Amnist¨ªa Internacional rechaza que el juicio del ¡®proc¨¦s¡¯ fuera ¡°injusto¡± pero reclama la libertad de los ¡®Jordis¡¯

Amnist¨ªa Internacional ha presentado esta ma?ana en Barcelona un detallado informe sobre la vista del proc¨¦s que se desarroll¨® en el Tribunal Supremo en el que se concluye que "no se ha encontrado ning¨²n factor que indique que el juicio, en su conjunto, fuese injusto, seg¨²n los est¨¢ndares internacionales", en palabras de Esteban Beltr¨¢n, director de la entidad en Espa?a.

Con todo, la organizaci¨®n entiende que los magistrados hicieron una interpretaci¨®n "excesivamente amplia y peligrosa" del delito de sedici¨®n que condujo a la "criminalizaci¨®n de unos actos de protesta leg¨ªtima", seg¨²n Adriana Ribas, coordinadora de Amnist¨ªa Internacional en Catalu?a, en referencia a la concentraci¨®n que se realiz¨® a las puertas del departamento de Econom¨ªa de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017. "No se puede abrir la puerta para la criminalizaci¨®n de una serie de actos de protesta pac¨ªfica", ha a?adido Beltr¨¢n.

En este sentido, Amnist¨ªa Internacional ha reclamado la "inmediata puesta en libertad" de Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart, entonces presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de ?mnium Cultural, entidades que convocaron la protesta ante Econom¨ªa contra un registro judicial. "Nunca debieron ser encarcelados por unos hechos que fueron eminentemente pac¨ªficos, como reconoce la propia sentencia", ha opinado Beltr¨¢n.

La entidad considera que las condenas de nueve a?os por sedici¨®n contra S¨¤nchez y Cuixart "viola sus derechos a la libertad de expresi¨®n y a la reuni¨®n pac¨ªfica". Por ello, Daniel Joloy, asesor general de Pol¨ªtica de Amnist¨ªa Internacional, ha reclamado la anulaci¨®n de las condenas.

Amnist¨ªa Internacional entiende que S¨¤nchez y Cuixart, en tanto que "ciudadanos particulares y l¨ªderes de organizaciones de la sociedad civil tienen derecho a expresar sus opiniones y a organizar reuniones pac¨ªficas de apoyo al refer¨¦ndum y a la independencia de Catalu?a. Incluso en el supuesto de que algunas de estas reuniones fuese impedir el cumplimiento de una resoluci¨®n judicial, la organizaci¨®n opina que "el derecho internacional de los derechos humanos protege tambi¨¦n la desobediencia civil pac¨ªfica".

Las penas contra S¨¤nchez y Cuixart se consideran "una restricci¨®n desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresi¨®n y de reuni¨®n pac¨ªfica", seg¨²n Esteban Beltr¨¢n. En su opini¨®n, el Tribunal Supremo "no demostr¨® que la imposici¨®n de unas condenas tan severas fuera proporcional a los actos pac¨ªficos que se les imputaban".

El director de Amnist¨ªa Internacional en Espa?a ha precisado que los otros miembros del Govern que fueron condenados por el Tribunal Supremo, as¨ª como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, "pudieron haber cometido alg¨²n delito penalmente sancionable" con su actuaci¨®n durante el proceso independentista, pero ha precisado que "se vulner¨® el principio de legalidad, de acuerdo con los est¨¢ndares internacionales". Por ello, ha reclamado que la Fiscal¨ªa recurra ante el Tribunal Constitucional para que sean rebajadas las condenas, lo que supondr¨ªa un giro en el planteamiento del ministerio p¨²blico, que durante el juicio acus¨® por el delito de rebeli¨®n y reclam¨® penas mucho m¨¢s altas de las impuestas.