Volver a la inocencia

Desde hace m¨¢s de un mes y medio, el Gobierno del presidente Gabriel Boric se debate desesperadamente en medio de una crisis. Y se entiende: a mediados de octubre, el subsecretario del interior y hombre fuerte de la seguridad p¨²blica, Manuel Monsalve, renunci¨® a su cargo debido a una denuncia por violaci¨®n por parte de una de sus subordinadas. Un esc¨¢ndalo de proporciones y con todas sus letras, como suele ocurrir en este tipo de casos que involucran a autoridades de alto rango (pensemos solamente en el bullado caso del presidenciable Dominique Strauss-Kahn en Nueva York, en mayo de 2011, cuyo involucramiento en una posible violaci¨®n le cost¨® su carrera pol¨ªtica).

No es interesante detenerse en la cronolog¨ªa de los hechos escabrosos que han marcado el caso Monsalve. Tampoco ense?a mucho (salvo para las escuelas de periodismo y las agencias especializadas en gesti¨®n de crisis) enumerar la larga lista de errores de comunicaci¨®n pol¨ªtica en la que incurrieron desde el presidente Boric hasta varios de sus ministros. En este esc¨¢ndalo hay una hebra que es muy importante tomar en serio, ya que est¨¢ contribuyendo a alimentar a los actores m¨¢s interesados por desatar una guerra cultural contra el progresismo en general, y el mundo woke en particular: llamar¨¦ a esta hebra el ¡°principio de creencia previa¡±.

Lo que este esc¨¢ndalo consagr¨® -a lo menos por un tiempo- fue el imperativo de creer a cualquier precio la denuncia de una mujer cuando lo que est¨¢ siendo denunciado es una violaci¨®n. Las razones sobraban, al operar como residuos (la expresi¨®n proviene de la literatura sobre movimientos sociales) de la exitosa movilizaci¨®n feminista en Chile de 2018. Esa movilizaci¨®n fue tan potente que fue en este pa¨ªs del mundo en donde se invent¨® un repertorio de acci¨®n colectiva ¨C¡±El violador eres t¨²¡±, promovido por el colectivo de Las Tesis. De all¨ª proviene esa ola de reformas de protocolos de conducta en empresas, gobiernos y universidades para impedir que la dominaci¨®n masculina se traduzca en violencia sexual y patriarcal.

Es entonces en este contexto que cabe entender el caso Monsalve.

Pues bien, hace un pu?ado de d¨ªas, el abogado del presidente Gabriel Boric hizo p¨²blica la denuncia de una mujer por una forma de abuso en la que habr¨ªa incurrido el mandatario hace 10 a?os atr¨¢s. R¨¢pidamente, el caso adopt¨® visos de esc¨¢ndalo por las formas legales que fueron utilizadas: lo relevante y sorprendente es que, en un pu?ado de d¨ªas, se produjo un convencimiento colectivo de que la denuncia carec¨ªa de fundamentos.

Era el inicio del fin de una muletilla: ¡°amiga, yo te creo¡±.

Por si fuera poco, por estos d¨ªas se supo que un destacado jurista, Carlos Carmona (quien fue director jur¨ªdico del ministerio Secretar¨ªa General de la Presidencia en los 90, miembro del Tribunal Constitucional y un destacado profesor de derecho de la Universidad de Chile), fue contratado por ese ministerio como consultor externo para elaborar un informe en derecho. Las reacciones no se hicieron esperar: la asociaci¨®n de funcionarios de la cartera y una diputada (Emilia Schneider) cuya ¨²nica especialidad es la denuncia de este tipo de situaciones hicieron ver (y sentir) el malestar que esta contrataci¨®n produc¨ªa en algunos sectores del oficialismo.

Todos estos casos plantean varias preguntas y no pocas lecciones.

En primer lugar, el movimiento feminista fue muy exitoso en instalar, tanto en la conversaci¨®n social como en el campo legal, la importancia de que la justicia tome conciencia de los prejuicios que operan al momento de emitir fallos: es en este sentido que hay que entender y tomar muy en serio los dichos de la diputada frenteamplista Lorena Fries (¡°La justicia sin perspectiva de g¨¦nero no es justicia¡±). En este punto, la diputada tiene toda la raz¨®n, y bien podr¨ªa quedarse corta en su argumentaci¨®n, ya que conocemos -desde los art¨ªculos seminales de Kimberle W. Crenshaw de 1989 y 1991- c¨®mo los jueces pueden impartir justicia de modo sesgado, ignorando la intersecci¨®n de dos o m¨¢s principios de dominaci¨®n que hacen, por ejemplo de una violaci¨®n una experiencia ¨²nica e intolerable para una mujer que, adem¨¢s es negra.

En segundo lugar, y sin contradicci¨®n, hemos tenido que atravesar por todo este tipo de situaciones no solo para que la experiencia de las mujeres violentadas por delitos sexuales sea tomada en cuenta, sino tambi¨¦n para volver al principio de la presunci¨®n de inocencia. Definitivamente, no es llegar y aceptar una denuncia como si fuese la verdad: es posible que lo sea, pero hay que demostrarlo.

En tercer lugar, personas que fueron sancionadas por acoso o abuso sexual, ?tienen el derecho de redimirse? Si el castigo fue administrativo o legal y se cumpli¨®, ?hasta qu¨¦ punto es aceptable que la sanci¨®n se prolongue como sanci¨®n pol¨ªtica, que es precisamente lo que busca la diputada Schneider?

Me parece que en estas materias hay l¨ªmites que no se pueden sobrepasar¡­ a menos de abogar por formas de muerte en vida.