La degradaci¨®n institucional de Chile
Si el Consejo Constitucional repite la conducta bochornosa de la primera Convenci¨®n el resultado bien podr¨ªa ser un segundo rechazo, una derrota hist¨®rica para todas las izquierdas
Durante muchos a?os, tanto antes de la era de los autoritarismos sudamericanos de la d¨¦cada del 70 como despu¨¦s de iniciadas las transiciones a la democracia en los 90 (la as¨ª llamada tercera ola de la democratizaci¨®n seg¨²n Huntington), Chile lleg¨® a ser reconocido -junto a Uruguay- como la joya del continente (un calificativo que se declin¨® como los ¡°ingleses¡± o los ¡°suizos¡± de esta zona del sur global). Razones no faltaban: estabilidad democr¨¢tica medida en d¨¦cadas, sistema de partidos con alta penetraci¨®n nacional y legitimado, apego a las reglas del pluralismo y del juego democr¨¢tico, a lo que se sumaron (una vez iniciada la transici¨®n a la democracia en 1990) elogios a la capacidad de negociaci¨®n de las ¨¦lites chilenas. Pero, as¨ª como hab¨ªa buenas razones para elogiar el estado de la democracia antes del golpe de Estado de 1973 en Chile en perspectiva de historia larga, tambi¨¦n hab¨ªa malas razones y olvidos inducidos por una verdadera mitolog¨ªa.
?La estabilidad democr¨¢tica chilena? S¨ª, aunque hasta cierto punto y siempre y cuando no se olvide que hubo un golpe de Estado en 1927, un levantamiento militar en las postrimer¨ªas del gobierno de Eduardo Frei Montalva en 1969 (el as¨ª llamado tacnazo), una prohibici¨®n artera mediante una ley maldita del Partido Comunista durante una d¨¦cada (lo que se tradujo en la cancelaci¨®n de su inscripci¨®n legal durante el gobierno de Gabriel Gonz¨¢lez Videla, una especie de macartismo blando que supuso p¨¦rdidas de cargos y persecuci¨®n a connotados militantes, como por ejemplo al poeta y posterior Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda).
En cuanto a la transici¨®n a la democracia iniciada en 1990, es cierto que estuvo marcada por l¨®gicas de negociaci¨®n entre ¨¦lites, pero cuya condici¨®n institucional de posibilidad fue una Constituci¨®n en absoluto admirable (fue promulgada a comienzos de los 80, es decir, en plena dictadura militar), repleta de amarres, con tutela militar por varios a?os (con manifestaciones abiertas de descontento castrense en varias ocasiones, como por ejemplo en el ejercicio de enlace de 1990 y el boinazo en 1993, dos episodios de alta tensi¨®n con el poder civil), con la permanencia y protagonismo del ex dictador Augusto Pinochet en calidad de comandante en jefe del Ej¨¦rcito hasta 1998, a lo que se suma una deliberada pol¨ªtica de desmovilizaci¨®n de la sociedad por parte del gobierno de Patricio Aylwin con el fin de encarar mediante negociaciones el complejo proceso de transici¨®n a una democracia sin tener que rendir cuentas a la sociedad civil. As¨ª las cosas, ni la excepcionalidad chilena de antes de 1973 ni el elogio hacia su propia transici¨®n hecha de negociaciones asim¨¦tricas deben hacer olvidar el car¨¢cter de mito tanto de la vieja democracia como de su posterior democracia limitada por mucho tiempo.
Sin embargo, a pesar de los reparos a estos mitos, las instituciones p¨²blicas chilenas de antes del golpe gozaban de prestigio y potencia, al lograr organizar luchas democr¨¢ticas con resultados reconocidos por todos en un tiempo en el que se radicalizaban los partidos de izquierda, emerg¨ªan movimientos de extrema-izquierda y se endurec¨ªan tanto la derecha pol¨ªtica como econ¨®mica, en un clima de creciente polarizaci¨®n de la sociedad.
Pues bien, nada de lo que aqu¨ª he dicho se compara con la degradaci¨®n de las instituciones democr¨¢ticas chilenas que presenciamos cada d¨ªa, en vivo y en directo, aunque sin polarizaci¨®n de la sociedad de por miedo (pero s¨ª de las ¨¦lites pol¨ªticas). A decir verdad, no es en el 2023 en donde hay que encontrar el origen del deterioro democr¨¢tico, tampoco en 1990 (dado que en ese a?o se iniciaba un periodo de democracia asim¨¦trica y limitada), sino que en alg¨²n momento entre estas dos fechas. Es probable que en el origen del deterioro haya jugado un rol el paquete de reformas constitucionales de 2005, o tal vez la reforma electoral de 2015 que deja definitivamente atr¨¢s al sistema binominal (una reforma que permiti¨® incorporar a fuerzas que hasta entonces no lograban acceder a esca?os parlamentarios, revirtiendo esa l¨®gica de exclusi¨®n en beneficio de su perfecto ant¨®nimo: una inclusi¨®n radical que desemboc¨® en una forma extrema de fragmentaci¨®n, especialmente de la C¨¢mara de Diputados, hoy conformada por 21 partidos -muchos de ellos hidrop¨®nicos, sin ra¨ªces en la sociedad- y 39 diputados independientes, toda una anomal¨ªa.
La degradaci¨®n institucional de la que estoy hablando se expresa en una infinidad de indicadores: alt¨ªsima fragmentaci¨®n de la c¨¢mara baja; desplome de la confianza en los tres poderes del Estado y en los partidos pol¨ªticos; p¨¦rdida de prestigio de la instituci¨®n presidencial a continuaci¨®n de esc¨¢ndalos del entorno familiar de la jefa de Estado en 2015, usos chabacanos del cargo por el presidente Pi?era en sus dos administraciones, pero tambi¨¦n formas defectuosas de apropiaci¨®n del puesto por el presidente Boric (por ejemplo en relaciones exteriores). Un fen¨®meno que tambi¨¦n se observa en usos impropios de la presidencia en otras latitudes (la omnipresidencia de Nicolas Sarkozy entre 2007 y 2012 y de Fran?ois Hollande entre 2012 y 2017.
No puede entonces sorprender que, dada la inclusi¨®n de demasiados nuevos partidos gracias a la reforma del binominal en 2015, la capacidad de coordinaci¨®n entre partidos aliados (de izquierdas y derechas) haya declinado, as¨ª como la calidad de las relaciones entre gobierno y oposici¨®n desde 2017: si el Gobierno del presidente Pi?era en su segunda administraci¨®n tuvo que enfrentar nueve acusaciones constitucionales (siete en contra de ministros de su gabinete y dos en contra del propio jefe de Estado), el balance del actual Gobierno es equivalente (cuatro acusaciones constitucionales a ministros a un a?o y medio de iniciada la presidencia de Gabriel Boric). ?C¨®mo no ver que en la multiplicaci¨®n de acusaciones constitucionales (pero tambi¨¦n de interpelaciones payasescas de origen parlamentario) que lo que se degrada es el prestigio de las instituciones democr¨¢ticas y sus mecanismos, el significado de lo que deliberar quiere decir y el apego de los chilenos a la democracia?
No es una casualidad si varias encuestas, la ¨²ltima Cadem de junio de este a?o, muestran sorprendentes empates estad¨ªsticos en la baja valoraci¨®n de los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000: 29% de aprobaci¨®n), de Ricardo Lagos (2000-2006: 26% de aprobaci¨®n) y del mism¨ªsimo dictador Pinochet (1973-1990: con 27% de aprobaci¨®n por los chilenos de hoy, lo que viene a alimentar la coyuntura revisionista por la que atraviesa Chile. De modo aun m¨¢s preocupante, la encuesta MORI de mayo de 2023 mostr¨® una revalorizaci¨®n de la dictadura de Pinochet: el 36% de los chilenos de hoy (?el doble de la medici¨®n de 2013!) sostiene que el golpe de Estado de 1973 fue una liberaci¨®n del marxismo, en donde una id¨¦ntica proporci¨®n de chilenos opina que los militares tuvieron raz¨®n en derrocar al presidente Salvador Allende. No puede entonces sorprender que el 19% de los encuestados por el Centro de Estudios P¨²blicos entre los meses de noviembre y diciembre de 2022 sostenga que ¡°en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a un gobierno democr¨¢tico¡± y que un 25% asegure que ¡°a la gente como uno, le da lo mismo un r¨¦gimen democr¨¢tico que uno autoritario¡±.
Sin duda, el cuadro se mueve entre lo preocupante y lo inquietante. Chile se encuentra enfrentando un segundo proceso de cambio constitucional, el que bien podr¨ªa servir para corregir ciertas instituciones y mecanismos (como por ejemplo las acusaciones constitucionales, algo que se encuentra presente en la propuesta de nueva carta fundamental que fuese elaborada por el comit¨¦ de expertos). Para que esto pueda ocurrir, la llave del ¨¦xito o del fracaso se encuentra en las manos de un Consejo Constitucional compuesto por 50 consejeros electos, un cuerpo redactor hegemonizado por un partido primo-hermano de Vox, el Partido Republicano, al que se suman los consejeros de los partidos de la derecha tradicional parta conformar una c¨®moda mayor¨ªa. Si este ¨®rgano repite la conducta bochornosa de la primera Convenci¨®n Constitucional -hegemonizada por independientes de izquierda vinculados a movimientos sociales y a una Lista del Pueblo que implosion¨® en varios colectivos durante el proceso-, el resultado bien podr¨ªa ser un segundo rechazo a una propuesta de nueva Constituci¨®n que ser¨¢ plebiscitada en diciembre de 2023. Pero el resultado no ser¨¢ un empate (del tipo tu fracaso contra mi fracaso), sino una derrota de magnitudes hist¨®ricas para todas las izquierdas: de no haber nueva Constituci¨®n, pues bien, Chile continuar¨¢ con la carta fundamental cuyo origen es la dictadura de Pinochet, all¨¢ por 1980. Es decir, una renovada expresi¨®n de asimetr¨ªas, en este caso por defecto.
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