El fiscal pide 30 a?os de c¨¢rcel para el principal acusado del ¡®caso De Miguel¡¯

La Fiscal¨ªa de ?lava reclama una pena de 29 a?os y nueve meses de c¨¢rcel para el exdirigente del PNV Alfredo de Miguel, al que considera el cabecilla de una trama de comisiones ilegales y adjudicaciones irregulares de contratos p¨²blicos. La petici¨®n recogida en sus conclusiones definitivas es significativamente inferior a la pena que solicitaba al inicio del juicio (54 a?os de prisi¨®n) que se sigue por el denominado caso De Miguel.

El ministerio p¨²blico atribuye a De Miguel una veintena de delitos relacionados con las actividades de la presunta red corrupta, que habr¨ªa operado entre 2005 y 2009, hasta que una empresaria denunci¨® el entramado ante la Ertzaintza. Aunque la suma de las condenas por esta veintena de delitos asciende a 29 a?os y nueve meses de prisi¨®n, el C¨®digo Penal establece que el tiempo efectivo de estancia en prisi¨®n no puede superar el triple de la pena m¨¢s alta impuesta, por lo que si es condenado, De Miguel permanecer¨ªa un m¨¢ximo de 12 a?os en la c¨¢rcel.

La Fiscal¨ªa responsabiliza al exdiputado foral y antiguo dirigente del PNV de un delito de asociaci¨®n il¨ªcita en grado de dirigente, por el que solicita tres a?os de c¨¢rcel, as¨ª como una multa de 5.400 euros. Adem¨¢s, le atribuye un delito de blanqueo de capitales, por el que pide tres a?os de prisi¨®n y una multa de 346.980 euros.

El escrito del ministerio p¨²blico se estructura en diversos bloques, que coinciden con las distintas ¨¢reas en las que se ha estructurado el juicio. En el bloque sobre Urbanorma (la empresa de la abogada que denunci¨® la trama), la Fiscal¨ªa imputa a De Miguel un delito de cohecho pasivo, con una condena de cuatro a?os de c¨¢rcel y una multa de 400.000 euros.

Otros de los tipos delictivos atribuidos al exdiputado foral son prevaricaci¨®n, coacciones, falsedad en documento mercantil, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y falsedad en documento oficial. Adem¨¢s, le reclama el pago de cerca de un mill¨®n y medio de euros en concepto de multas.

Los otros dos principales acusados en la causa son los tambi¨¦n exdirigentes del PNV Aitor Telleria y Koldo Ochandiano. La Fiscal¨ªa solicita para cada uno de ellos 13 a?os y siete meses de prisi¨®n, cuando al inicio del procedimiento reclamaba penas que sumaban 32 a?os y dos meses de prisi¨®n para cada uno de ellos.

En ambos casos les considera responsables de nueve delitos (prevaricaci¨®n, malversaci¨®n, falsedad en documento oficial, asociaci¨®n il¨ªcita, blanqueo de capitales, cohecho pasivo y coacciones). El ministerio p¨²blico les reclama el pago de m¨¢s de 600.000 euros en cada caso.

Por su parte, Ainhoa Bilbao, esposa de Alfredo de Miguel y que se enfrentaba a una petici¨®n de pena inicial de 30 a?os y seis meses de c¨¢rcel, ve reducida la solicitud de la Fiscal¨ªa hasta los cinco a?os de prisi¨®n por los delitos de asociaci¨®n il¨ªcita y blanqueo de capitales. Las esposas de Telleria (Araceli Bajo) y Ochandiano (Iratxe Gaztelu) se enfrentan a las mismas penas que la esposa de Alfredo de Miguel, aunque la solicitud inicial de la Fiscal¨ªa era inferior (21 a?os y seis meses de prisi¨®n), que la que reclamaba para Ainhoa Bilbao.

En el caso de Aintzane de Miguel, hermana del presunto cabecilla de la red, el ministerio p¨²blico plantea una petici¨®n de tres a?os y seis meses de c¨¢rcel por falsedad en documento mercantil, una condena significativamente inferior a los 13 a?os de c¨¢rcel reclamados al inicio del procedimiento.

Otros de los acusados son el responsable de la red de parques tecnol¨®gicos de Euskadi Juli¨¢n S¨¢nchez Alegr¨ªa, que se enfrentaba a 17 a?os de c¨¢rcel, ahora rebajados a un a?o y nueve meses por un delito de coacciones; y el antiguo gerente del Parque Tecnol¨®gico de Alava Alfonso Arriola, cuya petici¨®n de pena ha sido reducida de 21 a?os a cinco a?os y nueve meses, por un delito de coacciones y otro de falsedad en documento oficial.

El exviceconsejero de Cultura del Gobierno vasco Gurutz Larra?aga, para el que se reclamaban 17 a?os de prisi¨®n, ya no se enfrenta a ninguna pena de prisi¨®n, dado que la Fiscal¨ªa ¨²nicamente solicita que se le imponga una inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por un periodo de diez a?os, al imputarle un delito de prevaricaci¨®n continuada.

Por su parte, Xabier S¨¢nchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, se enfrenta a una petici¨®n de ocho a?os de prisi¨®n (diez menos que los solicitados inicialmente) por delitos de asociaci¨®n il¨ªcita, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, falsedad en documento oficial y tr¨¢fico de influencias.

El ministerio p¨²blico reduce de 11 a?os a seis a?os y ocho meses la petici¨®n de prisi¨®n para el empresario Jon I?aki Echaburu, al que considera autor de los delitos de asociaci¨®n il¨ªcita, cohecho activo, prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias.

En el caso de Sergio Fern¨¢ndez Oleaga, para el que se reclamaban doce a?os de c¨¢rcel, la pena solicitada se ha reducido a siete a?os y seis meses, como responsable de los delitos de coacciones, cohecho activo, falsedad en documento mercantil e inducci¨®n a la prevaricaci¨®n.

I?aki San Juan se enfrenta a siete a?os de c¨¢rcel --inicialmente eran 19 a?os y siete meses-- por los delitos de asociaci¨®n il¨ªcita, prevaricaci¨®n continuada, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, falsedad en documento oficial y tr¨¢fico de influencias.

El escrito de la Fiscal¨ªa propone imponer seis a?os de c¨¢rcel a Josu Montes, que antes se enfrentaba a 17 a?os y seis meses, por asociaci¨®n il¨ªcita, prevaricaci¨®n continuada, malversaci¨®n de caudales y falsedad en documento oficial.

El constructor Prudencio del Hierro, para el que inicialmente se reclamaban siete a?os, se enfrenta a una petici¨®n de tres meses --no entrar¨ªa en prisi¨®n si llega a ser condenado-- por un delito de falsedad en documento mercantil.

La Fiscal¨ªa solicita una inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por un periodo de diez a?os para la exalcaldesa de Zambrana Justina Angulo, que al inicio del procedimiento se enfrentaba a una solicitud de cuatro a?os y seis meses de c¨¢rcel.

Josu Arruti Letemendia, que se enfrentaba a 19 a?os y seis meses de c¨¢rcel en cada caso, es uno de los acusados que en el transcurso del juicio reconoci¨® parcialmente los hechos que se le imputaban --afirm¨® haber recibido comisiones ilegales--, tras haber llegado a un acuerdo con la Fiscal¨ªa. Finalmente, se solicitan 21 meses de prisi¨®n por asociaci¨®n il¨ªcita, tr¨¢fico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho pasivo, por lo que al ser una pena inferior a dos a?os no entrar¨ªa en la c¨¢rcel.

Su padre Josu Arruti Odriozola, para el que en un principio se reclamaban 19 a?os y seis meses de condena, ha visto reducida la petici¨®n de la Fiscal¨ªa a nueve meses por un delito contra la hacienda p¨²blica y otro de blanqueo de capitales, de forma que tampoco entrar¨ªa en prisi¨®n. Est¨ªbaliz Arruti, hermana e hija de los anteriores, se enfrentaba a una petici¨®n de seis a?os de c¨¢rcel, ha visto como la Fiscal¨ªa pide ahora su absoluci¨®n, junto con la de los empresarios catalanes Joaquim Sabater y Ram¨®n Tom¨¢s, "por no sostenerse la acusaci¨®n contra ellos". Tambi¨¦n se pide que sea absuelto Gorka Errasti, marido de Estibaliz Arruti, al haber prescrito el delito de blanqueo de capitales que se le atribu¨ªa.

La Fiscal¨ªa tambi¨¦n pide la absoluci¨®n de los empresarios Francesc Fern¨¢ndez y Placid Casas, otros de los acusados que llegaron a un acuerdo con el ministerio p¨²blico y que reconocieron haber pagado comisiones a la trama. Ambos se enfrentaban a una petici¨®n de siete a?os y seis meses de c¨¢rcel, aunque la Fiscal¨ªa argumenta ahora que el delito que se les imputaba ha prescrito. El juicio del caso De Miguel se reanudar¨¢ la pr¨®xima semana, con la exposici¨®n de las conclusiones de las defensas y acusaciones.