El Supremo de Chile condena a seis exagentes y dos exmilitares de la dictadura de Pinochet por el asesinato del diplom¨¢tico espa?ol Carmelo Soria

La Corte Suprema chilena ha condenado hoy en forma definitiva a seis exagentes de la Direcci¨®n de Inteligencia Nacional (DINA), la polic¨ªa secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y dos exintegrantes del Ej¨¦rcito, por el homicidio el 16 de julio de 1976 de Carmelo Soria, diplom¨¢tico espa?ol y militante comunista, miembro de la Comisi¨®n Econ¨®mica para Am¨¦rica Latina y el Caribe (CEPAL). Hace 47 a?os fue secuestrado, torturado y luego asesinado. Entre los condenados se encuentran el exbrigadier Pedro Espinoza Bravo, el segundo jefe de la DINA ¨Cel director fue el general (R) Manuel Contreras¨C y Ra¨²l Iturriaga Neumann, el que fue jefe del departamento exterior del mismo organismo.

Carmen Soria, la hija de Carmelo Soria, quien reside en Chile, tras conocer el fallo declara a EL PAIS: ¡°El 16 de julio de 1976 mi madre dijo que esto era un asesinato pol¨ªtico y hoy, cuando es 22 de agosto de 2023, la justicia chilena acaba de confirmar que fue un asesinato pol¨ªtico. Es decir, 47 a?os nos cost¨® que nos creyeran. Y las condenas son una miseria¡±.

El fallo se?ala que ¡°la v¨ªctima fue privada de su libertad por agentes armados de la DINA, los que lo trasladaron a un lugar oculto, donde se le mantuvo por horas vendado y amarrado, siendo sometido a interrogatorio bajo apremios f¨ªsicos que le produjeron la muerte, de manera que resulta claramente identificable que los agentes realizaron dos c¨²mulos de acci¨®n il¨ªcitas, completamente diversas, las primeras realizadas con el prop¨®sito de privar de libertad al sr. Soria Espinoza, en tanto que las segundas, fueron perpetradas para ocasionarle la muerte¡±.

Carmelo Soria Espinoza naci¨® en 1921, en Madrid. Estaba casado con Laura Gonz¨¢lez Vera y ten¨ªa tres hijos: Carmen, Laura y Luis. Fue asesinado a los 54 a?os, cuando trabajaba como jefe de la secci¨®n Editorial y de Publicaciones del Centro Latinoamericano de Demograf¨ªa (CELADE), organismo dependiente de la CEPAL y, a la vez, Naciones Unidas. La tarde del 14 de julio de 1976, al salir de su oficina en el sector de Providencia, en Santiago, fue secuestrado por agentes de de la DINA. Conduc¨ªa un autom¨®vil marca Volkswagen, hasta donde se subi¨® uno de ellos.

Despu¨¦s de ser torturado y asesinado, su cad¨¢ver fue arrojado junto a su autom¨®vil, con las llaves puestas y sin la radio, en un riachuelo en La Pir¨¢mide, en el sector norte de Santiago, la capital de Chile. El veh¨ªculo estaba con las puertas cerradas, con algunos vidrios quebrados y, en su interior, hab¨ªa una botella de pisco. Era un escena para simular un accidente. Sin embargo, se estableci¨® que en el crimen participaron agentes del Estado de la dictadura de Pinochet.

Ha sido un largo proceso, que ha demorado en su fallo final, en la Corte Suprema, 47 a?os. El primer abogado de la causa, por m¨¢s de dos d¨¦cadas, fue Alfonso Insunza, quien muri¨® en 2016, mientras que hoy representan a la familia Soria Nelson Caucoto y Francisco Ug¨¢s.

El caso de Carmelo Soria parti¨® en 1976 en el tercer juzgado del crimen de Santiago. Y ha tenido una serie de tropiezos. Por ejemplo, en 1993 la causa pas¨®, por un mes, de la justicia civil a la justicia militar, para luego volver a los tribunales civiles. Incluso, algunos de los agentes que hab¨ªan sido identificados como part¨ªcipes del crimen fueron favorecidos con la ley de amnist¨ªa, un decreto que impuls¨® la dictadura y que permit¨ªa que los cr¨ªmenes cometidos entre 1973 y 1978 fueran cerrados sin que se investigara.

El proceso por el homicidio fue sobrese¨ªdo por los tribunales por aplicaci¨®n de la amnist¨ªa. Hubo distintos intentos de reapertura. Y, en 1997, Carmen Soria, hija del diplom¨¢tico espa?ol, junto a Insunza, el primer querellante del caso, present¨® ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por violaci¨®n por parte del Estado de Chile al derecho al acceso a la justicia por la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa.

Las condenas

En la sentencia, emitida por la Sala Penal, conden¨® a los jefes de la polic¨ªa secreta de Pinochet, Pedro Espinoza Bravo y Ra¨²l Iturriaga Neumann, a 15 a?os y un d¨ªa de presidio como autores del homicidio, mientras que Juan Morales Salgado fue sentenciado a 10 a?os y un d¨ªa de presidio como autor del homicidio. La pena no se les extendi¨® a asociaci¨®n il¨ªcita pues los tres exagentes tienen condenas previas por ese delito por el doble asesinato, en 1974 en Buenos Aires, Argentina, del excomandante en jefe del Ej¨¦rcito chileno, Carlos Prats y su esposa Sof¨ªa Cuthbert, a quienes la la DINA puso una bomba en el autom¨®vil en que se movilizaban en una calle de Palermo.

En tanto, Guillermo Salinas Torres fue condenado a 15 a?os y un d¨ªa de presidio como autor del homicidio y a 541 d¨ªas de presidio como autor de asociaci¨®n il¨ªcita. Y Ren¨¦ Quilhot Palma y Pablo Belmar Labb¨¦ a 10 a?os y un d¨ªa de de c¨¢rcel -como autores- y a 541 d¨ªas de presidio como autores de asociaci¨®n il¨ªcita.

Adem¨¢s, Eugenio Covarrubias Valenzuela fue sentenciado cuatro a?os de presidio por infracci¨®n al art¨ªculo 212 del C¨®digo Penal -presentaci¨®n de declaraci¨®n falsa bajo promesa o juramento- y Sergio Cea Cienfuegos a 600 d¨ªas de presidio como autor de falsificaci¨®n de instrumento p¨²blico.

Pedro Espinoza Bravo cumple una decena de condenas en el penal de Punta Peuco, un recinto especial donde se encuentran privados de libertad militares por causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Su primera pena fue en 1995, cuando se le acus¨® junto a Manuel Contreras por el asesinato en Washington, en 1976, del excanciller del derrocado presidente Salvador Allende (1970-1973), Orlando Letelier, luego que la DINA pusiera una bomba en su autom¨®vil.

Espinoza, junto a Iturriaga Neuman, cumplen adem¨¢s condenas por el crimen del general Parts y su esposa.

La condena por el homicidio de Carmelo Soria se produce en la v¨ªspera de la conmemoraci¨®n en Chile, el pr¨®ximo 11 de septiembre, de los 50 a?os del golpe de Estado.

Seg¨²n el Ministerio de Justicia, tras la dictadura de Pinochet en Chile hay a¨²n 1.469 v¨ªctimas de desaparici¨®n forzada. De ellas, 1.092 son detenidas desaparecidas, mientras que otras 377, que fueron ejecutadas, est¨¢n en la misma condici¨®n. Del total de personas, solo 307 han sido identificadas.