Catalu?a crea una instituci¨®n pionera en Espa?a para proteger la costa frente a la especulaci¨®n
El futuro Conservatorio del Litoral, que toma el ejemplo de Francia, comprar¨¢ terrenos para salvarlos de la urbanizaci¨®n. Ni el Estado ni otras comunidades planean organismos similares
El urbanismo salvaje y depredador del territorio ha destrozado paisajes, bosques y hasta entornos protegidos en Espa?a, pero se ha cebado especialmente con las costas. El ejemplo m¨¢s sangrante es El Algarrobico, un hotel ilegal edificado junto al mar en Almer¨ªa que lleva m¨¢s de 16 a?os sin ser demolido, pero otros edificios similares ocupan playas y acantilados por todo el pa¨ªs. Tan solo los ecologistas han levantado su voz contra este expolio. Espoleada por el impulso de varias ONG, Catalu?a est¨¢ creando una instituci¨®n pionera para proteger sus costas frente a la especulaci¨®n: el Conservatorio del Litoral, un ente que imita ¡ªhasta en el nombre¡ª al organismo estatal puntero que funciona en Francia desde 1975, donde ha comprado ya el 13% del litoral para preservarlo de la urbanizaci¨®n. Aunque el Conservatorio puede tardar unos meses en ponerse en marcha, tendr¨¢ presupuesto para empezar su labor en 2023. Ni el Estado ni otras comunidades costeras planean organismos similares; aunque Parques Nacionales y los ministerios con competencias de medio ambiente han hecho compras puntuales de terrenos, nunca de forma sistem¨¢tica y casi nunca en la costa.
¡°En Espa?a no disponemos de una figura semejante, porque esa capacidad de adquirir terrenos y fincas costeras para a?adirlas a Dominio P¨²blico Mar¨ªtimo Terrestre (DPMT) la tiene y la ejerce la Direcci¨®n General de Costas¡±, dice un portavoz del Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica. Ese dominio es la franja de tierra m¨¢s cercana al mar, los primeros 100 metros, aunque pueden ser m¨¢s si hay marismas u otros elementos. La legislaci¨®n espa?ola ¡°tiene un car¨¢cter garantista y no se puede construir en esa zona¡±, dice el ministerio; las construcciones existentes en esa ¨¢rea son anteriores a la ley de costas de 1988. A partir de esa franja no hay, en general, ninguna limitaci¨®n, y es precisamente de esos suelos de los que se ocupar¨¢ el Conservatorio catal¨¢n. El Estado, por ahora, no lo contempla.
¡°Una vez m¨¢s, el camino de la cultura y del respeto al patrimonio y a la arquitectura llega desde Catalu?a¡±, se?ala Andr¨¦s Rubio, autor del reciente Espa?a fea (Debate), un crudo ensayo que denuncia el caos urbano del pa¨ªs. ¡°Lo verdaderamente decepcionante es que no sea el Estado el que est¨¦ creando el Conservatorio del Litoral en Espa?a, de acuerdo con las comunidades aut¨®nomas costeras, lo que demuestra una vez m¨¢s la incultura de los dirigentes pol¨ªticos espa?oles en lo que se refiere a la conservaci¨®n del territorio¡±, se queja.
¡°El Conservatoire du Littoral se cre¨® en 1975 para contribuir a la preservaci¨®n de las costas francesas frente a la especulaci¨®n inmobiliaria¡±, explica Arnault Graves, delegado de riberas Mancha-Mar del Norte de la instituci¨®n francesa. ¡°Desde entonces, hemos adquirido unas 200.000 hect¨¢reas, m¨¢s del 13% del litoral franc¨¦s, aunque en algunas regiones la cifra se acerca al 30%¡±, contin¨²a. El organismo aut¨®nomo, dependiente del Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica del pa¨ªs vecino, intenta conservar espacios de gran valor patrimonial colindantes al dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre, preservar el capital natural y el bienestar social de esas zonas, y proteger esos entornos fr¨¢giles de los fen¨®menos clim¨¢ticos extremos impulsados por el cambio clim¨¢tico. Buscan terrenos de alto valor natural y tratan de que no sucumban a las excavadoras.
Purificaci¨® Canals, ¨²nica espa?ola miembro del comit¨¦ cient¨ªfico del Conservatoire, destaca que la protecci¨®n del paisaje es pol¨ªtica de Estado en Francia. ¡°Quien promovi¨® este organismo no fueron los ecologistas, sino el presidente Giscard d¡¯Estaing y su primer ministro Jacques Chirac, poco sospechosos de ecologistas radicales¡±. En ese comit¨¦ hay bi¨®logos (como Canals), soci¨®logos, abogados, fil¨®sofos¡ Cuando el organismo compra un terreno, los 15 miembros del comit¨¦ se encargan de reunirse con ganaderos, agricultores, alcaldes, ecologistas¡ ¡°Visitamos el espacio, estudiamos sus caracter¨ªsticas, y al final hacemos un dictamen para sugerir c¨®mo recuperar el lugar, teniendo en cuenta aspectos ecol¨®gicos, pero tambi¨¦n sociales¡±, se?ala Canals.
Esa recuperaci¨®n puede hacerse de varias maneras. ¡°Si la zona ten¨ªa actividad agr¨ªcola o ganadera, se mantiene, pero con criterios ecol¨®gicos. Los ecosistemas degradados se restauran y se devuelven a su estado natural. Y en muchos casos se habilitan los accesos para que la gente pueda disfrutar de esos espacios de forma adecuada¡±, contin¨²a la bi¨®loga. Su presupuesto anual son 50 millones de euros, y tambi¨¦n reciben donaciones. 180 agentes se encargan de gestionar estos lugares, mientras que 900 guardas de litoral los vigilan para mantenerlos en buen estado. Esto se convierte en una riqueza para el pa¨ªs: seg¨²n los datos del Conservatoire, estos lugares reciben unos 40 millones de visitantes al a?o.
?Y por qu¨¦ no en Espa?a?
El ejemplo franc¨¦s ha impregnado la cercana costa de Girona. ¡°Cruzas la frontera y ves que Banyuls-sur-Mer tiene todo su litoral protegido. ?Por qu¨¦ no podemos tener aqu¨ª lo mismo?¡±, se queja amargamente el abogado Eduard de Ribot. ¡°En 2018, varias organizaciones ecologistas analizamos los planeamientos en 22 municipios de la Costa Brava y vimos que se pod¨ªan construir 250 urbanizaciones en primera l¨ªnea de mar, en espacios forestales, en playas¡ Por eso creamos Sos Costa Brava¡±, se?ala. Pone como sangrante ejemplo la urbanizaci¨®nSJardins de Sa Riera Living en la costa de Begur (Girona), construida sobre tres hect¨¢reas de pinares mediterr¨¢neos y donde protestaron el pasado 30 de julio. La entidad llev¨® sus reivindicaciones a la Generalitat de Catalu?a, que en 2020 aprob¨® una ley de protecci¨®n de litoral y se comprometi¨® a impulsar moratorias a la construcci¨®n de viviendas en este entorno y a poner en marcha un Conservatorio del Litoral antes de un a?o.
Ferran Miralles, responsable de proyectos de la Direcci¨®n de Pol¨ªticas de Monta?a y del Litoral de la Generalitat, explica que ha sido imposible cumplir ese plazo por los tr¨¢mites administrativos, que todav¨ªa se pueden demorar unos meses, pero adelanta a EL PA?S que su departamento gestionar¨¢ un presupuesto de al menos dos millones de euros en 2023 para empezar a adquirir suelo en este periodo transitorio. ¡°Esa cantidad se va a poner incluso si se prorrogan los Presupuestos. Cuando se inicia un proyecto de este tipo hay que definir una estrategia, ver los mercados, desarrollar proyectos¡ Y todo va lento al principio. Es sensato arrancar con esta cantidad y luego irla incrementando¡±. SOS Costa Brava cree que es poco: ¡°En proporci¨®n deber¨ªamos dedicar 4,5 millones, pero nosotros proponemos usar la mitad de lo recaudado por la tasa tur¨ªstica en el litoral, que son unos 11 millones¡±, dice Irene Gisbert, su portavoz.
El Gobierno catal¨¢n ha arrancado una consulta p¨²blica para decidir qu¨¦ forma jur¨ªdica tendr¨¢ su Conservatorio: una instituci¨®n aut¨®noma ¡ªal estilo franc¨¦s¡ª, un consorcio con otras administraciones, o asignar estas funciones al Instituto Catal¨¢n del Suelo o a la Agencia de la Naturaleza de Catalu?a, creada en 2020. ¡°Exigimos que sea un organismo aut¨®nomo y que no se diluya en otras agencias, el litoral es la zona m¨¢s poblada, m¨¢s fr¨¢gil y m¨¢s sometida a la presi¨®n de la especulaci¨®n¡±, critica la ecologista Gisbert. Miralles, de la Generalitat, contrapone: ¡°Hay maneras de dedicar un presupuesto espec¨ªfico y auditable para este fin sin crear nuevas estructuras. Hay que encontrar un punto de equilibro entre la ambici¨®n y la eficiencia de los recursos p¨²blicos¡±. La consulta terminar¨¢ en octubre y despu¨¦s la Generalitat decidir¨¢ este aspecto.
Sea cual sea su forma, habr¨¢ un Conservatorio del Litoral en Catalu?a. Ser¨¢, cree Andr¨¦s Rubio, un ¡°primer paso¡± frente al caos urbano espa?ol. ¡°El patriotismo bien entendido pasa por el paisaje, pero en Espa?a hay una conspiraci¨®n contra ¨¦l. Aqu¨ª a los patriotas solo les interesa lo inmaterial ¨Dlas banderas¡ª, pero lo material lo exprimen para extraer el m¨¢ximo beneficio. El sistema que se ha aplicado, desregulado y favorecedor de la corrupci¨®n, sigue el modelo estadounidense, cuando se debiera haber seguido el m¨¢s cercano ejemplo franc¨¦s, que considera la defensa del territorio como un factor patri¨®tico y de identidad nacional¡±, denuncia. Pide que se cree una figura estatal similar, algo que tambi¨¦n comparten los ecologistas.
El departamento de Teresa Ribera destaca que ¡°se han adquirido en el pasado y se siguen adquiriendo en el presente fincas costeras para su incorporaci¨®n al dominio p¨²blico cuando se estima conveniente para la protecci¨®n de ciertos enclaves¡±, sin especificar cu¨¢les ni por qu¨¦ cantidades. Purificaci¨® Canals confirma que se han comprado terrenos en momentos muy puntuales tanto con gobiernos del PP como del PSOE, sobre todo desde el organismo aut¨®nomo Parques Nacionales. ¡°El Estado se ha hecho con fincas, pero no de forma sistem¨¢tica, y adem¨¢s ni se ha hecho nada con ellas ni las han abierto al p¨²blico. Por eso hace falta un Conservatorio del Litoral espa?ol, para dar continuidad a estas pol¨ªticas de compras y de gesti¨®n¡±.
Tampoco las comunidades costeras tienen planes de copiar este organismo. La Comunidad Valenciana y Baleares responden que no tienen competencias en costas y que ya tienen amplios espacios protegidos en el litoral. Sin embargo, Catalu?a tan solo tiene una m¨ªnimas competencias sobre la gesti¨®n de autorizaciones del dominio p¨²blico y, en cualquier caso, la franja sobre la que hay que actuar es mucho m¨¢s amplia. ¡°En Baleares casi todos los espacios naturales protegidos surgieron para evitar las grandes construcciones que se proyectaban ah¨ª¡±, dice una portavoz del Ejecutivo isle?o. Mientras, Murcia no considera necesaria esta figura, pese a ser la comunidad con m¨¢s casos de corrupci¨®n de Espa?a ¡ªseg¨²n el repositorio de casos del CGPJ y un estudio de la Universidad de La Laguna¡ª, en su mayor¨ªa vinculados al urbanismo depredador del litoral. Andaluc¨ªa, Galicia y Canarias no han respondido a las preguntas de este diario.
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