No olvidemos Guatemala

El 25 de junio se realizaron elecciones generales en Guatemala. En un resultado que sorprendi¨®, la segunda vuelta presidencial, a realizarse el 20 de agosto, se defini¨® entre Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperanza) y Bernardo Ar¨¦valo (Movimiento Semilla), quedando fuera los partidos tradicionales. Las misiones de observaci¨®n electoral de la OEA y de la Uni¨®n Europea declararon que la jornada hab¨ªa sido satisfactoria y exhortaron a que se respetara la voluntad de las mayor¨ªas. Desde el 1 de julio se han iniciado acciones judiciales para un recuento de votos y la suspensi¨®n de la oficializaci¨®n de resultados. Las misiones de observaci¨®n electoral expresaron su preocupaci¨®n por la instrumentalizaci¨®n de la justicia para buscar invalidar la elecci¨®n. Luego, la presidenta de la Corte Suprema anunci¨® una nueva suspensi¨®n de la oficializaci¨®n de resultados, tribunal cuyos magistrados van a cumplir cuatro a?os de estar en sus funciones cuando ya se les hab¨ªa vencido sus plazos, debido a que el Congreso de la Rep¨²blica se ha negado a cumplir con una sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 2019.

El 10 de julio la Corte Suprema sorprendi¨®, respetando la institucionalidad, y se?al¨® que el Tribunal Electoral hab¨ªa cumplido la orden de la Corte Constitucional y eventualmente podr¨ªan por fin oficializarse los resultados de la primera vuelta.

Cuando ya se pensaba que todo volv¨ªa a su cauce legal, el 12 de julio, minutos antes de que el Tribunal Supremo Electoral oficializara los resultados, el Juez S¨¦ptimo de Instancia Penal orden¨® la suspensi¨®n de la personalidad jur¨ªdica del Movimiento Semilla. Este intento de impedir la participaci¨®n electoral del partido ha sido promovido por el Ministerio P¨²blico, bajo el mando de la fiscal general Consuelo Porras y ejecutado por la Fiscal¨ªa Especial Contra la Impunidad (FECI), liderada por el fiscal Rafael Curruchiche. Cabe se?alar que los funcionarios Porras y Curruchiche est¨¢n sancionados por Estados Unidos por conducir casos de criminalizaci¨®n contra fiscales exiliados y el periodista encarcelado, Jos¨¦ Rub¨¦n Zamora.

Todo este proceso da cuenta de c¨®mo operan las instituciones cooptadas en Guatemala. ?rganos internacionales como la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han denunciado graves retrocesos en la lucha contra la impunidad y la corrupci¨®n derivado de la agudizaci¨®n de ataques e injerencias contra la independencia de aquellos ¨®rganos que, desde la salida de la Comisi¨®n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) del pa¨ªs, destacaron por su trabajo independiente e imparcial en esta materia, tales como: la Corte de Constitucionalidad (CC), la Fiscal¨ªa Especial Contra la Impunidad (FECI) y los juzgados con competencia penal en procesos de mayor riesgo. Se ha constatado una intensificaci¨®n de la persecuci¨®n judicial, la criminalizaci¨®n y el abuso del procedimiento de antejuicio con la finalidad de amedrentar y retirar de su cargo a personas operadoras de justicia encargadas de la investigaci¨®n y juzgamiento de casos vinculados con el conflicto armado interno y con hechos de corrupci¨®n de alto impacto o gran escala, con el fin de favorecer a estructuras y grupos de poder interesados en asegurar la impunidad.

Ha existido un proceso de debilitamiento de la Fiscal¨ªa Especial contra la Impunidad (FECI) y otras unidades del Ministerio P¨²blico encargadas de la investigaci¨®n de casos corrupci¨®n y justicia transicional, mediante el traslado, criminalizaci¨®n o remoci¨®n arbitraria de sus funcionarios, incluyendo fiscales de carrera. De acuerdo a lo se?alado por la CIDH, durante el gobierno actual, m¨¢s de 30 operadores de justicia han abandonado el pa¨ªs luego de denunciar que est¨¢n siendo perseguidos con motivo de su labor jurisdiccional. Al mismo tiempo, decenas de casos relacionados con justicia transicional o hechos de corrupci¨®n que involucran a altos funcionarios del gobierno habr¨ªan registrado falta de avances o severos retrocesos.

En este contexto se ha exacerbado un clima de censura e intensa judicializaci¨®n de otras personas que cumplen un rol relevante en la vida p¨²blica y contribuyen al debate democr¨¢tico en Guatemala, en particular, personas defensoras de derechos humanos y trabajadores de medios de comunicaci¨®n, como por ejemplo, la detenci¨®n y criminalizaci¨®n de Jos¨¦ Rub¨¦n Zamora, presidente de El Peri¨®dico.

Lamentablemente, lo que ocurre en Guatemala no es aislado. Basta ver los anuncios del presidente Bukele de ir a la reelecci¨®n o la grav¨ªsima situaci¨®n en Nicaragua. Por eso no nos olvidemos de Guatemala. El proceso eleccionario contin¨²a. Debemos seguir alertando a la comunidad internacional que los ¨²ltimos hechos amenazan uno de los cimientos b¨¢sicos de la democracia, el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas. No bastan las voces de la MOE UE o la MOE OEA, o de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, y pa¨ªses europeos. Se deben unir m¨¢s voces claras y contundentes.

En su libro El ocaso de la democracia, la ganadora del premio Pulitzer, Anne Applebaum, se?ala que el declive de la democracia no es inevitable, pero tampoco la supervivencia de la democracia lo es. Depende de las decisiones que tomemos. En una regi¨®n con tantos conflictos a¨²n sin resolver, y con tantas injusticias pendientes como la nuestra, debemos cuidar el pluralismo democr¨¢tico, el amplio debate sobre asuntos p¨²blicos en un contexto de respeto y libre de amenazas y hostigamientos y respetando el Estado de Derecho. Este es un desaf¨ªo principal para el futuro de la regi¨®n, como responsabilidad colectiva cuando observamos que algunos de los pa¨ªses de la regi¨®n limitan el ejercicio de las libertades p¨²blicas, pretenden perpetuarse en el poder gubernamental, castigan severamente la disidencia u oposici¨®n, ahogan y persiguen a la prensa independiente u opositora, y consideran amenazantes e ilegales hasta las manifestaciones de libertad religiosa o la defensa de derechos humanos.

El debilitamiento democr¨¢tico ya no es producto de intervenciones violentas, guerras civiles, golpes de Estado. Hoy la principal amenaza a las democracias es la erosi¨®n gradual de sus instituciones, mediante el uso de los mecanismos propios de las democracias, para fines totalmente antidemocr¨¢ticos. Esto es lo que el mundo est¨¢ observando en Guatemala.