Los proveedores de la Generalitat tendr¨¢n que certificar que no ayudan al refer¨¦ndum

Los proveedores de la Generalitat de Catalu?a tambi¨¦n estar¨¢n bajo la lupa del Gobierno para evitar que se celebre el refer¨¦ndum independentista suspendido por el Tribunal Constitucional. El Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) publica hoy s¨¢bado m¨¢s detalles del sistema de control dise?ado por el Ministerio de Hacienda y que, entre otras cosas, sugiere a las personas jur¨ªdicas o f¨ªsicas que entreguen bienes o presten servicios al Gobierno catal¨¢n que, junto con la factura de cobro, certifiquen que su actividad "no tiene relaci¨®n con la financiaci¨®n de actividades ilegales ni contrarias a las decisiones de los tribunales".

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El ministro Crist¨®bal Montoro explic¨® ayer viernes, tras el Consejo de Ministros, que el Ejecutivo central asumir¨¢ todos los pagos de servicios esenciales y n¨®minas de la Generalitat a partir de ahora. Es decir, en lugar de enviar a Catalu?a los 1.400 millones de euros que mensualmente le corresponden dentro de la financiaci¨®n para hacer frente a sus obligaciones, Hacienda pagar¨¢ directamente desde su caja el gasto de servicios fundamentales: educaci¨®n, sanidad, servicios sociales y n¨®minas de trabajadores p¨²blicos. Esta intervenci¨®n de facto en la Generalitat entra en vigor desde la publicaci¨®n en el BOE.?

La petici¨®n de la certificaci¨®n a los proveedores de la Generalitat forma parte de la idea global de Hacienda de vincular tambi¨¦n a los actores privados en el control para evitar el refer¨¦ndum. La disposici¨®n tambi¨¦n recoge que, en caso de que existan dudas sobre si un bien o servicio tiene "relaci¨®n con actividades contrarias a las decisiones de los tribunales", se comunique al ministerio y se adjunte la documentaci¨®n que lo acredite.

Asimismo, las entidades financieras est¨¢n obligadas a notificar al Ministerio Fiscal o al Sepblac (la Comisi¨®n de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) cualquier orden de pago o transferencia de los servicios contratados por la Generalitat que "tuviera relaci¨®n con actividades ilegales".

El Consejo de Ministros aprobar¨¢ el endeudamiento

La disposici¨®n del Bolet¨ªn tiene ocho p¨¢ginas, de las cuales casi seis corresponden a la exposici¨®n de los motivos. El resto expone la bater¨ªa de siete medidas con las que el Estado toma las riendas de las finanzas catalanas para evitar que se destinen recursos p¨²blicos a sufragar los preparativos o la celebraci¨®n del refer¨¦ndum independentista convocado para el 1 de octubre.

En primer lugar, se pide al presidente de la Generalitat que adopte en 48 horas un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria, la lista de gastos que no sean de servicios b¨¢sicos que necesite afrontar este a?o. Hacienda decidir¨¢ cu¨¢les paga, tras evaluar que no tengan relaci¨®n alguna con el refer¨¦ndum. Los gastos sociales y las n¨®minas (unos 1.400 millones mensuales) se pagar¨¢n directamente desde las arcas del ministerio, despu¨¦s de que la Generalitat le env¨ªe una relaci¨®n y donde tambi¨¦n se indique que no se dedican fondos p¨²blicos con la votaci¨®n suspendida por el Tribunal Constitucional.

Finalmente, Montoro tambi¨¦n regula las operaciones de endeudamiento a corto plazo del Gobierno catal¨¢n. Estos movimientos requerir¨¢n a partir de ahora de una autorizaci¨®n previa del Consejo de Ministros. La Generalitat incluso tendr¨¢ que explicar c¨®mo gasta los 250 millones de euros que provienen de sus impuestos propios, como el de Sucesiones o Patrimonio.

El texto justifica el m¨¦todo de control, que Montoro ha calificado de "novedoso", porque las ¨²ltimas decisiones del Govern respecto a no enviar los reportes semanales sobre el gasto "son actuaciones que suponen un agravamiento sin precedentes".? Hacienda considera que "se est¨¢ perjudicando la confianza sobre la situaci¨®n financiera de Catalu?a y son elementos que podr¨ªan afectar negativamente la imagen de estabilidad de la situaci¨®n econ¨®mica del conjunto de Espa?a".?

El secretario de Econom¨ªa de la Generalitat, Pere Aragon¨¦s, calific¨® ayer viernes de "ilegal" el nuevo sistema de Montoro y denunci¨® que el Gobierno central busca "aplicar el art¨ªculo 155 por la puerta de atr¨¢s". El ministerio recuerda en su acuerdo que al solicitar el acceso al Fondo de Liquidez Auton¨®mica, en 2012, Catalu?a se comprometi¨® a "cumplir lo dispuesto en cualquier disposici¨®n que desarrolle este mecanismo de financiaci¨®n". Es esta, pues, la percha jur¨ªdica mediante la cual el Estado articula todo el dispositivo de control.

Hacienda deja la vigencia del acuerdo completamente abierta. Seg¨²n la disposici¨®n del BOE, se mantendr¨¢ la aplicaci¨®n "hasta que desaparezca la situaci¨®n de riesgo para el inter¨¦s general en la Comunidad Aut¨®noma de Catalu?a".