Ofensiva contra los guetos en los colegios de Catalu?a

La segregaci¨®n escolar se ha convertido en un problema de primer orden en la escuela catalana. "Hoy hay m¨¢s escuelas guetizadas", advert¨ªa en 2016 el S¨ªndic de Greuges, Rafael Rib¨®, en un dur¨ªsimo informe. Se refer¨ªa el Defensor del Pueblo Catal¨¢n a los colegios que, por la alta concentraci¨®n de alumnos inmigrantes que tienen en sus aulas, parecen guetos. Entonces, un centenar de escuelas catalanas, casi el doble que en 2006, ten¨ªan m¨¢s de un 50% de alumnado extranjero.

M¨¢s informaci¨®n

El derecho de las familias a elegir colegio propicia que se creen guetos escolares, seg¨²n los expertos

As¨ª se convierte un colegio en gueto

El estudio del S¨ªndic puso en alerta a toda la comunidad educativa y, auspiciado por Rib¨®, comenz¨® a gestarse un pacto institucional para poner coto a este fen¨®meno. Las idas y venidas de algunos actores y la inestabilidad pol¨ªtica han retrasado la puesta de largo de un acuerdo que este lunes ha visto, por fin, la luz. El Pacto contra la Segregaci¨®n Escolar, que cuenta con el favor del Govern y la oposici¨®n de PP, C's, CUP, el sindicato USTEC y la Federaci¨®n de asociaciones de familias FAPAC, apuesta por revisar las cuotas que cobra la escuela concertada, garantizar la gratuidad a los alumnos m¨¢s desfavorecidos y vetar la matr¨ªcula viva ¡ªalumnos que llegan y se matriculan en un centro en medio del curso¡ª en aquellas escuelas de alta complejidad (con alto n¨²mero de alumnado inmigrante, en riesgo de exclusi¨®n social y/o discapacitados).

"El problema n¨²mero uno en la educaci¨®n en Catalu?a es la falta de igualdad de oportunidades", zanja Rib¨®. Y hab¨ªa que atajarlo. El plan cuenta con 189 medidas para reducir los ¨ªndices de segregaci¨®n escolar y una comisi¨®n de seguimiento para garantizar el cumplimiento del documento, que ha sido secundado por buena parte del arco pol¨ªtico catal¨¢n, casi todos los ayuntamientos de m¨¢s de 10.000 habitantes, sindicatos como CCOO y UGT y entidades de la comunidad educativa.

Las propuestas para abordar la segregaci¨®n acaparan todas las etapas educativas, desde la preinscripci¨®n escolar. De hecho, el plan recoge una de las medidas anunciadas por el consejero del ramo, Josep Bargall¨®: un nuevo decreto de admisiones, que regule los criterios de acceso?y redistribuya de una forma m¨¢s equilibrada a los alumnos con necesidades educativas especiales para evitar los guetos escolares. Aunque el nuevo decreto todav¨ªa est¨¢ en la cocina y no ver¨¢ la luz hasta el ciclo 2020-2021, el Govern ya aplicar¨¢ el pr¨®ximo curso algunas medidas como la retirada de los puntos extra por enfermedades digestivas cr¨®nicas, celiaqu¨ªa o tener familiares (padres, hermanos) exalumnos del centro. Las intolerancias alimentarias otorgaban 10 puntos adicionales y los v¨ªnculos familiares con el centro, otros cinco. Ambos criterios acordaron retirarse en 2017 pero la inestabilidad pol¨ªtica retras¨® dos a?os su aplicaci¨®n.

Queda por delante, no obstante, incidir en otras propuestas de calado que debe contemplar el nuevo decreto de admisiones, como limitar la cuota de alumnos con necesidades espec¨ªficas en los centros de alta complejidad o la no escolarizaci¨®n de matr¨ªcula viva en este tipo de escuelas. "Habr¨¢ un tratamiento id¨¦ntico para todas las escuelas del sistema educativo de Catalu?a, una reserva de plazas que permita que los alumnos reci¨¦n llegados no incrementen la segregaci¨®n por el hecho de no estar equitativamente distribuidos en los centros", ha apuntado Bargall¨® tras la firma del documento.??

El pacto tambi¨¦n aborda uno de los temas m¨¢s controvertidos del modelo educativo y en el que ning¨²n consejero se ha atrevido a poner mano a¨²n: las cuotas que cobra la escuela concertada. Estos importes, en teor¨ªa voluntarios, que abonan las familias chocan con el principio de gratuidad del sistema p¨²blico, aunque los centros concertados justifican que los recursos p¨²blicos que reciben no alcanzan para sufragar la escolarizaci¨®n del alumnado. El plan prev¨¦ hacer una auditor¨ªa para cuantificar el precio real de una plaza escolar y, en cualquier caso, garantizar la gratuidad de la plaza concertada a los alumnos m¨¢s desfavorecidos. Tambi¨¦n exige que se publiquen estos importes y los conceptos y aboga por avanzar hacia la eliminaci¨®n de estas cuotas.

El acuerdo contempla tambi¨¦n otra de las medidas anunciadas por Bargall¨® acerca de la financiaci¨®n de los centros concertados: aquellos que asuman m¨¢s corresponsabilidad en lo que se refiere a una escolarizaci¨®n equilibrada, tambi¨¦n recibir¨¢n m¨¢s recursos. El Govern quiere repartir los recursos p¨²blicos en funci¨®n de la realidad socioecon¨®mica de los centros, lo que implica, de facto, que algunos centros concertados con m¨¢s alumnos desfavorecidos, inmigrantes o reci¨¦n llegados, ver¨¢n incrementado su concierto econ¨®mico.?

Las medidas que recoge el Pacto ser¨¢n de obligado cumplimiento para todos los centros y, de hecho, el documento contempla medidas disciplinarias para aquellas escuelas, p¨²blicas o privadas, que no cumplan las directrices establecidas.

Con todo, ser¨¢ preciso mejorar la financiaci¨®n de todo el sistema ¡ªel Pacto apuesta por llegar al 6% del PIB, como marca la Ley de Educaci¨®n de Catalu?a, aunque el gasto en educaci¨®n se encuentra ahora en torno al 2%¡ª. De hecho, algunas medidas expuestas requieren de una inversi¨®n presupuestaria que, por lo pronto, el Govern no podr¨¢ garantizar ¡ªlos Presupuestos de este a?o no se han aprobado¡ª. Por ejemplo, la reducci¨®n de ratios en los centros de alta complejidad o una inyecci¨®n extraordinaria de recursos a este tipo de colegios ¡ªya se aplica un incremento, pero el documento se?ala que deber¨ªa ser mayor¡ª. "La esperanza esuqe, una vez acabado el proceso electoral actual, podremos tener presupuestos y partidas para sacar adelante acciones m¨¢s contundentes del pacto. Este es el compromiso", ha valorado Bargall¨®.?

Pacto descafeinado

Pese a ser un acuerdo pionero y ¨²nico hasta la fecha en Catalu?a en la lucha contra la segregaci¨®n, el Pacto nace descafeinado por la ausencia de algunos actores pol¨ªticos y sociales. De hecho, para sortear la ausencia de partidos como Ciutadans y la CUP, sindicatos como Ustec o entidades como la Fapac, se han creado dos estadios de compromiso y adhesi¨®n al acuerdo. De esta forma, son el S¨ªndic, el Gover, las patronales de la concertada y los municipios de m¨¢s de 10.000 habitantes los que firman y se comprometen a desplegar las medidas. Y luego, en un segundo escal¨®n, se crea una comisi¨®n de seguimiento del Pacto en el que intervienen los grupos parlamentarios que dan su apoyo (PSC, ERC, Junts per Catalunya y Catalunya en com¨²), centrales sindicales como CCOO y UGT y otras entidades de la comunidad educativa.

El abordaje de la concertada ha sido uno de los puntos conflictivos y el redactado final no cumple las expectativas de una parte de los actores pol¨ªticos y sociales de Catalu?a, contrarios al sistema educativo mixto (red concertada y p¨²blica)."Lejos de proteger la educaci¨®n p¨²blica como el ¨²nico garante del derecho fundamental a la educaci¨®n en condiciones de igualdad, el documento se centra en proponer medidas de car¨¢cter econ¨®mico para consolidar los centros privados concertados. Que estos centros reciban financiaci¨®n p¨²blica es la f¨®rmula que implica que las administraciones p¨²blicas colaboran a mantener la segregaci¨®n", ha denunciado FAPAC en un comunicado. La CUP tambi¨¦n ha criticado la falta de "concreci¨®n" sobre las partidas presupuestarias que requiere la implementaci¨®n del Pacto y ha rechazado el papel que adquiere la concertada en este contexto. "Sumarse al Pacto significa legitimar la dobre red educativa, ya que no se entrev¨¦ ninguna intenci¨®n de minar el poder de la concertada ni de limitar sus privilegios", ha advertido la formaci¨®n en un comunicado.

Ciudadanos, el principal partido de la oposici¨®n, tampoco ha secundado el acuerdo. "Hicimos tres sugerencias que no se aceptaron. Una era sobre contemplar medidas para reforzar el ingl¨¦s, otra sobre la gratuidad de los libros de texto y otra sobre la ense?anza en espa?ol, porque la ense?anza monoling¨¹e en catal¨¢n es perjudicial para los castellanohablantes. No se acept¨® ninguna y no podemos firmar algo en lo que no se nos ha tenido en cuenta", zanja la diputada Sonia Sierra. El PP, por su parte, alega que tampoco firm¨® el documento porque coharta la libertad de las familias. "Con el pacto, lo que se busca es que sea la Administraci¨®n la que decida d¨®nde escolarizar y eso va en contra de la libertad de las familias a escoger el centro donde llevar a sus hijos", apunta.