El Ayuntamiento investiga un caso de espionaje en el contrato de limpieza
Analiza presuntos avisos de funcionarios a empresas para evitar multas millonarias
El Ayuntamiento de Madrid (PP) ha abierto una investigaci¨®n sobre un posible caso de espionaje y connivencia entre personal municipal y una de las empresas adjudicatarias del contrato de limpieza viaria de la capital.
Correos electr¨®nicos a los que ha tenido acceso EL PA?S ¡ªaportados por un denunciante que prefiere el anonimato para evitar represalias¡ª parecen indicar que un responsable municipal avisaba de la visita de los inspectores del Ayuntamiento con horas de antelaci¨®n a la empresa encargada de limpiar las calles de una zona de la ciudad.
De esta forma, sus operarios pod¨ªan esmerarse y evitar las penalizaciones que el Ayuntamiento aplica como sistema de control a las concesionarias que no cumplen con los est¨¢ndares m¨ªnimos de calidad. Esas multas, que en realidad son detracciones del pago por el servicio, superan en ocasiones el mill¨®n de euros al mes.
El gobierno municipal, que preside Ana Botella (PP), licit¨® en abril de 2013 un contrato de limpieza viaria para unificar los 39 entonces vigentes en uno solo que se ocupara de barrer las calles, eliminar pintadas y conservar mobiliario urbano, zonas verdes, arbolado, ¨¢reas infantiles, etc¨¦tera. Deb¨ªa entrar en vigor el 1 de agosto por un periodo de ocho a?os, dividido en seis lotes (correspondientes a sendas zonas de la ciudad) y con un importe total de 2.317 millones de euros.
El precio final de adjudicaci¨®n fue de 1.943 millones, una rebaja del 16% sobre el importe de licitaci¨®n gracias a la competencia entre empresas interesadas. Ganaron la concesi¨®n Ferrovial (lote 1), Sacyr (lotes 2 y 3), OHL (lote 4) y Fomento de Construcciones y Contratas (lotes 5 y 6).
IU: ¡°El PP sabe que hay chivatazos¡±
La concejal de Izquierda Unida Raquel L¨®pez considera que este caso, de confirmarse finalmente y respetando en todo momento la presunci¨®n de inocencia de los supuestos implicados, probar¨ªa una denuncia en la que insiste desde hace tiempo tanto este grupo pol¨ªtico como los propios trabajadores de las contratas de limpieza.
¡°Que hay chivatazos es un secreto a voces que el Ayuntamiento deb¨ªa conocer al igual que lo conoc¨ªamos nosotros, que lo pusimos en su conocimiento, de igual forma que lo hicieron los sindicatos en varias reuniones¡±, se?ala L¨®pez.
La concejal censura, adem¨¢s, otras supuestas pr¨¢cticas irregulares de las concesionarias: ¡°Que las empresas estaban cobrando por contratar un n¨²mero determinado de trabajadores y que, sin embargo, ten¨ªan varios cientos menos de los comprometidos tampoco lo ha querido controlar este Ayuntamiento, que lo que ha hecho es beneficiar los intereses de las empresas privadas que hacen el agosto a costa de los servicios p¨²blicos de la ciudad¡±.
L¨®pez a?ade: ¡°En este caso, de demostrarse todo lo denunciado, tambi¨¦n se ilustran las negativas consecuencias del poder que el Partido Popular ha dado a las grandes empresas, que se enriquecen a costa de la prestaci¨®n de servicios p¨²blicos que son derechos y no privilegios¡±. ¡°Por tanto, exigimos al equipo de gobierno que ponga en marcha los mecanismos necesarios para evitar estas pr¨¢cticas y as¨ª se lo haremos saber, al tiempo que pediremos explicaciones pol¨ªticas¡±, concluye la concejal de Izquierda Unida.
Hasta entonces, los contratos de limpieza viaria inclu¨ªan unos requisitos m¨ªnimos de trabajadores y medios t¨¦cnicos. El Ayuntamiento cambi¨® entonces el sistema, eliminando ese criterio y aplicando en su lugar uno de calidad del servicio. Estableci¨® 68 indicadores que las concesionarias ten¨ªan que cumplir y que vigilar¨ªan 300 inspectores municipales. Lo importante no es ahora cu¨¢ntos operarios hay vaciando las papeleras sino que las papeleras est¨¦n vac¨ªas. O, cuando menos, que lo est¨¦n cuando pase el inspector.
En caso contrario, se detrae hasta el 20% del pago mensual del servicio. En septiembre de 2013, por ejemplo, se les quit¨® 1,4 millones de euros (un 7,6% del pago comprometido) por no alcanzar la calidad convenida. En octubre, fueron 1,1 millones (un 6,4%).
En noviembre, los trabajadores de las concesionarias convocaron una huelga indefinida ante el anuncio de despido de 1.400 empleados (el 28% de la plantilla).
Como ya no hab¨ªa un requisito m¨ªnimo de trabajadores y los contratos se hab¨ªan adjudicado con rebajas de hasta el 35%, varias empresas aprobaron un expediente de regulaci¨®n de empleo (ERE). La huelga dur¨® 13 d¨ªas y provoc¨® un gran da?o pol¨ªtico a Botella. Se cerr¨® con la retirada del ERE.
Desde entonces, el Ayuntamiento se ha cuidado de que no haya despidos ligados a los nuevos contratos de servicios p¨²blicos (no son s¨®lo de limpieza viaria sino tambi¨¦n de mantenimiento de farolas, sem¨¢foros, calzadas y aceras, etc¨¦tera). Y ha seguido descontando dinero a las empresas por incumplimientos de los criterios de calidad.
En enero se detrajo el 5,4% del pago mensual, en febrero el 3,7%, en marzo el 4%, en abril el 3,5% y en mayo el 3,8%. Estos porcentajes son la media de los seis lotes, pero en algunos casos la penalizaci¨®n lleg¨® hasta el 8,3% y en otros se qued¨® en el 1,8%.
Las multas dependen de la efectividad de las inspecciones peri¨®dicas de los funcionarios; al haber s¨®lo 300 para toda la ciudad, no pueden estar todos los d¨ªas en todas partes, por lo que el factor sorpresa de la inspecci¨®n es vital.
Seg¨²n la denuncia, el trabajador investigado anticip¨® por correo electr¨®nico a dos contactos dentro de la concesionaria en qu¨¦ distritos y qu¨¦ zonas se realizar¨ªan las inspecciones apenas unas horas despu¨¦s, y qu¨¦ indicadores de calidad (por ejemplo, si las calles est¨¢n adecuadamente baldeadas) se vigilar¨ªan. Los dos correos a los que tuvo acceso EL PA?S son de marzo y abril.
El Ayuntamiento procedi¨® en un primer momento a comprobar si hab¨ªa indicios de verosimilitud que merecieran indagar, para descartar que pudiera ser una venganza personal contra un funcionario que, hasta entonces, ten¨ªa un expediente intachable.
Cumplido este paso, fue interrogado al respecto por responsables de la Direcci¨®n General de Limpieza y Zonas Verdes del Ayuntamiento. Se concluy¨®, seg¨²n se?alan fuentes municipales, que ¡°existen razones para proceder a una investigaci¨®n m¨¢s profunda¡±, por lo que el ¨¢rea de Hacienda y Administraci¨®n P¨²blica ha abierto diligencias previas.
El funcionario ha sido apartado cautelarmente de sus funciones mientras se toma declaraci¨®n a otros trabajadores y se examinan sus comunicaciones con las concesionarias (abundantes, puesto que formaba parte de su trabajo tratar con ellas a diario).
Si la investigaci¨®n Administrativa confirma los indicios detectados, y estos son constitutivos de delito, el caso se dejar¨¢ en manos de la justicia.
La investigaci¨®n prev¨¦, adem¨¢s, poner en conocimiento de los responsables de la concesionaria afectada estas circunstancias de forma inmediata, para intentar establecer de esta manera el alcance de la supuesta trama dentro de la empresa.
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