La Audiencia reabre una causa contra el alcalde de Eibar por prevaricaci¨®n

Miguel de los Toyos (PSE), alcalde de Eibar, deber¨¢ declarar en calidad de imputado por un supuesto delito de prevaricaci¨®n por la venta y posterior compra por parte del Ayuntamiento de la parcela Errebal. La Audiencia Provincial de Gipuzkoa estima en parte, en un auto fechado el pasado 15 de julio, un recurso presentado por Aralar. El tribunal obliga al Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero uno de Eibar, que hab¨ªa archivado provisionalmente el caso, tomar declaraci¨®n a De los Toyos y a otros tres cargos del Consistorio (la secretaria municipal, el asesor jur¨ªdico del ¨¢rea de Urbanismo y la arquitecta municipal), todos imputados por el mismo delito.

La resoluci¨®n descarta de momento que deba comparecer el secretario general del PSE en la provincia, I?aki Arriola ¡ªalcalde del municipio cuando sucedieron parte de los hechos¡ª, esgrimiendo su condici¨®n de aforado. La misma prerrogativa que concede a Jos¨¦ Luis Vall¨¦s Molero, concejal por la misma formaci¨®n en Eibar. Arriola entreg¨® su acta de parlamentario el pasado mes de marzo, mientras que el segundo fue senador por Gipuzkoa la pasada legislatura.

El Tribunal sostiene que si no se aclaran los hechos deber¨¢ comparecer Arriola

El pleno del Ayuntamiento de Eibar, con los votos del equipo de Gobierno, en manos del PSE, aprob¨® en mayo de 2006 la venta de la parcela Errebal, de propiedad municipal. Hasta entonces all¨ª se hab¨ªa levanto un mercado de abastos y una escuela de m¨²sica. El objetivo de la iniciativa era la construcci¨®n de un centro comercial. El concurso p¨²blico se licit¨® en cerca de 650.000 euros. La empresa que ganara adem¨¢s deb¨ªa entregar al Ayuntamiento un local del futuro centro para albergar el antiguo mercado y un aparcamiento, valorados los dos en 3,6 millones.

SPV Boulevard S. L. se hizo con el concurso pero no fue capaz de terminar la primera fase de ejecuci¨®n del proyecto, la entidad que sustentaba econ¨®micamente las obras retir¨® la financiaci¨®n por los retrasos acumulados.

El pleno del Ayuntamiento acord¨® en enero de 2010 la resoluci¨®n del contrato con SPV Boulevard S. L. por mutuo acuerdo. La parcela volvi¨® a ser de titularidad p¨²blica por 1,1 millones ¡ªlos 650.000 euros en los que se valor¨® el solar, el mismo precio que abon¨® la adjudicataria y 488.133 euros por las obras que se hab¨ªan hecho¡ª.

Aralar decidi¨® entonces presentar una denuncia por un supuesto delito de prevaricaci¨®n porque entendi¨® que el Ayuntamiento no tendr¨ªa ni que haber enajenado el solar, ni comprob¨® la viabilidad econ¨®mica de la empresa adjudicataria, ni se tendr¨ªa que haber revocado el contrato con la compa?¨ªa en los t¨¦rminos en los que se hizo. Dos aspectos, estos ¨²ltimos, en los que el Ayuntamiento no obr¨® de acuerdo con la legislaci¨®n, seg¨²n recoge un borrador del Tribunal Vasco de Cuentas sobre el asunto.

Aralar recurri¨® el pasado enero el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Eibar, entre otras cosas, porque no se hab¨ªa llamado a declarar a los denunciados ¡ªArriola, todos los concejales socialistas que votaron a favor de los acuerdos municipales con los que se fragu¨® la operaci¨®n urban¨ªstica y a los tres funcionarios¡ª. Un extremo sobre el que la Audiencia le otorga la raz¨®n, argumentando que el sobreseimiento provisional ¡°se ha adoptado de forma precipitada y sin practicar una diligencia b¨¢sica de investigaci¨®n, la declaraci¨®n de los denunciados o de quienes ostentaron una posici¨®n relevante en el desarrollo de los hechos¡±.

La Audiencia a?ade que De los Toyos y los tres cargos municipales ¡°deber¨¢n declarar en calidad de imputados¡± y si su relato de los hechos no aclara lo sucedido, entones el ¨®rgano competente (el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco) deber¨¢ tomar declaraci¨®n a Arriola y a Vall¨¦s Molero.