El Supremo obliga a los tribunales a revisar la venta de una vivienda p¨²blica a un fondo de inversion

El Supremo ha reconocido a un inquilino de las 32 promociones de vivienda p¨²blica que la Comunidad de Madrid vendi¨® por 201 millones a la entidad privada Azora Gesti¨®n su legitimidad para oponerse a la operaci¨®n. El fallo del Supremo no anula la venta, pero obliga a los tribunales a pronunciarse sobre el recurso que este inquilino present¨® contra operaci¨®n de privatizaci¨®n de la Comunidad.

El relato de hechos de la sentencia narra c¨®mo el 27 de noviembre de 2007 se adjudic¨® en r¨¦gimen de alquiler a Rachid B. una vivienda de Protecci¨®n Oficial del Ivima, perteneciente a la Comunidad de Madrid, en Navalcarnero. ¡°Dicha vivienda es ocupada desde ese a?o por el Sr. Rachid, que disfrut¨® de una reducci¨®n de un porcentaje del 90% de la renta, que ha tenido reconocida hasta el mes de diciembre de 2014¡±, contin¨²a. ¡°Por resoluci¨®n de la Direcci¨®n de Gerencia del Instituto de la Vivienda de Madrid de 29 de agosto de 2013 ¡ªrectificada por otra de 11 de octubre de 2013¡ª se adjudic¨® a la mercantil Azora Gesti¨®n el contrato de enajenaci¨®n de 32 promociones pertenecientes al Instituto de la Vivienda de Madrid por el precio de 201.000.007 euros¡±, dice tambi¨¦n.

Seg¨²n el escrito, la legitimidad del arrendatario para oponerse a la operaci¨®n ¡°deriva de la incidencia que el traspaso de la vivienda tiene¡± en sus derechos, dado ¡°que puede verse privado de beneficios sociales y de una pol¨ªtica orientada al cumplimiento de fines sociales que hasta el momento ven¨ªa disfrutando¡±, dice el Supremo. Adem¨¢s, seg¨²n la C¨¢mara de Cuentas, esta venta fue ilegal.

¡°Por resoluci¨®n de la Direcci¨®n de Gerencia del Instituto de la Vivienda de Madrid de 25 de octubre de 2013 se comunica a Rachid que se hab¨ªa transmitido la propiedad de la vivienda de la que era arrendatario a la mercantil Encasa Cibeles SL¡±, concluyen los hechos.

Los tribunales, incluido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, negaron al afectado la legitimidad para oponerse a la venta. ¡°El Tribunal de instancia y el de apelaci¨®n argumentan de forma coincidente que Rachid B. no est¨¢ legitimado para impugnar la resoluci¨®n del Ivima, por cuanto tal actuaci¨®n administrativa que acuerda la enajenaci¨®n de las viviendas en nada afecta ni incide en sus intereses en la medida que las condiciones y los t¨¦rminos del contrato de arrendamiento de su vivienda suscrito en el a?o 2007 permanecen inalteradas¡±, recuerda el Supremo.

El recurso defiende que, por el contrario, la transmisi¨®n de la vivienda arrendada al sector privado s¨ª afecta a su esfera jur¨ªdica de intereses. Y el Supremo coincide con el recurso al considerar que si la vivienda pasa del sector p¨²blico a una empresa privada, con las diferencias en cuanto al grado de protecci¨®n social de la vivienda y de sus arrendatarios que ello implica, afecta claramente a la situaci¨®n de un arrendatario acogido a un r¨¦gimen p¨²blico de viviendas de protecci¨®n oficial: ¡°Esta alteraci¨®n de la condici¨®n y cualidad del arrendador no puede considerarse indiferente para el arrendatario¡±, dice el Supremo, que se?ala que las condiciones de protecci¨®n que supone el estar arrendado a una entidad p¨²blica no son iguales cuando se depende de una entidad privada.

Por su parte, la gestora de las viviendas, Encasa Cibeles, sostiene que la sociedad "cumple ¨ªntegramente todas las condiciones establecidas en los contratos firmados con el IVIMA, respetando en todo momento el alquiler fijado y las bonificaciones otorgadas por el IVIMA a los inquilinos". Igualmente, recuerda que "ha decidido prorrogar en numerosos casos dichas bonificaciones del IVIMA, una vez que estas finalizaron".

Y concluye que la "pol¨ªtica general de Encasa Cibeles es analizar caso a caso las circunstancias presentes de todos sus vecinos, una vez que terminan aquellos contratos firmados con el IVIMA, para buscar, si as¨ª fuera necesario y en colaboraci¨®n con los servicios sociales locales, soluciones y alternativas que mejor se adapten a cada situaci¨®n, siendo su prioridad los casos de vulnerabilidad social".