El s¨ªndrome Torres Quevedo

La Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid esconde un tesoro poco conocido: la colecci¨®n de m¨¢quinas dise?adas a principios del siglo XX por Leonardo Torres Quevedo, uno de nuestros mayores tecn¨®logos de todos los tiempos. Los prototipos, que incluyen aut¨®matas, m¨¢quinas de c¨¢lculo y un precursor del control remoto, son un reflejo de la intensa actividad inventora y de la proyecci¨®n internacional del ingeniero c¨¢ntabro. Pero nos recuerdan tambi¨¦n que, en los a?os en que IBM o Philips eran startups, nadie intent¨® fundar en Espa?a un gigante empresarial semejante que explotara su potencial econ¨®mico.

La figura de Torres Quevedo invita a pensar sobre las propuestas que, en materia de transferencia de conocimiento, contempla la reforma de la Ley de la Ciencia del Gobierno, que aprueba esta semana el Consejo de Ministros. Hablamos de un terreno plagado de t¨®picos y mitos en el que la misma palabra transferencia, que sugiere una falsa unidireccionalidad ciencia-empresa, parece atraparnos en un debate sin fin en el que llevamos d¨¦cadas estancados. Pero nada m¨¢s lejos de la realidad: la creciente actividad emprendedora de nuestros acad¨¦micos y la din¨¢mica de inversi¨®n privada en startups ¡ªtanto en el sector TIC como en biotecnolog¨ªa ¡ª dibujan un panorama muy diferente al de hace unos a?os.

El reto de Espa?a en materia de transferencia siempre ha sido triple: cultural, de profesionalizaci¨®n y de incentivos. El terreno cultural es quiz¨¢s en el que m¨¢s hemos avanzado. Las nuevas generaciones de cient¨ªficos asumen la colaboraci¨®n con empresas y la vocaci¨®n emprendedora con naturalidad, como otra forma de generar un retorno positivo a la sociedad. Hemos normalizado lo que hace dos d¨¦cadas era excepcional, aunque a veces nos enzarcemos en una falsa pol¨¦mica que opone la transferencia a la excelencia. Todo un logro colectivo al que ha contribuido, de forma importante, la Ley de la Ciencia, la Tecnolog¨ªa y la Innovaci¨®n del a?o 2011.

El terreno de la profesionalizaci¨®n es m¨¢s complejo. Se han generalizado las oficinas de transferencia y las unidades de apoyo al emprendimiento, pero su capacidad para funcionar con los mejores est¨¢ndares internacionales es limitada. Lo es en t¨¦rminos organizativos, donde lo deseable es operar en derecho privado, orientarse a negocio y contar con fondos propios de prueba de concepto para valorizar resultados. Y lo es en dotaci¨®n de profesionales con experiencia empresarial en gesti¨®n de la propiedad intelectual y fondos de capital especializados. Las dificultades en t¨¦rminos de carrera investigadora, que merecidamente centran el debate de esta reforma, tienen su correlato en los t¨¦cnicos de transferencia, donde la capacidad de atraer y retener a los mejores es escasa en nuestras universidades y centros de investigaci¨®n.

La ley aporta algunas medidas en este sentido. En t¨¦rminos de personal, se permite que los t¨¦cnicos se acojan al nuevo contrato indefinido y se activa la carrera para el personal t¨¦cnico de los OPI estatales. Pero cabe preguntarse si con dichos contratos podremos incorporar a profesionales cualificados, cuyo salario de mercado es alto, y c¨®mo avanzar con el resto de agentes del sistema.

El anteproyecto es tambi¨¦n rico en propuestas para la gesti¨®n de activos, procesos de co-inversi¨®n y reparto de los beneficios de explotaci¨®n de resultados de investigaci¨®n, construyendo sobre la senda abierta en la Ley del 2011. Especialmente relevante es la posibilidad de constituir entidades dependientes, incluidas sociedades mercantiles, para gestionar los procesos de transferencia. La reforma abre aqu¨ª un camino, muy complejo hasta ahora en Espa?a, para que nuestros organismos de investigaci¨®n creen entidades comercializadoras privadas como sus pares de Alemania, Reino Unido o los pa¨ªses n¨®rdicos. Es un gran avance que merece ser destacado y que podr¨ªa ofrecer tambi¨¦n soluciones al fichaje de profesionales. Pero se podr¨ªa ir m¨¢s all¨¢, permitiendo que estas sociedades mutualicen servicios para varias entidades o habilitando la creaci¨®n de sociedades mercantiles de prop¨®sito espec¨ªfico, con capital p¨²blico-privado, para la explotaci¨®n de resultados especialmente prometedores, de largo recorrido y alto inter¨¦s p¨²blico.

Por ¨²ltimo, tenemos los incentivos. No basta contar con buena predisposici¨®n ni con organizaciones eficientes: es preciso incentivar los procesos de valorizaci¨®n y transferencia. Un buen ejemplo es el programa de pruebas de concepto lanzado en 2021, que podr¨ªa tener eco en otras administraciones. Pero el verdadero incentivo, que corresponde al desarrollo reglamentario de la Ley, es tambi¨¦n de carrera profesional. Consolidar la transferencia exige incorporarla de una vez, y a efectos pr¨¢cticos, como m¨¦rito en la carrera acad¨¦mica. Y por ello es cr¨ªtico acertar con los mecanismos de valoraci¨®n de estas actividades en el acceso a las posiciones estables en el sistema, como lo es en la consolidaci¨®n del sexenio de transferencia.

Torres Quevedo da nombre al premio nacional de investigaci¨®n en el ¨¢rea de Ingenier¨ªas y a un oportuno programa de apoyo a la incorporaci¨®n de doctores en empresas. Pero su legado es tambi¨¦n una invitaci¨®n a superar un s¨ªndrome que aqueja a nuestro sistema de I+D: la incapacidad de convertir en riqueza todo nuestro potencial investigador. Que la reforma de la Ley abra nuevos caminos para ello ser¨ªa, un siglo despu¨¦s, el mejor homenaje a este ilustre inventor.

Diego Mo?ux Ch¨¦rcoles es socio director y fundador de Science & Innovation Link Office

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