El CJC rechaza la demanda de 25 millones del Valencia contra Riba-roja
El club ha reclamado al Ayuntamiento por la anulaci¨®n judicial del plan urban¨ªstico donde proyect¨® su nueva ciudad deportiva
El Consell Jur¨ªdic Consultiu (CJC) ha emitido un dictamen en el que rechaza la demanda de 25 millones de euros de la empresa Litoral del Este -mercantil vinculada al Valencia CF- por la anulaci¨®n del programa de actuaci¨®n integrada (PAI) de Porxinos en el que se preve¨ªa la construcci¨®n de 2.700 viviendas, un campo de golf y una ciudad deportiva sobre un ¨¢rea de 1,2 millones de metros cuadrados del t¨¦rmino municipal, seg¨²n el Ayuntamiento de la localidad.
El dictamen del este ¨®rgano consultivo se?ala que la petici¨®n del Valencia "no cumple ninguna de las premisas necesarias para su estimaci¨®n puesto que ni nos encontramos ante un da?o real y efectivo en los t¨¦rminos exigidos por la ley, ni, en consecuencia, la anulaci¨®n del instrumento de planeamiento ha generado una minoraci¨®n en un derecho de aprovechamiento que nunca lleg¨® a tener".
Seg¨²n se?ala el Consistorio en un comunicado, "los planes del Valencia de llevar a cabo este programa urban¨ªstico fueron fruto de un convenio entre el Ayuntamiento de Riba-roja de T¨²ria, encabezado por el ex alcalde Francisco Tarazona, del PP, y la empresa Litoral del Este en el que las arcas municipales recibieron 20 millones de euros como compensaci¨®n por la recalificaci¨®n de los terrenos considerados como no urbanizables de protecci¨®n agr¨ªcola". La Consejer¨ªa de Territorio dio tambi¨¦n su visto bueno.
Sin embargo, primero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de abril de 2013 y una posterior del Supremo de junio de 2015 declararon nulo el plan parcial y la homologaci¨®n del proyecto urban¨ªstico al considerar que no exist¨ªan suficientes recursos h¨ªdricos como pon¨ªa de manifiesto un informe de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car (CHJ), adem¨¢s de que no se respetaron las condiciones que impon¨ªa la declaraci¨®n de impacto ambiental respecto del paraje colindante de les Rodanes y, por ¨²ltimo, la adjudicaci¨®n de la urbanizaci¨®n se realiz¨® "a dedo" y "sin la necesaria oferta p¨²blica".
A pesar del "rev¨¦s judicial", a?aden, Litoral del Este volvi¨® a tramitar un nuevo plan que present¨® en el Ayuntamiento de Riba-roja de T¨²ria en marzo de 2016 quien a su vez traslad¨® a la Generalitat como administraci¨®n p¨²blica competente para dictaminar sobre este tipo de proyectos urban¨ªsticos.
La Comisi¨®n de Evaluaci¨®n Ambiental de la Generalitat rechaz¨® en abril pasado la tramitaci¨®n del nuevo plan porque ¨¦ste triplicaba los l¨ªmites de crecimientos previstos en Riba-roja de T¨²ria. Adem¨¢s, en septiembre pasado la Consejer¨ªa de Medio Ambiente ha ampliado el ¨¢rea de protecci¨®n del plan de Ordenaci¨®n de Recursos Naturales (PORN) del T¨²ria en el que el paraje de Porxinos quedar¨¢ incluido en la denominada interfase 1 como zona forestal y agr¨ªcola no urbanizable, por tanto, el PAI es inviable.
Ahora, el Consell Jur¨ªdic Consultiu subraya en su razonamiento que "tampoco se ha demostrado que se le haya privado de derecho alguno, generador de la responsabilidad de la administraci¨®n" y desestima la demanda del Valencia "por no hallarse en los supuestos indemnizatorios previstos" y porque "no concurre el supuesto de causalidad entre la actuaci¨®n de los ¨®rganos de urbanismos y los da?os alegados por la mercantil reclamante, sin que tampoco se hayan acreditado".
El dictamen de este organismo se a?ade al informe jur¨ªdico que el propio Ayuntamiento de Riba-roja de T¨²ria encarg¨® y en el que se se?alaba que el actual equipo de gobierno ha cumplido "escrupulosamente" el convenio firmado en su momento entre el consistorio y la empresa promotora en el que la administraci¨®n local se compromet¨ªa a tramitar un nuevo plan urban¨ªstico, tal y como realiz¨® en abril de 2016.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Riba-roja de T¨²ria ha afirmado que el dictamen del Consell Jur¨ªdic Consultiu "avala plenamente la actuaci¨®n que hemos llevado en esta legislatura por preservar los intereses de nuestros vecinos ante el riesgo y los problemas ambientales y econ¨®micos que se podr¨ªan derivar de un PAI".
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