El Tribunal Constitucional, con sensibilidad de centroizquierda, analiza los indultos que otorg¨® Boric en Chile

Los indultos que el presidente chileno de izquierda Gabriel Boric otorg¨® a fines de diciembre de 2022 a 13 condenados ¨C12 de ellos asociados a delitos cometidos durante el estallido social de octubre de 2019¨C, provocaron una tormenta pol¨ªtica que, a tres meses de haber sido dictados, est¨¢ muy lejos de amainar. La oposici¨®n llev¨® siete de estos casos al Tribunal Constitucional (TC), que estima que se pronunciar¨¢ este martes sobre si son inconstitucionales o no. Si bien el peor escenario para el Ejecutivo es que se dejen sin efecto los decretos, se trata de un ¨®rgano que, por primera vez desde 1980, tiene una integraci¨®n de jueces que en su mayor¨ªa son de sensibilidad de centroizquierda (cinco de ocho). Ello podr¨ªa dar, eventualmente, un respiro al oficialismo, aunque solo en el frente jur¨ªdico. La C¨¢mara de Diputados ech¨® a andar en paralelo una comisi¨®n investigadora que mantendr¨¢ a los indultos en la agenda durante meses.

Hist¨®ricamente, el TC ha sido muy criticado por la izquierda chilena por algunas de sus sentencias de corte conservador o por paralizar causas de violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) a la espera de su resoluci¨®n. En 2022, sin embargo, con el retiro de dos de sus integrantes y su reemplazo, se gener¨® un nuevo equilibrio en su interior. El primer pronunciamiento de relevancia en el que el Ejecutivo de Boric tiene un inter¨¦s genuino ser¨¢ en la revisi¨®n de sus indultos.

Boric anunci¨® los indultos el 30 de diciembre de 2022 y su decisi¨®n fue r¨¢pidamente cuestionada por distintos sectores. Varios de los condenados, se supo poco despu¨¦s, ten¨ªan antecedentes penales que no se relacionaban con los delitos vinculados a la revuelta social. El propio mandatario reconoci¨® entonces que el proceso fue ¡°desprolijo¡±, lo que tuvo como consecuencia que en enero saliera del Gobierno la ministra de Justicia, Marcela R¨ªos, y el jefe de Gabinete del presidente, Mat¨ªas Meza-Lopehand¨ªa, uno de sus hombres de mayor confianza, que cumpli¨® un papel importante en las libertades concedidas. No fue el ¨²nico efecto, pues la determinaci¨®n del mandatario ocurri¨® cuando su ministra del Interior, Carolina Toh¨¢, trabajaba en un acuerdo de seguridad con la oposici¨®n que, tras la decisi¨®n del mandatario, cort¨® el di¨¢logo. Esa instancia era clave, porque el pa¨ªs sudamericano vive una crisis de seguridad que se ha traducido en el aumento del crimen organizado y en el alza de la tasa de homicidios en un 30%.

Dos meses despu¨¦s, el jueves pasado, cuando el TC escuch¨® los alegatos de la oposici¨®n y el Estado chileno, el medio Ex-Ante revel¨® las fichas t¨¦cnicas de algunos de los indultados. Esos documentos se?alaban que Gendarmer¨ªa, el organismo a cargo de la custodia de las c¨¢rceles, hab¨ªa emitido informes negativos respecto de indultar a seis de los 13 condenados. Si bien esas opiniones no son vinculantes para la prerrogativa que tienen los presidentes de la Rep¨²blica, abri¨® nuevas cr¨ªticas respecto de las razones que tuvo Boric para tomar esa determinaci¨®n.

En un flanco inesperado, el expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) se sum¨® a los cuestionamientos. En una entrevista de este lunes al vespertino La Segunda, Lagos dijo que no entend¨ªa por qu¨¦ Jorge Mateluna ¨Cel ¨²nico del grupo que estaba condenado por delitos distintos a la revuelta social¨C, hab¨ªa sido indultado ¡°de nuevo¡±, pues durante su Gobierno ¨¦l mismo hab¨ªa decretado su liberaci¨®n.

Mateluna fue parte del Frente Patri¨®tico Manuel Rodr¨ªguez (FPMR), un movimiento que buscaba por la v¨ªa armada derrocar a Pinochet y que, aunque fue desarticulado en democracia, algunos de sus miembros siguieron operativos. Al momento de ser indultado por Boric en 2022, cumpl¨ªa una condena de 16 a?os de c¨¢rcel por el robo a un banco en 2013. El 3 de enero pasado, Boric asegur¨® que estaba convencido de su inocencia, lo que le gener¨® una dura e in¨¦dita respuesta de la Corte Suprema. En una declaraci¨®n, los jueces se?alaron que ¡°ni el presidente de la Rep¨²blica ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales¡±.

La balanza en el TC

Aunque no fue el Gobierno el que llev¨® el caso de los indultos al Tribunal Constitucional (TC), el Ejecutivo tiene puestas sus expectativas en la determinaci¨®n que tomen los jueces frente a cada uno de los casos que cuestion¨® la oposici¨®n. Es la f¨®rmula con que el Ejecutivo intenta aplacar las cr¨ªticas a la determinaci¨®n del presidente de excarcelar a este grupo de personas, justamente cuando Chile atraviesa un problema de seguridad, un asunto de primordial importancia para la ciudadan¨ªa.

El tribunal, aunque tiene 10 jueces, fallar¨¢ solo con ocho, pues tiene pendientes dos vacantes. El oficialismo de Boric tiene dos opciones en caso de salir airoso en la sentencia. Por un lado, que el TC rechace el requerimiento de la oposici¨®n por cinco votos contra tres. Por otro, que exista un empate de cuatro contra cuatro. En un escenario de equilibrio, la ley permite que quien presida el Tribunal Constitucional emita un voto dirimente, que implica que vote dos veces. Es una facultad que ha sido ¨²til para varios gobiernos, desde la Administraci¨®n de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018) a la del exmandatario de derecha Sebasti¨¢n Pi?era (2018-2022).

Hoy la presidenta del TC es la ministra Nancy Y¨¢?ez, a la que Boric nombr¨® en el tribunal en abril de 2022, un mes despu¨¦s de que ¨¦l asumiera en La Moneda.

El pr¨®ximo flanco del Gobierno ser¨¢ la decisi¨®n ante una nueva petici¨®n de indulto de un condenado por delitos durante el estallido social, que llegar¨¢ en breve al escritorio del ministro de Justicia, Luis Cordero. Tambi¨¦n cuenta con un informe negativo de Gendarmer¨ªa.