Fortalecimiento del recurso humano y la coordinaci¨®n en gobiernos regionales

De acuerdo con informaci¨®n de la Alta Direcci¨®n P¨²blica, basado en datos de la Direcci¨®n de Presupuesto (DIPRES), Chile cuenta con una dotaci¨®n de 453.154 funcionarios p¨²blicos que se desempe?an en diversos servicios centralizados, desconcentrados y descentralizados. Esta cifra representa el 11,9% del empleo total en el pa¨ªs, debajo del 21% promedio de la OCDE y en torno al promedio de Am¨¦rica Latina y el Caribe. De ese total, el 36,7% de los funcionarios p¨²blicos se desempe?a en la Regi¨®n Metropolitana y un 63,3% en el resto de las regiones.

De ellos, en calidad de planta y contrata, en las 345 municipalidades se desempe?an 52.868 trabajadores, sin contar los funcionarios que lo hacen en calidad de honorarios financiados con programas externos o con financiamiento municipal, el cual en su totalidad supera los 57.000 trabajadores.

Por su parte, los funcionarios que se desempe?an en los 16 gobiernos regionales de Chile no superan las 2.003 personas, lo que equivale a un 0,44% del total de trabajadores del sector p¨²blico en el pa¨ªs. Esta primera aproximaci¨®n, deja claro que la mayor¨ªa de los funcionarios p¨²blicos se desempe?a en instituciones centralizadas, desconcentradas y municipalidades.

Como consecuencia, con el exiguo 0,44% de los funcionarios p¨²blicos que se desempe?an en los gobiernos regionales, se dificulta avanzar en materia de descentralizaci¨®n, pol¨ªtica, fiscal y administrativa a escala regional.

Esto es muy importante de se?alar dado que, en la actualidad, los gobiernos regionales cumplen tres funciones esenciales, dos de las cuales se han venido realizando desde comienzos de siglo. La primera se refiere a planificar el desarrollo regional y, la segunda, a financiar proyectos para ese prop¨®sito. Con la nueva ley de transferencia de competencias, aparece una tercera funci¨®n, que tiene relaci¨®n con la capacidad formuladora de programas y la coordinaci¨®n de servicios p¨²blicos desconcentrados.

Producto de que la mayor cantidad de funcionarios p¨²blicos no est¨¢ en los gobiernos regionales, su capacidad formuladora y de control de los recursos transferidos a servicios p¨²blicos se ven reducidos. Por ello, y dado que el porcentaje de empleo p¨²blico en relaci¨®n con el empleo total en Chile est¨¢ bajo el promedio OCDE, esto nos indica que es necesario fortalecer a los gobiernos regionales en sus distintas funciones.

Dado el actual contexto institucional en Chile, es indispensable reforzar con recursos humanos la capacidad de coordinaci¨®n de los gobiernos regionales con los servicios p¨²blicos desconcentrados. O lo que podr¨ªamos llamar la capacidad de coordinaci¨®n del gobierno de la regi¨®n con el gobierno en la regi¨®n. Como lo he dicho en otras columnas, es demasiado relevante para los gobiernos regionales contar con recursos humanos que garanticen la capacidad de coordinar servicios p¨²blicos desconcentrados, los que tienen un gran volumen de inversi¨®n p¨²blica en regiones. Por ejemplo, del total de 100 pesos que se invierten en una regi¨®n, entre 85 a 90 provienen de fondos de instituciones desconcentradas entre 10 a 15 pesos provienen del gobierno regional y entre 0 a 2 pesos de fondos municipales.

Actualmente, el gobierno regional no es la instituci¨®n que coordina a los servicios p¨²blicos desconcentrados que invierten en regiones entre el 85 a 90% de los recursos p¨²blicos, sino que lo hace el gobierno central a trav¨¦s de su respectivo delegado presidencial regional. En la actualidad, la ley no es suficientemente clara en establecer que la coordinaci¨®n con este tipo de servicios forme parte de las atribuciones y competencias de gobernadores regionales, sin mediar un convenio de programaci¨®n u otro instrumento de planificaci¨®n espec¨ªfico que vincule a la regi¨®n con alg¨²n ministerio.

En s¨ªntesis, la dificultad parece estar en c¨®mo garantizar mediante recursos humanos y herramientas legislativas, la capacidad de los gobiernos regionales para coordinar los servicios p¨²blicos desconcentrados en el territorio. Luego de encontrar ese consenso, se debe reforzar el capital humano y establecer mecanismos formales y legales de coordinaci¨®n en favor de uno u otro nivel de gobierno, sea el regional o nacional en el territorio. Una vez disipada esta sustantiva discusi¨®n y desarrolladas las capacidades regionales, se puede avanzar de manera mucho m¨¢s s¨®lida en transferir competencias o, incluso, la totalidad de servicios p¨²blicos desconcentrados a gobiernos regionales.