La Fiscal¨ªa pide m¨¢s documentaci¨®n sobre la querella contra Alaya

La Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa ha pedido m¨¢s documentaci¨®n antes de pronunciarse sobre si se debe admitir o no la querella interpuesta por el empresario Luis Oliver contra la juez Mercedes Alaya por su actuaci¨®n en el caso Betis por?indicios de posible prevaricaci¨®n por parte de la magistrada.?En la querella, Oliver sostiene que la magistrada actu¨® il¨ªcitamente para frenar su intento de comprar el Betis a Manuel Ruiz de Lopera, que ten¨ªa el paquete mayoritario del club de f¨²tbol.

El fiscal superior de Andaluc¨ªa, Jes¨²s Garc¨ªa Calder¨®n, pide copia de todos los informes presentados por la Unidad Central Operativa y de Delincuencia Econ¨®mica de la Guardia Civil desde el remitido el 4 de octubre de 2011 as¨ª como de la notificaci¨®n al ministerio p¨²blico del auto de 5 de octubre de 2011 en el que se declaraba el secreto de las actuaciones y se acordaba la intervenci¨®n telef¨®nica respecto a Luis Oliver, entre otra documentaci¨®n. El fiscal superior sostiene que, con estas peticiones, "no trata de descubrir o indagar situaciones de mala fe procesal sino, muy por el contrario, solo quiere posibilitar que pueda tener lugar alguna otra comprobaci¨®n documental por su especial inter¨¦s y por la necesidad de que complemente el soporte documental ofrecido hasta la fecha" por Luis Oliver.

El exmandatario del Betis vendi¨® el 51% de sus acciones, que figuraban a nombre de la sociedad Farusa, a Bitton Sport, representada por Luis Oliver. Este compr¨® el paquete el 6 de julio de 2010 por 16,1 millones de euros. Alaya fren¨® esta operaci¨®n hace ya cinco a?os y el club sigue intervenido judicialmente. Estas son las claves de la querella:

¡°Control absoluto¡±. Oliver sostiene en su querella que el caso Betis tiene como final el ¡°control absoluto¡± del equipo, intervenido judicialmente desde 2010. El texto refleja que las acciones legales de la juez han contado con la oposici¨®n de la fiscal¨ªa en 15 ocasiones por no compartir el sentido de las actuaciones emprendidas.

Impedir que Oliver compre el club. La primera acci¨®n de Alaya fue anular la operaci¨®n de venta de acciones por considerar que Oliver era un testaferro de Lopera y que el traspaso de acciones era una venta simulada. Con este objetivo, dict¨® una orden al Consejo de Superior de Deportes para que no tramitase la venta del club, intervino judicialmente el equipo b¨¦tico y nombr¨® a tres administradores judiciales, entre ellos, el exfutbolista Rafael Gordillo. En estos momentos, la administraci¨®n judicial recae sobre Francisco Estepa, a quien la querella relaciona con el marido de la magistrada, el administrador concursal Jorge Castro. Estepa fue abogado de Castro, tambi¨¦n trabaja como administrador concursal y ha compartido con Castro sede profesional en Sevilla. El querellante sostiene que ¡°el ¨²nico motivo real de ordenar dicha paralizaci¨®n reside en evitar la consumaci¨®n de la compraventa y con ello asegurarse el control¡±

Impedir la personaci¨®n. Alaya deneg¨® de forma reiterada la personaci¨®n de Oliver en el caso, algo que el abogado del empresario, Alfonso Contreras, considera que le caus¨® ¡°indefensi¨®n¡±. Por el contrario, y pese al rechazo de la Fiscal¨ªa, eximi¨® de fianza a las acusaciones particulares: B¨¦ticos por el Villamar¨ªn, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas B¨¦ticos.

Investigaci¨®n secreta y pinchazos telef¨®nicos sin conocimiento del fiscal. Alaya ordena a los administradores judiciales, ante la falta de v¨ªnculos entre Lopera y Bitton Sport para respaldar su teor¨ªa de que Oliver era testaferro del primero, que investiguen los ¨²ltimos seis meses de 2010, cuando Oliver estuvo en el Consejo de Administraci¨®n del Betis. Posteriormente, Alaya abre una causa secreta contra Oliver en febrero de 2011 y ordena el pinchazo del tel¨¦fono del empresario el 5 de octubre de ese mismo a?o por ser una persona de ¡°dif¨ªcil localizaci¨®n¡±, por sus viajes y por tener una orden de busca y captura de un juzgado de Santander. Esa orden result¨® ser un ¡°error de la base de datos¡±, pero continuaron las escuchas hasta el 2 de noviembre. La fiscal¨ªa ignor¨® durante meses la existencia de las escuchas y las recurri¨® finalmente.

Procesamiento. Ante la falta de pruebas que apoyen la tesis inicial de que Oliver era testaferro de Alaya, la magistrada procesa finalmente al primer empresario por comprar, en grado de tentativa, parte de las acciones que Lopera ten¨ªa en el Betis ¡°a sabiendas de que eran litigiosas". A este procesamiento se opone la fiscal¨ªa. El letrado de Oliver expone que en el C¨®digo Penal no existe el ¡°absurdo delito¡± de la compra de acciones litigiosas y a?ade: ¡°Es una mera argucia para asegurar el mantenimiento de las medidas cautelares¡± y mantener el control del Betis.