®n de las ofertas de empleo p¨²blico, conseguir¨¢n elevar hasta 300.000 el n¨²mero de empleados p¨²blicos despedidos. El pr¨®ximo a?o ser¨¢ a¨²n peor porque, seg¨²n avanza el Gobierno, los Presupuestos Generales supondr¨¢n un ¡°ajuste duro y una dolorosa reforma de la Administraci¨®n p¨²blica¡±.

Es el momento de recordar que los servicios p¨²blicos son la ¨²nica muralla que nos separa de la desigualdad absoluta. Se trata de los que curan, ense?an, investigan, atienden, garantizan la seguridad o apagan los fuegos. M¨¢s del 30% de ellos son interinos, eventuales o personal contratado. Si prescindimos de su trabajo, se empobrecer¨¢ de forma alarmante todo nuestro sistema p¨²blico. De hecho, ya est¨¢ ocurriendo: en algunos hospitales la situaci¨®n empieza a ser insostenible y en la ense?anza p¨²blica se acaba cualquier proyecto de integraci¨®n y de personalizaci¨®n. O a lo mejor es ese el efecto buscado. A fin de cuentas, seg¨²n el Gobierno, por cada puesto que se suprime en la Administraci¨®n, surgir¨¢ un nuevo empleo en el sector privado. Pagando, claro.