Alcorc¨®n demanda a Madrid por su protocolo de contaminaci¨®n

El protocolo aprobado por Manuela Carmena el pasado mes de febrero recoge que se prohibir¨¢ la entrada de veh¨ªculos privados a la capital cuando existan episodios altos de contaminaci¨®n en la ciudad. El alcalde de Alcorc¨®n ya anunci¨® al aprobar este documento que acudir¨ªa a los tribunales en caso de que se vulnerase la circulaci¨®n de los 167.000 vecinos de la localidad. "En ning¨²n momento nadie del Ayuntamiento de Madrid se ha puesto en contacto con nosotros para evitar llegar a los tribunales", ha afirmado el regidor popular.

El alcalde mantiene que son "miles de ciudadanos los que diariamente tienen que acceder a la capital desde distintos puntos de la regi¨®n, en especial del sur de la Comunidad de Madrid". Alcorc¨®n est¨¢ unido con la capital a trav¨¦s de la autov¨ªa de Extremadura (A-5), que desemboca en la M-40 y en la M-30. Esta v¨ªa se ver¨ªa afectada por las restricciones de tr¨¢fico que podr¨ªan imponerse en el peor de los escenarios de contaminaci¨®n.

"No estoy dispuesto a que la alcaldesa de Madrid vulnere el derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos para poder circular libremente por las carreteras madrile?as. El cierre de estos accesos generar¨ªa un problema muy serio y causar¨ªa el llamado efecto llamada, es decir, que la decisi¨®n de Manuela Carmena afectar¨ªa a las localidades lim¨ªtrofes y sufrir¨ªamos consecuencias econ¨®micas, de sobrecarga de tr¨¢fico y colapso circulatorio, entre otras", ha destacado David P¨¦rez.

El Ayuntamiento de Alcorc¨®n basa su recurso en la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa en que la antigua M-30 (actual Calle 30) se trata de una carretera de titularidad estatal cedida al Ayuntamiento de Madrid. La Comunidad de Madrid es la titular, ya que, seg¨²n fuentes municipales, es la que puede adoptar medidas que la afecten. Por ello, los alcorconeros dudan de que se pueda decretar su cierre de manera unilateral sin contar con la Administraci¨®n regional.

Fuentes municipales mantienen que cualquier ciudadano que se viera afectado en su derecho de libre circulaci¨®n podr¨ªa denunciar al Ayuntamiento de Madrid para pedir una indemnizaci¨®n por el da?o real efectivo. Este puede ser evaluado econ¨®micamente como ya ha ocurrido en otras localidades de Espa?a. Alcorc¨®n pone el ejemplo de Burgos.

Una portavoz de la Concejal¨ªa de Medio Ambiente y Movilidad de Madrid ha recordado que el art¨ªculo 43.2 de la Constituci¨®n habla de la obligaci¨®n de las Administraciones de preservar la salud. En concreto dice: ¡°Compete a los poderes p¨²blicos organizar y tutelar la salud p¨²blica a trav¨¦s de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecer¨¢ los derechos y deberes de todos¡±.

El precedente de Botella

La portavoz tambi¨¦n ha mantenido que el 1 de marzo de 2015, cuando era alcaldesa Ana Botella (PP), se aprob¨® un protocolo de contaminaci¨®n por episodios de di¨®xido de carbono (NO2), que se ha aplicado dos veces durante el presente mandato. El documento de Botella tambi¨¦n contemplaba la restricci¨®n de circulaci¨®n de veh¨ªculos en escenarios de alta contaminaci¨®n. ¡°P¨¦rez es alcalde de Alcorc¨®n desde el 11 de junio de 2011, y no se plante¨® nunca denunciar el protocolo de la entonces alcaldesa, compa?era suya de partido¡±, ha relatado la portavoz de Medio Ambiente. ¡°Madrid lleva siete a?os consecutivos incumpliendo el tope permitido por la UE en los niveles de contaminaci¨®n por di¨®xido de nitr¨®geno, y este Ayuntamiento est¨¢ tomando medidas valientes para reducir el impacto del NO2¡±, ha a?adido.?

¡°Este Ayuntamiento trabaja para que los ciudadanos puedan respirar aire de mejor calidad, por supuesto tambi¨¦n los alcorconeros, y celebra que la Comunidad est¨¦ ultimando su propio plan de lucha contra la contaminaci¨®n¡±, ha concluido la portavoz.