La escuela p¨²blica y la privada se al¨ªan para denunciar el concierto de colegios de ¨¦lite

En el barrio de Pedralbes, uno de los m¨¢s adinerados de Barcelona, los alumnos del?St. Paul's School, un colegio triling¨¹e,?reciben clase en unas instalaciones de lujo: 10.000 metros cuadrados de terreno, de ellos 2.000 de zona ajardinada, tres pistas polideportivas y dos gimnasios cubiertos. Se trata de un centro concertado, sostenido con fondos p¨²blicos, y sin embargo las familias (algunas famosas) pagan 850 euros al mes como ¡°precio de escolarizaci¨®n¡±, seg¨²n denuncia hoy jueves en un informe la Confederaci¨®n Estatal de Padres de la Ense?anza P¨²blica (CEAPA).?Cada curso, la escuela, que tiene que impartir ense?anza gratuita, recibe 1,6 millones de euros de la Generalitat de Catalunya para el mantenimiento de las instalaciones y los salarios de los profesores y del personal no docente.

¡°Estamos dentro de la normativa de conciertos. La escolarizaci¨®n b¨¢sica est¨¢ cubierta por el concierto. Las cuotas son voluntarias¡±, argumenta Patricia Carranza, la directora del centro. La responsable del Sant Paul's explica que la escuela dispone de muchos proyectos y programas de atenci¨®n a la diversidad y que los padres reclaman servicios adicionales y saben que ¡°estos proyectos los tienen que cubrir¡±. En un correo electr¨®nico, al que ha tenido acceso EL PA?S, la jefa de admisiones del colegio explica que¡°el precio de la escolarizaci¨®n es de 850 euros al mes¡±, una cuota que incluye ¡°media pensi¨®n, excursiones, materiales, libros, actividades complementarias dentro del horario escolar (ajedrez, guitarra, nataci¨®n¡­), mutua escolar o seguro de accidentes¡±, entre otros. E indica que la matr¨ªcula son otros 2.800 euros.?Al Consorcio de Educaci¨®n de Barcelona le consta que el St. Paul School cobra a las familias 75 euros por ¡°actividades complementarias¡± (extraescolares) y 175 euros de comedor.

En el Estudio de precios de colegios concertados, elaborado por una consultora y financiado por el C¨ªrculo de Calidad Educativa (CICAE), una asociaci¨®n que agrupa a 57 colegios privados, se analizan 147 colegios de seis comunidades aut¨®nomas que cobran una cuota media de 160 euros al mes. La muestra es peque?a, pero abre un debate muy pol¨¦mico con pruebas por escrito de los precios. ¡°Nosotros defendemos la cuota cero y tenemos constancia de que algunos centros est¨¢n pidiendo a las familias 800 euros al mes¡±, se lamenta Camilo Jen¨¦, vocal por Madrid en CEAPA. "Cualquier entidad que recibe fondos p¨²blicos se somete a controles exhaustivos y estos colegios no", se sorprende Jen¨¦.

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La ley educativa de 2006 (LOE) establece que ¡°en ning¨²n caso podr¨¢n los centros p¨²blicos o concertados percibir cantidades de las familias por recibir las ense?anzas¡±. Tambi¨¦n fija la imposibilidad de ¡°imponer a las familias la obligaci¨®n de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios¡± que requieran aportaci¨®n econ¨®mica. S¨ª se pueden cobrar los servicios complementarios (como autob¨²s o comedor) o las actividades extraescolares "con car¨¢cter voluntario", a?ade la norma. Es decir, que no se puede discriminar al ni?o que no abone la aportaci¨®n.

Muchos concertados cobran peque?as cantidades por multitud de conceptos que suman una cantidad razonable: servicio de enfermer¨ªa, orientaci¨®n psicol¨®gica, seguro escolar, atenci¨®n a la capellan¨ªa, o, incluso, el proyecto pedag¨®gico del centro. En algunos de los colegios, se?ala el informe, la jornada lectiva (la que es gratuita) no empieza hasta las diez de la ma?ana, lo que fuerza a las familias a pagar el servicio de madrugadores. Un estudio de la OCU de 2017 calculaba que los hogares gastan de media al a?o 841 euros en ense?anza si el ni?o est¨¢ matriculado en un colegio p¨²blico, 1.856 en un concertado y 4.086 en un privado. En el curso 2017-2018, en Espa?a hubo 8,1 millones de alumnos desde infantil a bachillerato. De ellos, el 67,3% estuvo matriculado en la p¨²blica; el 25,9 % en la concertada y el 6,9% en la privada.

¡°La escuela concertada tradicional tiene una clara funci¨®n social y hemos convivido con ella durante a?os sin problemas¡±, explica Elena Cid, directora general de la asociaci¨®n de colegios privados CICAE.? En su opini¨®n, constituye un problema la llamada "nueva concertada", que engloba a los colegios construidos en los ¨²ltimos 15 a?os, muchas veces sobre suelo p¨²blico cedido. ¡°Es un modelo mercantilizado que supone una competencia desleal para la privada por la doble financiaci¨®n por la v¨ªa el copago que exigen a las familias. Muchos colegios tienen una alta rentabilidad a costa de las arcas del Estado¡±, denuncia Cid. La patronal de esta nueva concertada, Confederaci¨®n de Centros Educativos (CONCEE), ha declinado hacer declaraciones a este peri¨®dico.

Por su parte, Jos¨¦ Mar¨ªa Alvira, secretario general de Escuelas Cat¨®licas, una red que representa al 60% de la privada concertada (2.008 centros) con 1,2 millones de alumnos en toda Espa?a, asegura que el 82% de sus colegios cobran "aportaciones voluntarias" de entre 10 y 50 euros, nunca obligatorias. ¡°Explicamos a las familias que esas cantidades son necesarias porque el m¨®dulo del concierto que aporta la Administraci¨®n no cubre el coste real de los colegios¡±. Aparte, los padres pagan las cuotas por comedor y actividades extraescolares. Alvira denuncia que en el curso 2015-2016, la p¨²blica recibi¨® 4.568 euros por alumno, mientras que en el caso de la concertada la aportaci¨®n de la Administraci¨®n fue de 2.917 euros por estudiante. ¡°Hemos pedido al Ministerio de Educaci¨®n que estudie el coste real del puesto escolar para evitar el d¨¦ficit cr¨®nico que sufrimos. Entendemos que no se puede equiparar de un a?o para otro, pero hay que establecer un calendario¡±, apunt¨®.

Carles Mart¨ªnez, director general de pol¨ªticas educativas de la Generalitat de Catalu?a, cree que hay un problema: ¡°Somos conscientes de que se est¨¢n produciendo irregularidades porque el concierto educativo es el instrumento jur¨ªdico que tiene que garantizar la gratuidad de la escolarizaci¨®n y es incompatible que haya estas cuotas¡±. El Departamento de Ense?anza, comandado por ERC, ha explicado a EL PA?S su intenci¨®n de revisar todos los conciertos educativos y apostar por una ¡°financiaci¨®n equitativa¡±, de forma que el volumen del concierto p¨²blico dependa del entorno socioecon¨®mico del centro. El consejero de Ense?anza, Josep Bargall¨®, ya hab¨ªa anunciado su intenci¨®n de no renovar el acuerdo con las escuelas que segregan por sexo.?

Aunque no ha querido entrar en casos particulares, Mart¨ªnez asume que hay ¡°bastante opacidad¡± con los conciertos y hay ¡°centros que no se los merecen¡±. De hecho, el ahora alto cargo del Departamento de Ense?anza era el portavoz del sindicato Ustec ¡ªmayoritario en la escuela p¨²blica¡ª cuando la central sindical denunci¨® en 2002 a varios colegios concertados ¡ªentre ellos el Sant Paul¡¯s y otros vinculados al Opus Dei¡ª por cobrar elevadas cuotas camufladas en varios conceptos. Entonces, la denuncia fue archivada.

La batalla en otras comunidades

El estudio de los precios de la concertada no es el ¨²nico frente de denuncia a las cuotas. A Mar¨ªa Luisa Hermida, abogada de Le¨®n, muchas familias la animan a que cree una plataforma de denuncia de cuotas en la concertada. De momento, ella solo les asesora. Esta madre salt¨® a los medios cuando denunci¨® ante la inspecci¨®n educativa de Castilla y Le¨®n los 60 euros mensuales que hab¨ªa estado abonando por su hija en un colegio religioso. Hermida calcula que unas 350 familias de toda Espa?a? han contactado con ella. Les aconseja que reclamen el dinero de las cuotas a los colegios por escrito y, si no lo consiguen, acudan a la inspecci¨®n educativa. "Siempre hay silencio administrativo. Luego queda la v¨ªa judicial¡±.

Otra madre, Mar¨ªa, que pide total anonimato, empez¨® pagando 60 euros de cuota por cada uno de sus hijos en un colegio de curas de la provincia de Barcelona. Cada a?o, cuenta, el precio sube 10 euros y de pronto se ha plantado en los 300 euros al mes por los dos ni?os. Un dineral para ella que se define "de clase trabajadora". "Si me dijesen d¨®nde va el dinero que pago ser¨ªa otra cosa, pero no lo s¨¦", se desespera. Durante unos meses, pag¨® una cantidad menor, pero en el colegio le advirtieron de que si todas las familias actuaran igual tendr¨ªan que cerrar.?"He vuelto a pagar los 300, me da miedo que a la peque?a no la dejen ir de colonias". No descarta acudir a los tribunales cuando ambos terminen de estudiar all¨ª.

Desde?la Consejer¨ªa de Educaci¨®n de la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE y Comprom¨ªs,?animan a las familias a denunciar si se sienten agraviadas y estudian ¡°decenas de casos¡± cada a?o. "Al final, la inspecci¨®n educativa no act¨²a porque los reclamantes se echan para atr¨¢s por miedo a las repercusiones en sus hijos. Sin testimonios, no hay penalizaciones", se?alan fuentes de la consejer¨ªa.

Por el contrario, en Arag¨®n, con un Gobierno socialista y de la Chunta respaldado por Podemos, hay familias que s¨ª han querido denunciar y se han tomado medidas. ¡°El pasado curso hubo cuatro comisiones de conciliaci¨®n con cuatro colegios distintos. Cobraban horas extraescolares que no deb¨ªan serlo y en todos los casos se acab¨® con esa pr¨¢ctica¡±, explica una portavoz de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n. Una orden aragonesa de 2017, adem¨¢s, obliga a los concertados a hacer una declaraci¨®n jurada de que no van a cobrar ni un euro m¨¢s por conceptos no previstos. Y los concertados tienen que hacer p¨²blico el precio de su comedor y transporte en la web de la consejer¨ªa que consultan los padres para elegir colegio. ¡°El comedor de la p¨²blica cuesta 86 euros y en algunos concertados casi se dobla¡±, compara esta fuente.

El pasado curso en la Comunidad de Madrid, la regi¨®n junto a Murcia donde m¨¢s ha subido la concertada desde 2000, la inspecci¨®n educativa abri¨® expediente a 167 colegios en los que se detectaron ¡°irregularidades¡± en las cuotas: no se informaba de que eran voluntarias, ofertaban actividades de las que no hab¨ªan informado a Educaci¨®n, o no detallaban los precios. Pero no ha habido penalizaciones. Hace un mes se dio carpetazo al asunto porque ¡°los centros se ajustan a la normativa vigente¡±, asegur¨® el consejero Rafael van Grieken (PP).?Finalmente, el PP se uni¨® a todos los grupos y el pasado 18 de octubre vot¨® a favor de establecer mecanismos para hacer m¨¢s transparente y accesible la informaci¨®n sobre la voluntariedad de las cuotas. Lo que Podemos, que impuls¨® la medida, califica como "el impuesto revolucionario".