James Thyden, el abogado que busca justicia 43 a?os despu¨¦s de su adopci¨®n irregular en Chile

Cuando el marine de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, James Lippert Thyden, se alistaba a servir a la guerra de Afganist¨¢n en 2011, a los 31 a?os, su madre adoptiva, residente en Virginia, le entreg¨® una serie de documentos de su proceso de adopci¨®n. Siempre le dijeron que hab¨ªa nacido en 1980, en Santiago de Chile, y que su madre lo hab¨ªa entregado para que tuviera mejores oportunidades. Thyden hab¨ªa luchado siempre en busca de una identidad. Desde peque?o, cuenta a EL PA?S en la capital chilena, donde aterriz¨® este jueves, que en el colegio lo ve¨ªan ¡°muy moreno para ser blanco y muy blanco para ser latino¡±. Unos a?os de clases de espa?ol le permitieron hurgar entre los papeles que le dieron y encontr¨® una serie de incoherencias: en un p¨¢rrafo dec¨ªa que no ten¨ªa familiares vivos; unas p¨¢ginas m¨¢s all¨¢ que su mam¨¢ biol¨®gica se llamaba Mar¨ªa Ang¨¦lica Gonz¨¢lez y que viv¨ªa en tal direcci¨®n; en otro lado describ¨ªan que hab¨ªa sido abandonado un d¨ªa despu¨¦s de nacer junto a una bolsa de ropa y, en otro, que lo hab¨ªan entregado a los dos a?os.

Al regresar de la guerra, dos a?os despu¨¦s, Thyden ¨Cquien se convirti¨® en abogado penalista en Estados Unidos tras 19 a?os como marine¨C, inici¨® una b¨²squeda que acab¨® en mayo de 2023, cuando le envi¨® un mensaje a Gonz¨¢lez. ¡°Hola mam¨¢, soy tu beb¨¦¡±, acompa?ado de un retrato suyo. A su madre le dijeron en el Hospital del Salvador de Santiago que su hijo, nacido a los ocho meses, deb¨ªa ser puesto en una incubadora producto de la inmadurez de su h¨ªgado. Luego, el personal m¨¦dico le comunic¨® que hab¨ªa fallecido. Cuando la mujer pidi¨® ver el cuerpo, le respondieron que ya se hab¨ªan desecho de ¨¦l, seg¨²n su testimonio. Mar¨ªa Ang¨¦lica Gonz¨¢lez, de 70 a?os, es una de las v¨ªctimas a las que les robaron sus beb¨¦s en un periodo concentrado sobre todo entre 1970 y 1990, aunque hay casos en los a?os 60 y en los 90. Ocurri¨® principalmente durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque las investigaciones revelan que la pra?ctica no est¨¢ relacionada al r¨¦gimen militar y no se remite solo a esa ¨¦poca.

La investigaci¨®n judicial en Chile sobre las adopciones irregulares ocurridas entonces, que acumula m¨¢s de mil de causas, la mayor¨ªa desde Estados Unidos y Suecia, comenz¨® en 2017 y a¨²n no han existido condenas. Cuando Thyden viaj¨® el a?o pasado junto a su familia nuclear para conocer a su madre, 43 a?os despu¨¦s de que los separaran en el Hospital del Salvador, se entrevist¨® para denunciar lo ocurrido con la Polic¨ªa de Investigaciones (PDI) y lleg¨® r¨¢pidamente a una conclusi¨®n: ¡°Nadie est¨¢ haciendo nada por estas mujeres y sus hijos. No habr¨¢ justicia¡±.

Esa noche, de regreso al hotel tras hablar con la PDI, Thyden indag¨® en qu¨¦ tipo de estudios en derechos humanos necesitaba para enfrentar un caso as¨ª. ¡°Yo he aprendido dos cosas: a luchar y la ley. Y tengo toda la energ¨ªa del mundo para echar todo abajo y arreglarlo¡±. Con esa idea se matricul¨® en un programa de derechos humanos internacionales en la American University de Washington. Uno de sus profesores, Claudio Grossman, le recomend¨® para su batalla legal contactar al abogado chileno Ciro Colombara, especialista en casos de derechos humanos que involucran al Estado.

La querella criminal

Colombara, junto a Aldo D¨ªaz y Jennifer Alfaro, adem¨¢s de Grossman, miembro de la Comisi¨®n de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y quien se acaba de sumar el equipo, interpondr¨¢n este lunes una querella criminal por el delito de sustracci¨®n de menores en representaci¨®n de Thyden ¨Choy Thyden Gonz¨¢lez¨C en contra de todos quienes resulten responsables en calidad de autores, c¨®mplices o encubridores. La fecha no es azarosa. Ese mismo d¨ªa el ministro en visita extraordinario de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jaime Balmaceda, quien est¨¢ a cargo de la investigaci¨®n judicial sobre las causas sobre sustracci¨®n de menores y adopciones ilegales, ser¨¢ reemplazado por el ministro Guillermo de la Barra, seg¨²n determin¨® el Pleno de la Corte Suprema a finales de abril. De la Barra ser¨¢ el tercer magistrado que liderar¨¢ estas pesquisas, tras Mario Carroza y Balmaceda. Tambi¨¦n solicitar¨¢n acceder a la investigaci¨®n penal que se ha llevado a cabo.

No es la primera querella, pero Colombara remarca que las anteriores, probablemente, fueron acciones penales dirigidas a situaciones puntuales y que su estrategia judicial es global, sist¨¦mica ¡°y tiene que ver con verdad, reparaci¨®n, no repetici¨®n y, en definitiva, se enfoca en el Estado m¨¢s que en personas espec¨ªficas¡±, apunta en su oficina en el sector oriente de Santiago. ¡°Nos parece que la magnitud del problema, la cantidad de v¨ªctimas y la forma de ocurrencia dan cuenta de una situaci¨®n sist¨¦mica de la cual, en definitiva, es responsable el Estado de Chile, sin perjuicio a las responsabilidades individuales o institucionales que adem¨¢s puedan haber¡±, a?ade.

M¨¢s all¨¢ de que los responsables hayan muerto o, eventualmente, se discuta sobre la prescripci¨®n de los delitos, los querellantes ven necesario que exista una investigaci¨®n penal que establezca la verdad. Tambi¨¦n consideran necesarias las reparaciones, no solo econ¨®micas, sino desde la perspectiva moral y simb¨®lica ¡°porque se le ha causado un da?o a miles de personas, algunas porque sus hijos e hijas fueron quitados y a otros porque se les priv¨® su derecho a la identidad, a la nacionalidad y a ser parte de una familia en la cual nacieron, mediante enga?os y probablemente mediante una suerte de fraude en que hubo beneficios econ¨®micos para muchas personas¡±, describe Colombara. En cuanto a la no repetici¨®n, buscar¨¢n que se conozca la magnitud exacta de v¨ªctimas para que se implementen medidas que impidan que algo as¨ª vuelva a suceder.

La querella que presentar¨¢n el lunes solicita que se oficie al Registro Civil de Chile y al Hospital del Salvador para que remitan todos los antecedentes del caso de Thyden Gonz¨¢lez, entre otras instituciones. Probablemente, adelantan los representantes de la v¨ªctima, realizar¨¢n acciones en nombre de varios otros afectados. Si el Estado no reconoce su responsabilidad, ¡°el camino ser¨¢ la justicia internacional¡±, afirma Colombara. Adelanta, tambi¨¦n, que ser¨¢ un recorrido largo, de varios a?os.

Muchas de las madres enga?adas han contado sus testimonios p¨²blicamente e, incluso, varias de ellas se han reencontrado con sus hijos d¨¦cadas despu¨¦s. Hasta ahora, la justicia chilena no ha inculpado a nadie porque ¡°no se ha dado ninguno de los supuestos legales que permiten disponer una condena¡±, argument¨® el magistrado Balmaceda en una entrevista en marzo con EL PA?S. En la mayor¨ªa de los casos, sostuvo, no ha tenido la convicci¨®n de que ¡°efectivamente¡± se haya estado frente a hechos delictivos. ?No es delito decirle a alguien que su hijo falleci¨® y en realidad no era as¨ª? ¡°No es delito¡±, respondi¨® el ministro. ¡°Puede ser un hecho que es moralmente reprochable, pero yo soy el juez del crimen, tengo que castigar las conductas que son constitutivas de delito¡±, a?adi¨®.

El presidente Gabriel Boric se reuni¨® hace un par de semanas, durante su gira a Europa, con el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, en el pa¨ªs escandinavo, para iniciar un trabajo conjunto en las adopciones irregulares de ni?os chilenos. ¡°Uno de los puntos vinculados a los derechos humanos tiene una expl¨ªcita declaraci¨®n sobre la cooperaci¨®n conjunta del Gobierno sueco y el Estado de Chile para avanzar en compartir la informaci¨®n¡±, sostuvo el ministro de Justicia de Boric, Luis Cordero. En el documento se establece que quienes suscriben, reconocen que se cometieron adopciones irregulares, que tuvieron graves consecuencias en las vidas y los derechos humanos de las v¨ªctimas y sus familias. En especial, en el derecho de identidad. La Administraci¨®n de izquierdas tambi¨¦n est¨¢ trabajando en una mesa intersectorial para coordinar la respuesta estatal a las adopciones forzadas e irregulares.

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