Resultados de la pol¨ªtica de precios agr¨ªcolas

La situaci¨®n conflictiva que enfrenta a las azucareras y a los cultivadores de remolacha muestra, una vez m¨¢s, las limitaciones de una pol¨ªtica de precios agr¨ªcolas tal como la que se est¨¢ siguiendo en Espa?a en los ¨²ltimos a?os. El caso de la remolacha es uno de los m¨¢s significativos.

En el a?o 1974 el precio percibido por el agricultor fue de 1.500 pesetasl tonelada, que era pr¨¢cticamente el mismo que el vigente en 1969, aun cuando en el intervalo las alzas de costes, y especialmente, de los salarios en el campo, hab¨ªan experimentado elevaciones fort¨ªsimas. El salario del obrero eventual, que realiza una gran parte de las labores agr¨ªcolas de remolacha, aument¨® en un 150% en estos cinco a?os de inflaci¨®n. Causa directa de lo anterior fue que la superficie total sembrada descendi¨® un 25%, pasando de 200.000 hect¨¢reas de promedio en el quinquenio 1969-1973 a 142.000 hect¨¢reas en 1974. Las consecuencias de esta pol¨ªtica son bien conocidas: en el bienio 1974-1975 se importaron 790.000 toneladas de az¨²car, equivalente a la producci¨®n de una cosecha anual media. Anteriormente la importaci¨®n era, en promedio, unas 150.000 toneladas por a?o.

Ante esta situaci¨®n, en 1974, se emplea a fondo el mecanismo de los precios (aun cuando, con anterioridad, los medios oficiales agr¨ªcolas hab¨ªan afirmado que el problema de la remolacha se deb¨ªa a la escasez de tierras adecuadas y no a los precios). Entre 1974 y 1976 los precios de la remolacha se duplican y pasan a ser 3.000 pesetas/tonelada frente a 1.500 pesetas/tonelada en el quinquenio anterior. A partir de este momento se rescatan las tierras que se hab¨ªan pasado a otros cultivos y, de nuevo, la producci¨®n alcanza los seis millones de toneladas de ra¨ªz en 1975, equivalente a 800-900.000 toneladas en az¨²car.

Campa?a actual

En la conflictiva campa?a actual, bajo las condiciones de los todav¨ªa relativamente altos precios de la remolacha y de la dependencia de este cultivo en algunas zonas, es probable que los agricultores se hayan ?pasado? de las cantidades precontratadas; cae dentro de lo posible que el excedente sea debido a una mayor superficie sembrada, por una parte, y al excepcional rendimiento por hect¨¢rea, dadas las favorables condiciones climatol¨®gicas de la primavera y verano del a?o en curso.El cultivo de la remolacha no se puede hacer por ?libre?. Antes de efectuar la siembra se firman compulsivamente contratos entre cultivador y la f¨¢brica de az¨²car, donde se pacta el tonelaje, estimado de cosecha, cuant¨ªa que es de recibo obligatorio por la f¨¢brica. En la cuenca del Duero se ha presentado una cosecha excepcional y las f¨¢bricas, al parecer, aceptan al precio de garant¨ªa ¨²nicamente los tonelajes previstos en los contratos de campa?a. El excedente se pagar¨ªa a un precio m¨¢s bajo, ya que el compromiso de las azucareras con el Ministerio de Agricultura para mantener stocks no alcanzaba una cuant¨ªa significativa del exceso de cosecha de la campa?a actual.

As¨ª las cosas, el Ministerio de Agricultura se inhibe, puesto que se trata de un acuerdo ?interprofesional? (director general de la Producci¨®n Agraria), y anuncia que s¨®lo intervendr¨¢ como ¨¢rbitro entre las partes interesadas. Las azucareras afirman que se hacen cargo del excedente sin condiciones de precio o con determinados descuentos.

Naturalmente, con o sin raz¨®n, el agricultor va a llevar la peor parte y no es razonable. Porque dej¨® de cultivar cuando el precio que le se?alaba Agricultura era econ¨®micamente insostenible, y, despu¨¦s, cuando se lo duplica, no se le puede exigir que produzca exactamente las 950.000 toneladas acordadas entre el Ministerio de Agricultura y los fabricantes de az¨²car. Los precios se deb¨ªan haber manejado con mayor suavidad, pues los excedentes que ahora se producen son el resultado del error que entonces se cometi¨®.

El canon de las azucareras

En cuanto a las f¨¢bricas de molturaci¨®n de remolacha, existen razones para pensar que, en la situaci¨®n presente deber¨ªan tratar mejor a los agricultores. Casi por razones estrictamente econ¨®micas, pues es sabido que el cultivador paga a la f¨¢brica por ?canon de descarga mec¨¢nica? y por ?canon de utilizaci¨®n de equipos?, diecis¨¦is pesetas/tonelada, es decir, por bascular el veh¨ªculo y por comprobar el contenido en sacarosa de la remolacha. Estos tendr¨ªan que ser servicios obligatorios de la f¨¢brica; si en Espa?a se cosecharon seis millones de toneladas en 1975 y ser¨¢n ocho millones en 1976, solamente por estos dos conceptos percibir¨¢n la media docena de azucareras importantes 96 y 128 millones de pesetas en cada uno de estos dos a?os. Sin duda, la suma acumulada por estos conceptos puede ayudarles a financiar el excedente de az¨²car; como tambi¨¦n puede hacerlo con el beneficio obtenido en la venta de la semilla que obligatoriamente tienen que adquirir los cultivadores de las f¨¢bricas.Pero vayamos al fondo del problema. ?Hasta qu¨¦ punto se puede continuar con una pol¨ªtica de precios sin definir simult¨¢neamente los niveles de stocks interanuales que deben regular los mercados agr¨ªcolas? Sin duda en el pasado se pudo hacer, entre otras razones, porque el stock de materias primas agrarias estaba en otros pa¨ªses a muy bajos precios y, exist¨ªa, adem¨¢s, la necesidad de aliviar el exceso demogr¨¢fico de la agricultura espa?ola. Pero los dos supuestos b¨¢sicos entonces existentes -las posibilidades de financiaci¨®n de nuestro d¨¦ficit exterior y una emigraci¨®n de poblaci¨®n agr¨ªcola que en remesas de divisas hac¨ªa frente a las importaciones- no parece que se van a dar en los pr¨®ximos a?os.

Naturalmente, para llevar adelante una pol¨ªtica de stocks de productos agr¨ªcolas b¨¢sicos se tiene que definir de una manera muy distinta la actuaci¨®n p¨²blica y privada en la regulaci¨®n de los distintos mercados.

En cuanto al sector remolachero, surge, adem¨¢s, otra pregunta: ?Con qu¨¦ posibilidades de ¨¦xito cuenta una pol¨ªtica remolachera acordada entre el Ministerio de Agricultura y las f¨¢bricas azucareras sin la intervenci¨®n de los cultivadores? Realmente, y como se ha visto, son escasas, puesto que los remolacheros han acusado a su representaci¨®n sindical de falta de protecci¨®n de sus intereses. Si el acuerdo se hubiese hecho con los cultivadores, ¨¦stos tendr¨ªan que haber aceptado una negociaci¨®n sobre los excedentes. La ense?anza es clara. Los agricultores deben crear urgentemente sus propias organizaciones profesionales para dar un m¨ªnimo de coherencia y continuidad a la pol¨ªtica agraria, porque, de otra forma, estar¨¢n, como est¨¢n, sometidos a los intereses de la industria o comercializaci¨®n de sus productos, por una parte, y a la fluctuante pol¨ªtica del Gobierno, por otra.